SCJN justifica aumento presupuestal de 12.7% para 2027 tras críticas de Lenia Batres: “8 de cada 10 pesos van a sueldos”
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defendió su anteproyecto de presupuesto para 2027, después de que la ministra Lenia Batres ventilara públicamente un oficio en el que acusa al Pleno de revertir los avances en austeridad republicana.
En una tarjeta informativa difundida este jueves, la Corte argumentó que el incremento solicitado responde al impacto de la inflación y a obligaciones legales en materia de remuneraciones.
El monto aprobado por el Pleno en sesión privada del 6 de agosto asciende a 6,104.5 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 12.7% en términos reales. Batres, en cambio, había cifrado el alza en 17.2%, una diferencia que se explica por la base de comparación: la ministra mide el incremento respecto al presupuesto autorizado para 2026, mientras que la Corte calcula el porcentaje considerando el efecto de la inflación.
El Pleno aprobó el anteproyecto en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial
En el documento, la SCJN precisó que la aprobación del anteproyecto se realizó en cumplimiento del artículo 20, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que el proyecto ya fue remitido al Órgano de Administración Judicial (OAJ).
La Corte subrayó que su política presupuestal se basa en criterios de austeridad, racionalidad, eficiencia y transparencia, pero que la austeridad debe ejercerse “con equilibrio” para garantizar que la institución opere con eficiencia y cumpla su mandato constitucional.
El alto tribunal recordó que en los ejercicios fiscales 2025 y 2026 enfrentó recortes relevantes. En 2025 la reducción fue de 12%, equivalente a 714.4 millones de pesos; en 2026 fue de 11.2%, por 661 millones de pesos.
Como resultado de esas restricciones, la Corte eliminó prestaciones para ministras, ministros y mandos superiores, entre ellas gastos de teléfonos celulares y gasolina, canceló el ajuste salarial para todo el personal, redujo 83 plazas administrativas —10% de esa plantilla— y suprimió recursos para becas al personal.
La Corte añadió que 8 de cada 10 pesos del incremento solicitado se destinarán a cubrir sueldos y prestaciones previstas en la ley y en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes. Las remuneraciones, señaló el documento, se determinaron en cumplimiento de los artículos 94 y 127 de la Constitución, por lo que ninguna excede el tope salarial establecido para la persona titular de la Presidencia de la República.
El anteproyecto contempla también recursos para fortalecer acciones preventivas de mantenimiento con el objetivo de reducir costos en el mediano y largo plazos en los ámbitos jurisdiccional y de infraestructura, así como para retomar gradualmente proyectos de innovación y mejora institucional en 2027, entre ellos la renovación del equipo tecnológico de Plural TV, que acumula más de 20 años de antigüedad.
El seguro médico, las pensiones de ex ministros y las áreas que Batres quiere suprimir
El punto de mayor fricción entre Batres y sus compañeros de Pleno es la restitución del Seguro de Gastos Médicos Mayores. La ministra sostuvo en su oficio que ese beneficio ya había sido eliminado el año pasado y que el artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana prohíbe contratar con recursos públicos seguros médicos privados para servidores públicos.
Añadió que el Poder Judicial ya cubre las cuotas del ISSSTE para mandos medios y superiores, por lo que no se justifica pagar adicionalmente un seguro privado con dinero público.
La SCJN ofreció una lectura distinta. En la tarjeta informativa precisó que el Pleno aprobó, por mayoría de seis votos, incluir una previsión presupuestaria para ese seguro en favor de todo el personal de la institución, con excepción de las ministras y los ministros, y que la medida estaría sujeta a la disponibilidad presupuestal en caso de que la Cámara de Diputados apruebe el monto solicitado.
Batres fue más lejos en su oficio. Señaló que siguen pendientes los ajustes a las pensiones de ex ministras y ex ministros conforme a las remuneraciones actuales del Pleno, cuyo excedente rebasa 54 millones de pesos, y que las plazas asignadas a ese esquema representan otros 39 millones si se deja una sola. Propuso además eliminar las áreas de Protocolo, Atención a Ministros y Atención a Ex Ministros, con la aclaración de que su propuesta no afectaría a los trabajadores adscritos a esas oficinas, sino únicamente el gasto en servicios que prestan.
La ministra votó en contra del presupuesto “en su conjunto” y, una vez concluida la votación, pidió que se retirara de su ponencia el monto asignado tanto al seguro de separación individualizada como al seguro de gastos médicos mayores. Esa solicitud alcanza a 95 personas. Batres precisó que ni ella ni ese personal han recibido esos seguros desde que ingresaron a la SCJN en diciembre de 2023.
La tensión entre Batres y el resto del Pleno quedó expuesta en la sesión pública del 13 de agosto, cuando la ministra retiró uno de sus proyectos y acusó un ambiente de “animadversión insana” que, dijo, podría estar vinculado al oficio presupuestal que envió ese mismo día al OAJ. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz rechazó esa lectura: respondió que los integrantes del Pleno habían expuesto argumentos jurídicos, que nadie había hecho descalificaciones por razones personales y que él, en lo personal, se enteraba del oficio en ese momento.
Infobae
