¿Quién decide qué es verdad?

*Cuando el Gobierno se quiere convertir en el editor del país y dueño de la verdad.

Por Rebeca Aguilar Estrella

Existe una constante que atraviesa prácticamente todos los procesos autoritarios de la historia. Ninguna dictadura comenzó cerrando periódicos, primero comenzó convenciendo a la sociedad de que existía demasiada libertad, que había demasiadas mentiras, demasiada desinformación, demasiados medios irresponsables, demasiados periodistas críticos, demasiadas voces incómodas.

Y que, por supuesto, el único capaz de poner orden era el propio gobierno.

Siempre comienza igual.

Porque ningún régimen autoritario llega diciendo que quiere censurar, llega diciendo que quiere proteger, proteger a la sociedad, proteger a la democracia, proteger la verdad y precisamente ahí comienza el mayor peligro.

Porque la libertad de expresión nunca muere cuando desaparecen las críticas, muere cuando el poder político adquiere la facultad de decidir cuáles críticas pueden existir.

Ese es el verdadero debate que hoy enfrenta México.

Nos dicen que todo es para defender los derechos de las audiencias y, en principio, nadie podría oponerse a ello.

Claro que los ciudadanos tienen derecho a distinguir entre publicidad e información, claro que tienen derecho de réplica, claro que merecen contenidos accesibles, claro que deben existir mecanismos para denunciar abusos.

Pero una cosa es proteger a las audiencias y otra, radicalmente distinta, es entregar al Estado la capacidad de determinar qué información merece ser escuchada y cuál puede ser castigada, porque basta formular una sola pregunta para comprender la dimensión del problema.

¿Quién decide qué es verdad? ¿Un juez? ¿La sociedad? ¿El debate público? ¿La evidencia? ¿O el gobierno? Porque si la respuesta termina siendo el gobierno, entonces la democracia habrá cruzado una línea que nunca debió cruzar.

No olvidemos que quienes pretenden convertirse ahora en árbitros de la verdad son los mismos que afirmaban que “las fotos de las piernas asoleando en Palacio Nacional eran falsas, que el derrame petrolero eran gotas y que el tren tuvo un percance de vía, no se descarriló y, si hablas de mafiosos políticos, si investigas el financiamiento del crimen en las elecciones o si denuncias la corrupción oficial, el Estado podrá salir con una multa diseñada para ahogarte”.

El mismo proyecto político que durante años popularizó la frase “yo tengo otros datos”. El mismo que negó problemas que después terminaron reconociendo. El mismo que convirtió la conferencia mañanera en un espacio para desacreditar periodistas, medios de comunicación, investigadores y organizaciones civiles. El mismo que hizo de la descalificación un método de gobierno.

Hoy ese mismo poder pretende decidir qué información resulta suficientemente “veraz”, suficientemente “objetiva” o suficientemente “responsable”.

Pero esas palabras, aparentemente inocentes, esconden el mayor de los riesgos, porque son conceptos jurídicamente abiertos.

¿Qué significa exactamente “objetividad”? ¿Quién determina cuándo una investigación quedó “descontextualizada”? ¿Cuándo una opinión deja de ser responsable?

Las leyes deben construirse sobre conceptos claros, no sobre conceptos que cambian dependiendo de quién ocupe el poder. “Porque las malas leyes nunca tienen propietario, solo cambian de víctima”.

La historia mundial está llena de ejemplos: los gobiernos que terminan controlando la prensa nunca comienzan clausurando redacciones, primero crean organismos reguladores, después establecen códigos de conducta, luego aparecen sanciones administrativas, más tarde llegan las multas y finalmente ocurre lo inevitable, los medios dejan de investigar, no porque alguien los obligue directamente, sino porque el costo de publicar comienza a ser demasiado alto.

Ese fenómeno tiene un nombre: “autocensura”, y la autocensura siempre ha resultado mucho más eficiente que la censura abierta, porque ya no hace falta cerrar un periódico, el periódico aprende solo qué temas es mejor no tocar, no hace falta despedir periodistas, los periodistas comienzan a callarse por supervivencia, no hace falta prohibir investigaciones, basta con volverlas financieramente inviables.

Por eso preocupa tanto el momento institucional que vive México, mientras se fortalece la capacidad del Estado para intervenir en asuntos relacionados con la información, desaparecen o se debilitan organismos autónomos que precisamente existían para servir de contrapeso al poder político. “En una democracia madura nadie debería ser juez de su propia actuación, mucho menos el gobierno”.

Y en Yucatán conocemos perfectamente esa lógica, aquí ya vimos cómo el poder intentó responder a las críticas mediante un llamado “Detector de Mentiras”. El nombre parecía inofensivo, la práctica no tanto, en lugar de privilegiar el debate público, se optó por etiquetar, descalificar y señalar. En vez de responder con mejores argumentos, se respondió con la autoridad del gobierno, ese es exactamente el modelo que hoy preocupa a escala nacional.

Porque el problema nunca consiste en quién gobierna, el problema consiste en las herramientas que se dejan disponibles para cualquier gobierno futuro. Hoy pueden servir para proteger a Morena, mañana podrían servir para perseguir a cualquiera.

Las instituciones deben diseñarse pensando en el peor gobernante posible, no en el mejor, por eso las democracias construyen contrapesos.

Porque saben que el poder, sin límites, termina creyéndose dueño de la verdad y, cuando un gobierno se convence de que únicamente él posee la verdad, deja de aceptar ciudadanos críticos, comienza a necesitar ciudadanos obedientes.

Ese es el verdadero fondo de esta discusión, no se trata solamente de periodistas, no se trata solamente de medios de comunicación, ni siquiera se trata de partidos políticos, se trata del derecho de todos los mexicanos a escuchar versiones distintas de la realidad y decidir por sí mismos cuál consideran verdadera.

Porque una democracia no necesita ciudadanos tutelados, necesita ciudadanos libres, libres para escuchar, libres para investigar, libres para dudar, libres para equivocarse y, sobre todo, libres para cuestionar al poder.

Porque el día que un gobierno deja de gobernar para comenzar a administrar la verdad, deja de fortalecer la democracia y empieza a administrar el pensamiento.

Según el Gobierno, sí somos lo suficientemente inteligentes para elegir presidente, diputados, senadores y ahora hasta jueces, pero curiosamente, ya no somos lo suficientemente inteligentes para decidir qué ver, qué escuchar o qué creer sin que el Estado nos tome de la mano. Qué curioso concepto de ciudadanía, adultos para votar, pero menores de edad para pensar.

La historia demuestra que ninguna nación perdió primero sus elecciones, primero perdió el derecho a preguntar. Nos leemos la próxima semana.

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