El gobierno contra Loret y Ciro

Hay un patrón que preocupa a quienes ejercen la libertad de prensa y a quienes la defienden, que tiene eventos que corren en paralelo. Algunos son públicos, como la discusión sobre la Ley de las Audiencias, pero otros se manejan con sigilo para que, envueltos en la secrecía, puedan caminar con éxito a su meta: inhibir la libertad de expresión y apoyar demandas contra los periodistas más críticos del régimen de la ‘4T’. Este último caso tiene dos objetivos, definidos y escogidos por la Presidencia: Carlos Loret y Ciro Gómez Leyva, aprovechando la coyuntura de que Israel Vallarta, que ganó fama pública por haber sido una de las personas acusadas de secuestro y detenido junto con la ciudadana francesa Florence Cassez en diciembre de 2005, piensa demandarlos por daño moral.

El caso Cassez tuvo múltiples ángulos e interpretaciones. Cassez se convirtió en un instrumento electoral del presidente Nicolas Sarkozy, cuya detención provocó un enfrentamiento con el presidente Felipe Calderón, quien se negó a extraditarla a Francia, bajo la Convención de Estrasburgo, para que cumpliera su sentencia en una cárcel francesa, y que fue resuelto por sus sucesores, François Hollande y Enrique Peña Nieto, mediante un acuerdo político que incluyó a la Suprema Corte de Justicia, donde el ministro Arturo Zaldívar elaboró el famoso “efecto corruptor” para demostrar que la mediatización de su detención había alterado el debido proceso.

Es cierto que se alteró el debido proceso por parte de Luis Cárdenas Palomino, en ese entonces director general de Investigación de la Agencia Federal de Investigaciones, detenido en 2021 por el delito de tortura contra Vallarta y Cassez, entre otros señalados como miembros de la banda de secuestradores Los Zodiaco. El “efecto corruptor” de Zaldívar nunca se volvió a utilizar en ningún caso, reflejando la discrecionalidad y el interés político para construir un relato fácil de entender. Pero esa argucia parcial entre la Corte y la presidencia peñista ha perseguido a Loret por más de dos décadas, al ser acusado injustamente, hasta la fecha, de haber hecho un “montaje” para incriminarlos.

El coraje de Vallarta contra Loret tiene sus raíces en una transmisión en vivo en su noticiero en Televisa el 9 de diciembre de 2005, donde lo que se difundió no fue un montaje, sino una recreación, que no es lo mismo. La imputación de montaje ha sido utilizada para acusarlo de haber engañado a la audiencia, lo cual no existió porque en el momento de la transmisión aparecían en la pantalla los “súper”, que son los mensajes que aparecen en la parte inferior de la pantalla, en los que se informaba cuántas personas secuestradas había en la propiedad y cuántas personas habían sido detenidas. Lo que era un asunto de sentido común se convirtió en una cruzada de odio y desprestigio contra Loret.

Lo que se había hecho era una recreación de algo que ya había sucedido, lo que de ninguna manera justificaba, y menos aún eliminaba, la violación al debido proceso en el que había incurrido Cárdenas Palomino, cuya detención y proceso fue totalmente correcta en términos legales. Loret fue víctima de personas que tenían o se sumaron posteriormente al aparato de propaganda de Andrés Manuel López Obrador, que comenzó a funcionar mucho tiempo antes de que fuera presidente; en particular, de Azucena Pimentel, su productora y quien estaba en la cabina ese día –por el cargo, ella debió ordenar los “súper”–, que sabía perfectamente lo que había sucedido y que, a partir de 2018, fue nombrada directora general de Producción en Comunicación Social en la Presidencia, bajo las órdenes de Jesús Ramírez Cuevas, hasta 2021.

Pimentel, que ha borrado de su ficha curricular su trabajo con Loret, por omisión o comisión alimentó la campaña permanente contra Loret, cuyo combustible de odio y linchamiento ha aportado Ramírez Cuevas, a quien la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió recientemente que se sume a la estrategia de apoyo jurídico por parte del gobierno a Vallarta para que lo demande junto con Gómez Leyva, quien, a lo largo de todos estos años, le ha dado espacio a las víctimas de Vallarta y Cassez, en particular a Cristina Ríos Valladares y Ezequiel Elizalde, que no han dejado de señalar la participación de la pareja en sus secuestros.

Vallarta dijo durante un reciente foro organizado y encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que preparaba las demandas por daño moral contra Loret, señalándose como víctima de “un montaje”, y contra Gómez Leyva y otros medios de comunicación porque considera que contribuyeron a afectar su imagen, manteniendo una narrativa que lo presentaba como culpable. Vallarta está en su derecho de ir por la vía legal contra ellos, pero la anomalía que envuelve su iniciativa es la disposición presidencial para que lo respalden jurídicamente.

Se desconoce si Vallarta está al tanto de la instrucción presidencial, donde la responsable de que se alineen los jueces en contra de los periodistas será la secretaria Rodríguez, que se formó, paradójicamente, en la prensa. También se desconoce por qué si la disposición se había planteado desde que lo liberaron, solo fue hasta las últimas dos semanas cuando se autorizó el plan, que llega en un momento de tensión del gobierno con medios, periodistas y expertos, que están criticando la iniciativa de la Ley de Audiencias, preparada para Sheinbaum por su comisario político, José Merino, y por el arquitecto del odio contra todo lo que no piense como López Obrador, Ramírez Cuevas.

La decisión de ir contra Loret y Gómez Leyva subraya la voluntad presidencial de entrar en confrontación con los medios y periodistas críticos, buscando provocar un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión, al explorar una nueva estrategia de presión mediante el apoyo jurídico a una demanda interpuesta por un particular. La libertad de expresión no se mide únicamente por la censura directa o a la previa censura, sino que incluye lo que se conoce como chilling effect, que inhibe, paraliza o silencia al periodista o a cualquier ciudadano, al provocar que se sientan disuadidos o intimidados para expresar libremente sus opiniones por miedo a consecuencias negativas, como la desaprobación de lo que piensan, linchamientos en las redes sociales, venganzas o, acciones legales, económicas o administrativas que sin prohibir expresamente su publicación –el argumento oficialista de que no hay censura en México–, desalientan el periodismo crítico o de investigación y amenazan sus libertades.