Elecciones peligrosas

En cuatro semanas, el jueves 10 de septiembre, arranca el proceso electoral que presenta filos peligrosos, ajenos por completo a aquella idea de celebrar los comicios como “la fiesta de la democracia”.

Indicios, jaloneos y datos advierten que ese concurso, más allá de la correlación de fuerzas, no será un día de campo. Ante esa evidencia asombra cómo autoridades gubernamentales y electorales, así como dirigencias partidistas e, incluso, un buen número de probables candidatos se están tomando a la ligera el asunto, siendo que ese torneo podría alterar la estabilidad política.

Quizá porque la adversidad obliga a actuar de botepronto y atender lo urgente descuidando lo importante, autoridades y actores dejaron correr el tiempo sin cobrar cabal conciencia de la importancia y el efecto de esas elecciones. En todo caso y, aun siendo tarde, más vale formular definiciones, anticipar decisiones y adoptar precauciones para que lo imprevisto no derive en estragos.

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Sea por la presión foránea o el hartazgo doméstico, casi a diario el oficialismo reporta acciones contra el crimen o la corrupción, procurando soslayar o minusvalorar la cada vez más notoria liga con la política. La disolución del vínculo política y delito no rebasa el nivel municipal y la lucha anticorrupción carga sobre todo contra el adversario, sin tocar ni con la foja de un citatorio al compañero impresentable o aliado imprescindible, súbita e inexplicablemente rico.

A sabiendas de la temporada electoral en puerta y de la experiencia tenida en otros ejercicios de ese tipo, la clase dirigente en su conjunto optó por ignorar la participación del crimen en las elecciones. Esa élite se entretuvo con un debate de quinto patio. El oficialismo se empeñó en calificar a la oposición de traidora a la patria por lavar la ropa sucia fuera de casa y aquella se empecinó en posicionar la narrativa del narcogobierno y el narcopartido en el poder. Entre fuegos de artificio desperdiciaron la oportunidad de emprender una reforma para dar mayor racionalidad al modelo electoral, contener la participación del crimen en los comicios y garantizar el voto ciudadano.

La oposición tricolor y albiazul enarboló la desgastada bandera de la queja como su más sólido argumento, y el oficialismo izó por lo más alto el estandarte de la consolidación hegemónica, presumiendo contar con la razón histórica y la autoridad moral. Resultado de esa gesta caricaturesca, dos absurdas reformas de chisguete. Una, a solicitud de los partidos, verificar la integridad de las candidaturas, exponiendo al gabinete de seguridad a un jugar un rol político y rogando a los maleantes no postularse a cargos de elección popular, por el bien de la República. Otra, anular las elecciones en caso de intervención extranjera sin definir en qué consiste ésta y abriendo así la puerta a la arbitrariedad patriótica vistiéndola de defensa de la soberanía. De la injerencia del crimen hablaron poco.

Con reformas tan inútiles se puede decir, parafraseando aquel cuento de Edmundo Valadés: el crimen tiene permiso.

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Si el crimen interviene en cualquier etapa del proceso electoral, la decisión es firme: no pasará absolutamente nada y la anormalidad democrática prevalecerá.

Nada dijo a las autoridades y las dirigencias partidistas lo sucedido en las elecciones de 1994, como tampoco la experiencia dictada en otros comicios por el crimen con o sin disfraz político. Si, al igual que en elecciones anteriores, la delincuencia organizada elimina, amedrenta, bota, patrocina candidatos o, de plano, determina el rumbo y el resultado de la jornada electoral, ¿se echará mano del socorrido argumento de “los incidentes aislados” sin efecto general sobre la elección correspondiente?

Si se asesina a un candidato, ¿cuál será la postura de la autoridades gubernamentales y electorales, así como la de los dirigentes partidistas y de los otros candidatos? ¿Bastarán el pésame, el minuto de silencio, la esquela, la promesa de investigar a fondo para, al día siguiente, continuar con la campaña como si nada? Si el crimen secuestra a representantes partidistas durante la jornada electoral, ¿se anulará en ese lugar el concurso? ¿No convendría definir qué se va a hacer si se registran hechos como esos? ¿No valdría la pena establecer protocolos de actuación ante esas eventualidades? ¿Cuál es el mapa de riesgos? ¿Es imposible acordar, desde ahora, posturas de conjunto?

Por su naturaleza, las elecciones subrayan las diferencias y borran las coincidencias. En tal virtud, antes de entrar en campaña y de subirle el tono a la confrontación y la polarización, no está demás reconocer el contexto en que se desarrollarán las elecciones intermedias. Ese contexto, no sobra decirlo, está marcado por la ofensiva oficial contra el crimen y, asumiendo que éste ha reconocido las elecciones como una ventana de oportunidad para defender o expandir sus intereses, no es improbable que el próximo año participe con mayor ahínco.

Estando bajo el asedio de las fuerzas armadas nacionales y la mira de dependencias y agencias de Estados Unidos, el crimen se la juega.

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Justo cuando el vínculo política y delito, así como la liga corrupción y política reclaman acciones y acuerdos de Estado, autoridades y actores exhiben una voraz ambición de poder, no una auténtica vocación democrática. Hacen manifiesto el afán de conquistar posiciones, no de garantizar elecciones. Muestran más incompetencia que competencia política. Anteponen los intereses grupales o particulares a los intereses nacionales o ciudadanos.

Las elecciones del año próximo muestran filos peligrosos y, aunque es tarde, importa tomar providencias en vez de dejar al crimen dar cuerda al reloj de los tiempos aciagos.