El dictador que ganó todas las elecciones con el 93% de los votos: torturas a la oposición y acusaciones de corrupción
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo lleva 46 años gobernando Guinea Ecuatorial sin que nadie lo haya podido sacar del poder. Llegó el 3 de agosto de 1979 con una promesa de libertad. La cumplió solo para él. Y para los suyos.
Al golpe que encabezó contra su propio tío, el dictador Francisco Macías Nguema, lo bautizaron “Golpe de la Libertad”. Macías fue juzgado y fusilado ese mismo año, el 29 de septiembre de 1979, junto a otros seis condenados. Menos de cinco horas después de la sentencia, todos estaban muertos.
Guinea Ecuatorial es el único país soberano de África donde el español es lengua oficial. Esa particularidad tiene una explicación: fue colonia española durante siglos y llegó a formar parte del Virreinato del Río de la Plata hasta la Revolución de Mayo de 1810.
En 1968, un referéndum en el que el 63% de la población votó a favor de la independencia dio origen al nuevo Estado. Meses después se celebraron elecciones y Francisco Macías Nguema se convirtió en el primer presidente. La primavera democrática duró poco.
En 1969, el líder opositor Bonifacio Ondó Edú fue arrestado y asesinado bajo la acusación de haber intentado un golpe de Estado. Macías aprovechó el episodio para consolidar su poder y en 1971 decretó el partido único. Luego se autoproclamó presidente vitalicio, prohibió la educación privada, cerró las escuelas católicas y en 1975 se declaró el “Milagro Único”.
Obiang fue parte de ese gobierno. Ocupó distintos cargos militares y fue alcaide de la prisión de Black Beach, en Malabo, entonces capital del país. Esa prisión es conocida hasta hoy por las torturas y los malos tratos a los detenidos. Cuando derrocó a su tío, Obiang no venía de afuera del sistema: venía del centro mismo del régimen.
Obiang nació el 5 de junio de 1942 en la región continental del país. En 1963 consiguió una beca para formarse en la Academia General Militar de Zaragoza, en el noreste de España. Regresó a Guinea Ecuatorial con una carrera militar que lo llevó hasta el Ministerio de Defensa, desde donde organizó el golpe.
Una vez en el poder, prometió un cambio “radical”. Solo tres años después, en agosto de 1982, reemplazó el gobierno militar por uno civil. En 1986 fundó el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), que desde entonces controla el país sin competencia real.
“La junta militar y el poder ejecutivo tras el golpe de Obiang señalan una continuidad con el pasado”, dijo Ana Lúcia Sá, investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa.
Desde 1979, Obiang ganó todas las elecciones presidenciales con más del 93% de los votos. En 1996 se permitió por primera vez la participación de otros partidos, pero la mayoría de las fuerzas opositoras se retiró antes de los comicios al denunciar fraude e irregularidades. La Unión Europea calificó las elecciones de 2016 como “una oportunidad perdida para la democratización del país” y documentó “incidentes de acoso contra candidatos de la oposición”.
“Guinea Ecuatorial es y sigue siendo una dictadura, pero tiene la apariencia de una democracia por tener elecciones con resultados inverosímiles que siempre le dan la victoria a Obiang”, explicó Omer Freixa, historiador y magíster en Diversidad Cultural, especialista en estudios afroamericanos por la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
El PDGE tolera una llamada “oposición democrática”: un grupo de partidos que, en teoría, compiten pero que suelen presentarse en coalición con el partido gobernante. Solo una formación ejerce una oposición genuina: Convergencia para la Democracia Social (CPDS), liderada por Andrés Esono.
El resto corre otra suerte. En 2023, el gobierno disolvió el partido Ciudadanos por la Innovación (CI). Su líder, Gabriel Nsé Obiang, fue condenado a 29 años de prisión.
Marta Colomer, directora adjunta de campañas para África Occidental y Central de Amnistía Internacional, describió el mecanismo con precisión: “Cualquier persona que intente llevar un discurso contrario al oficial es víctima de detenciones arbitrarias, de torturas o encarcelamientos sin ningún tipo de proceso judicial”.
El activista y defensor de derechos humanos Joaquín Elo Ayeto, miembro del partido opositor Convergencia para la Democracia Social, fue detenido el 25 de febrero de 2019 en su casa de Malabo y trasladado a la Comisaría Central de Policía. Allí lo golpearon con brutalidad y lo colgaron de las manos. La policía quería que confesara una presunta conspiración para matar al presidente. Fue juzgado el 27 de noviembre de ese año por difamar y amenazar a Obiang.
Alfredo Okenve, vicepresidente del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial (CEID), fue detenido el 15 de marzo de 2019 después de que se le prohibiera asistir a la entrega del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos. El 5 de julio de ese año, las autoridades emitieron un decreto que pedía la disolución del CEID.
El Parlamento aprobó en septiembre de 2006 una ley que prohibía la tortura, que entró en vigor en noviembre de ese año. La policía siguió torturando.
Amnistía Internacional documentó casos entre 1988 y 2009 que describen métodos sistemáticos y deliberados. En febrero y marzo de 2009, diez miembros del partido Unión Popular fueron detenidos en las comisarías de Bata y Malabo. Uno de ellos declaró ante el juez de instrucción que lo habían atado al suelo y le ofrecieron dinero para que “confesara”. En otra sesión, la policía le llenó la boca de papel, lo metió en un saco, lo ató, lo colgó y lo golpeó. Nadie fue investigado.
En agosto de 1988, 15 presos fueron liberados tras una vista de clemencia. Entre ellos estaba el preso de conciencia Primo José Esono Mikali, a quien le ataron los brazos y las piernas juntos a la espalda, lo arquearon y lo colgaron del techo con una cuerda. Perdió temporalmente el uso de las extremidades. Los demás presos relataron que los colgaban por los pies, les sumergían la cabeza en un balde de agua sucia hasta semiasfixiarlos y los sometían a descargas eléctricas. A algunos les colocaban una pesada piedra sobre la espalda arqueada.
La represión también alcanzó a la población bubi, el grupo étnico indígena de la isla de Bioko. En 1998, tras ataques contra cuarteles militares en los que murieron tres soldados y varios civiles, decenas de bubis fueron detenidos y torturados para obtener confesiones. A algunos les cortaron partes de las orejas con cuchillas y bayonetas. Las mujeres bubis fueron humilladas públicamente en el patio de la comisaría de Malabo: algunas fueron obligadas a nadar desnudas en el barro delante de otros detenidos y otras sufrieron abusos sexuales. Al menos seis personas murieron tras ser torturadas.
La represión no hizo excepciones con los menores de edad. El 5 de febrero de 2015, durante la Copa Africana de Naciones celebrada en Malabo, las fuerzas de seguridad detuvieron a unos 300 jóvenes, entre ellos decenas de niños y niñas. La mayoría fue arrestada en sus casas por la noche o en calles alejadas del estadio de fútbol.
Los llevaron a la Comisaría Central de Policía de Malabo, donde cada uno recibió entre 20 y 30 latigazos y fue recluido en celdas saturadas y mal ventiladas junto a delincuentes adultos. Algunos fueron liberados solo después de que sus familias pagaran sobornos a la policía. El 13 de febrero, todos comparecieron ante un tribunal y quedaron en libertad sin cargos.
En 1995, empresas estadounidenses descubrieron depósitos de hidrocarburos en las costas de Guinea Ecuatorial. El hallazgo transformó la economía del país de la noche a la mañana.
Guinea Ecuatorial pasó a ser uno de los mayores exportadores de petróleo del continente y alcanzó una renta per cápita de 8.460 dólares en 2021, según el Banco Mundial. En términos estadísticos, es uno de los países más ricos de África. En términos reales, el 70% de su población vive con menos de dos dólares por día. La desigualdad es la regla.
Tutu Alicante, director ejecutivo de la ONG pro derechos humanos EG Justice, dijo: “Ni el petróleo ni la apertura económica han mejorado la situación económica de la población civil”.
La mayor parte de esa riqueza quedó concentrada en el círculo más cercano al gobierno. La dictadura no publica datos de pobreza actualizados. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ubicó al país en el puesto 133 de 193 estados en su Índice de Desarrollo Humano. La esperanza de vida es de 54 años para los hombres y 57 para las mujeres, uno de los índices más bajos del mundo. Más de la mitad de la población no tiene acceso a agua potable, la cifra más baja de todo el continente africano, según la Organización Mundial de la Salud.
El país llegó a ser considerado “demasiado opaco” para ser incluido en el índice global de corrupción de Transparencia Internacional, organización no gubernamental.
Mientras la población carece de agua potable, el hijo del presidente acumula una fortuna que exhibe sin pudor en sus redes sociales.
Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido como “Teodorín”, es, además de hijo del dictador y presidente, vicepresidente de Guinea Ecuatorial y el sucesor más probable de su padre. En 2017, la justicia francesa lo condenó por malversación de fondos públicos y ordenó la incautación de sus activos en ese país: una propiedad en París valuada en más de 120 millones de dólares, palacetes con canillas bañadas en oro, una colección de autos Rolls-Royce y aviones privados. Recibió una condena suspendida de tres años y una multa de 30 millones de euros.
En 2014 ya había entregado a las autoridades de Estados Unidos una mansión en Malibú, una Ferrari y una colección de objetos de Michael Jackson. Y en algún momento encargó un yate valuado en USD 400 millones. Analista coinciden en que Teodorín no tiene aspiraciones de democratizar Guinea Ecuatorial.
El Índice de Democracia 2020 de The Economist, semanario británico, le asignó a Guinea Ecuatorial un valor de 0 (cero) en Proceso Electoral y Pluralismo. El informe Freedom in the World 2020 de Freedom House, organización estadounidense, le otorgó 6 puntos sobre 100, categorizándolo como “No libre”. El Bertelsmann Transformation Index 2020 lo clasificó como “autocracia de línea dura” con un valor de 2.82 sobre 10 en Transformación Política, y advirtió que un cambio de régimen solo podría producirse mediante otro golpe de Estado, dado que no existe oposición con fuerza suficiente para enfrentarse al gobierno.
En el ranking de calidad democrática de The Economist, Guinea Ecuatorial ocupa el puesto 156 de 167 países. Solo Corea del Norte, Afganistán y Myanmar están por debajo.
La comunidad internacional mantiene una relación pragmática con Malabo. Constanza Montaña, licenciada en asuntos internacionales y miembro del Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales, señaló que “Guinea Ecuatorial, a pesar de su régimen autoritario, no tiene la misma relevancia para la comunidad internacional que otras dictaduras como las de Chad, Eritrea o Camerún”. El petróleo explica buena parte de ese silencio. El el régimen se sostiene también gracias a sus vínculos con Estados Unidos, España y China.
En el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas celebrado en mayo de 2019, Guinea Ecuatorial recibió 221 recomendaciones. Aceptó 202 y rechazó 19, entre ellas la ratificación de la Carta Africana sobre la Democracia y el acceso al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Argentina hizo tres recomendaciones: abolir la pena de muerte, investigar las torturas y garantizar la libertad de expresión. Guinea Ecuatorial rechazó esta última.
El exembajador de Estados Unidos en Guinea Ecuatorial, Frank Ruddy, sintetizó en 2008 lo que los índices describen con eufemismos: Obiang es “un asesino, torturador y ladrón”.
Infobae
