En México, una de cada dos mujeres presas no tiene sentencia Siete24.mx
Ciudad de México. La prisión preventiva continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema de justicia mexicano. Al cierre de 2025, 97 mil 722 personas permanecían privadas de la libertad sin haber recibido una sentencia, lo que representa 42.2% de la población penitenciaria nacional.
Esto, de acuerdo con el más reciente Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal (CNSIPEF-E) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El informe evidencia que la situación afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Más de la mitad (52.6%) de las internas en centros penitenciarios aún no cuenta con una resolución judicial, mientras que entre los hombres la proporción es de 41.5%.
Especialistas advierten que esta realidad pone a prueba el respeto al derecho humano de la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 20 de la Constitución y en tratados internacionales suscritos por México.
La prisión preventiva sigue predominando
El Inegi señala que, entre las personas adultas sin sentencia, 50.1% permanece bajo prisión preventiva oficiosa, medida que obliga al encarcelamiento automático para determinados delitos.
POr ello; el 34.3% enfrenta prisión preventiva justificada, dictada por un juez; 1.8% se encuentra en otra condición jurídica y en 13.8% de los expedientes no fue posible determinar el estatus procesal.
Diversos organismos nacionales e internacionales han sostenido que el uso excesivo de la prisión preventiva puede derivar en largas estancias en prisión sin que exista una condena definitiva.
Mujeres enfrentan mayor rezago judicial
Las cifras muestran un panorama particularmente preocupante para la población femenina.
Foto: Cuartoscuro.
En los centros penitenciarios federales, el Inegi registró 5 mil 702 delitos atribuidos a personas sin sentencia.
De ellos, 5.5% correspondió a mujeres, siendo el secuestro el delito más frecuente entre ellas.
En el caso de los hombres, predominaron los delitos relacionados con armas de fuego, explosivos y materiales destructivos.
En los centros estatales se contabilizaron 120 mil 32 delitos vinculados con personas en espera de sentencia.
Además, las mujeres representaron 7.8% del total, y el delito más recurrente fue narcomenudeo, mientras que entre los hombres destacó el robo.
Foto: Cuartoscuro.
Estados con mayor uso de prisión preventiva oficiosa
Además, el censo identifica que Estado de México y Michoacán concentraron un dato significativo: la totalidad de las personas privadas de la libertad sin sentencia permanecía bajo prisión preventiva oficiosa.
Misma que refleja una amplia aplicación de esta figura jurídica durante los procesos penales. Organismos internacionales piden revisar esta medida
Foto: Cuartoscuro.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, limitada y plenamente justificada, ya que no puede convertirse en una pena anticipada.
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En el mismo sentido, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha reiterado la necesidad de reducir el uso automático de esta figura.
Por su parte, la organización México Evalúa ha documentado que la saturación de los sistemas de procuración e impartición de justicia contribuye a prolongar los procesos penales y genera costos sociales para las personas privadas de la libertad y sus familias.
Un reto para la justicia mexicana
Además, con una población penitenciaria de 231 mil 436 personas, de las cuales 133 mil 714 ya cuentan con sentencia, el sistema de justicia enfrenta el desafío de reducir el rezago judicial.
Y garantizar que las personas acusadas reciban un juicio dentro de un plazo razonable.
ARH
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