Traficaba drogas, se dedicaba al lavado de dinero y fue condenado a cinco años de prisión
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario dictó una condena de cinco años y seis meses de prisión para Marcelo Matías Álvarez, de 41 años, tras comprobar que lideraba maniobras de comercialización de drogas y blanqueo de fondos de origen ilícito, utilizando su propio domicilio como base de operaciones. El fallo sienta un precedente en la persecución penal de delitos complejos con ramificaciones patrimoniales en la región.
La sentencia fue resultado de un juicio abreviado en el que Álvarez admitió su responsabilidad penal, según informó el porta de los fiscales.
El acuerdo entre el fiscal federal Claudio Kishimoto, la auxiliar fiscal Magdalena Borgonovo y la defensa fue homologado por el juez Ricardo Moisés Vásquez, quien intervino de manera unipersonal.
Como parte de la condena, el tribunal ordenó el decomiso de dos terrenos y cinco vehículos, una multa superior a los 30 millones de pesos, la inhabilitación absoluta durante la sentencia y el pago de todas las costas.
La investigación, que integró tareas del Área de Transición de la Unidad Fiscal Rosario y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), permitió consolidar pruebas sobre la operatoria delictiva, inicialmente detectada por el Ministerio Público bonaerense. Para el Ministerio Público Fiscal, el caso representa un avance en la articulación de investigaciones patrimoniales y penales, así como en el recupero de bienes vinculados al crimen organizado.
Uno de los ejes del proceso fue la acreditación de maniobras de lavado de activos por cifras cercanas a 30.000 dólares y 11.036.400 pesos. Entre junio de 2021 y septiembre de 2023, Álvarez canalizó fondos provenientes del tráfico de estupefacientes al circuito económico formal, adquiriendo bienes muebles e inmuebles para ocultar el origen ilícito.
Entre las operaciones detectadas figura la compra de dos lotes en el barrio La Guarida, de Pergamino, formalizada el 18 de junio de 2022 por 20.000 dólares. El pago se realizó en parte con efectivo y el resto mediante 20 pagarés, documentación que fue incautada en el domicilio del acusado.
Además, sumó a su patrimonio vehículos como un Fiat Fiorino Fire, dos Renault Kangoo, una motocicleta Honda Biz 125 cc y un Chevrolet Corsa Classic registrado a nombre de su pareja, sin cumplir con las transferencias legales requeridas. También adquirió un plan de ahorro automotor por 750.000 pesos.
El tribunal remarcó que Álvarez no pudo justificar ingresos lícitos ni capacidad económica suficiente para sostener este nivel de adquisiciones. La estructura de sus movimientos financieros fue clave en la calificación de lavado de activos, al buscar insertar el dinero en canales formales y dar apariencia de legalidad a las ganancias.
La investigación se inició tras tareas de inteligencia sobre infracciones a la Ley N°23.737 de estupefacientes. El 14 de septiembre de 2023, la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Buenos Aires allanó una vivienda en la calle Francia al 2000, Pergamino. Álvarez fue interceptado cuando circulaba el Fiat Fiorino, y en la requisa se hallaron 309 gramos de cocaína y 517 gramos de marihuana, fraccionados en bloques y envoltorios listos para la venta.
Durante el procedimiento policial, se incautaron también cuatro balanzas de precisión, elementos para fraccionar droga, anotaciones, 30 tarjetas de débito de terceros, documentación vehicular, pagarés, un cheque por 100.000 pesos y 37.980 pesos en efectivo. El hallazgo de cinco armas de fuego y municiones elevó la gravedad del cuadro probatorio: dos pistolas Bersa estaban registradas a nombre de Álvarez, pero poseía de manera ilegítima un revólver calibre .38, otro calibre .22 y una carabina .22 con pedido de secuestro por robo en febrero de 2020.
La documentación secuestrada vinculada a autos y terrenos permitió ahondar la pesquisa patrimonial, lo que derivó en la imputación por encubrimiento agravado y la extensión del proceso a las maniobras de lavado.
El tribunal valoró la prueba indicando que la finalidad de comercialización de los estupefacientes quedó acreditada por múltiples indicios objetivos: cantidad y modalidad de la droga, elementos de fraccionamiento y documentación.
Para garantizar el cumplimiento de la multa de $30.572.800, se dispuso afectar un Peugeot Partner y una Honda XR 250 tasados en $919.000 como pago parcial; el saldo restante se sustituirá por 55 días adicionales de prisión efectiva.
Infobae
