Una funcionaria judicial en La Plata fue procesada en el marco de una investigación por presunta estafa, lavado de activos y asociación ilícita. Según trascendió, la sospechosa está acusada de liderar una estructura de defraudación mediante el uso de cuentas virtuales y datos apropiados.

Luego de que fuera arrestada esta semana, una integrante del Patronato de Liberados, identificada como A. M., fue procesada por la fiscal Betina Lacki. Este viernes había sido citada a declarar, pero la acusada se negó a responder las preguntas. Ahora, la investigadora cuenta con un plazo de quince días, prorrogable por otro igual, para resolver si solicita la prisión preventiva de la detenida.

La causa investiga el destino de aproximadamente $27.000 millones movilizados en el término de un año. De acuerdo con las sospechas de los investigadores, se cree que la organización que habría liderado la acusada habría utilizado datos personales de personas vulnerables y cuentas en billeteras virtuales para ocultar el origen de fondos.

Según la información publicada por el medio platense 0221, la investigación tuvo un avance clave el 16 de abril de 2026, cuando la fiscal Lacki ordenó múltiples allanamientos a partir de una base probatoria reunida durante meses de análisis técnico. La hipótesis principal describe una operatoria conocida como “smurfing” o “pitufeo”, que consiste en fraccionar grandes sumas en múltiples operaciones menores para eludir controles financieros.

Todo apuntaría a que los integrantes de la organización captaban a personas en situación de vulnerabilidad ofreciéndoles $80.000 a cambio de sus datos personales y biométricos, con los cuales abrían cuentas en billeteras virtuales.

Una vez que las víctimas eran captadas, se las citaba en un bar ubicado en la zona de 7 y 56, en el corazón de La Plata, con la intención de que los operadores les tomaran fotografías, escanearan sus rostros y abrieran las cuentas digitales.

A partir de este acuerdo, estas cuentas pasaban a funcionar como “mulas” para recibir y transferir dinero de origen desconocido. Posteriormente, los fondos eran derivados a un casino online ilegal, donde se transformaban en supuestas ganancias de juego, dificultando así el seguimiento del dinero.

Actualmente, las autoridades se enfocaron en determinar el origen de los fondos y el papel que desempeñó cada involucrado en la estructura. No obstante, sobre la funcionaria imputada se cree que habría utilizado su posición para acceder a personas bajo supervisión judicial o en contextos de vulnerabilidad social.

Por este motivo, en el expediente judicial, A. M. fue señalada como la presunta responsable de cumplir tareas de captación dentro de la organización. De encontrarse pruebas al respecto, esto podría traducirse en un cargo extra por abuso de función pública. En simultáneo, la Justicia continúa investigando a otros posibles implicados.

Imputaron al ex intendente de La Plata Julio Garro en una causa por loteos ilegales

El ex intendente de La Plata, Julio César Garro, fue imputado en el ámbito de la justicia bonaerense por presuntas irregularidades durante su administración, en una causa que investiga loteos ilegales para barrios privados. La acusación abarca enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Además, se analiza una posible afectación ambiental de impacto colectivo.

La diligencia judicial se realizó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 del Departamento Judicial de La Plata, bajo la dirección del fiscal Juan Ignacio Mennucci y la intervención de la jueza de garantías Marcela Garmendia. Garro, quien fue intendente entre 2015 y 2023 por Juntos por el Cambio, se presentó a la citación y fue notificado de los cargos y de sus derechos constitucionales.

La causa se inició tras una denuncia presentada por el actual intendente, Julio Alak, a través de la secretaria de Justicia municipal, Marina Mongiardino. El planteo exige investigar la supuesta omisión en los controles necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos legales en la comercialización de barrios cerrados.

Según la acusación, durante la gestión de Garro se habrían facilitado desarrollos habitacionales sin la aprobación de la provincia de Buenos Aires, ignorando observaciones de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y avanzando sobre el cordón frutihortícola de la región. La investigación busca establecer si se desobedecieron órdenes provinciales que prohibían autorizar urbanizaciones sin convalidación legal y técnica, entre los años 2015 y 2023.

La denuncia presentada señala que los loteos bajo sospecha serían unos 450, de los cuales 250 no tendrían posibilidad de regularización. El expediente involucra, además de Garro, a varios ex miembros de su gabinete, imputados bajo los mismos cargos.

Entre ellos figuran Oscar Negrelli (ex secretario de Coordinación), María José Botta (ex titular de Planeamiento Urbano), Leandro Ronga, Augusto Sciarretta y Marcelo Gustavo Genoro, además de Marcela Rogg, ex directora general de Planeamiento. Todos ellos ya se presentaron ante la justicia, cumpliendo con el trámite de comparecencia. Por otra parte, Luis Esteban Barbier, ex secretario de Obras Públicas, no asistió a la citación fijada para el 7 de agosto, alegando encontrarse en el extranjero.