Nayarit: tierra, poder y prisión
Raúl Flores Martínez.
En Nayarit, la tierra frente al mar dejó de ser sólo patrimonio. Para varios ejidatarios, hoy puede convertirse en la antesala de una carpeta penal, una detención o meses de prisión preventiva.
Siete comunidades de Bahía de Banderas y la Riviera Nayarit acusan al gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero de utilizar a la Fiscalía estatal, al Fideicomiso Bahía de Banderas y a operadores judiciales para recuperar predios en disputa desde hace décadas.
El conflicto se remonta al decreto de 1970, cuando fueron expropiadas 4 mil 136 hectáreas de ocho ejidos. La reforma de 1973 estableció indemnizaciones y participación en las ganancias turísticas. Varias familias sostienen que nunca recibieron el pago completo y conservaron sus parcelas.
La administración estatal afirma que no despoja a campesinos, sino que recupera patrimonio público transferido irregularmente por gobiernos anteriores. En el “Megaoperativo Nuevo Nayarit” reportó 9.6 millones de metros cuadrados recuperados, valuados en unos 50 mil millones de pesos.
Combatir la corrupción es necesario. Lo inadmisible es que una controversia agraria o civil termine en acusaciones penales, operativos armados, aseguramientos y prisión preventiva. Cuando la Fiscalía se usa como presión, la justicia deja de resolver conflictos y comienza a administrar el miedo.
No basta revisar escrituras, certificados agrarios o constancias de posesión. Debe establecerse quién fue indemnizado, quién quedó fuera del pago y qué autoridad permitió viviendas y cultivos sin resolver el fondo jurídico.
En las zonas hoteleras, un metro cuadrado puede alcanzar entre 2 mil y 2 mil 500 dólares. Detrás de cada expediente aparecen intereses inmobiliarios capaces de convertir parcelas familiares en negocios multimillonarios.
Si el gobierno estatal tiene pruebas de fraude, debe presentarlas ante tribunales independientes. Los bienes vinculados con exfuncionarios o redes de corrupción deben recuperarse conforme a derecho. Pero ninguna política patrimonial autoriza detenciones arbitrarias, amenazas o el uso selectivo del proceso penal.
La salida exige una revisión federal, predio por predio, con archivos agrarios, escrituras, decretos y resoluciones. Sólo así podrá separarse la corrupción de los derechos legítimos.
Mientras eso no ocurra, persistirá una sospecha: que la recuperación del patrimonio público puede servir de coartada para desplazar a quienes poseen tierras demasiado valiosas para seguir en manos campesinas.
El cargo Nayarit: tierra, poder y prisión apareció primero en El Arsenal.
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