Trump afirma que el voto de no ciudadanos es generalizado en Estados Unidos, pero Reuters halló solo 129 procesos federales desde 1996 y ningún caso de una operación coordinada para alterar elecciones El Imparcial
El presidente Donald Trump sostiene que el voto de personas no ciudadanas ocurre de forma extendida en Estados Unidos y forma parte de una estrategia para beneficiar al Partido Demócrata. Sin embargo, una revisión de expedientes federales realizada por Reuters encontró un número reducido de casos y ninguna acusación por una operación coordinada para modificar una elección.
La investigación identificó 129 personas procesadas desde 1996 bajo la ley federal que prohíbe votar a quienes no tienen ciudadanía estadounidense. De esos casos, 73 terminaron en condenas o declaraciones de culpabilidad, 30 fueron desestimados y 26 seguían pendientes. En ninguno, los fiscales afirmaron que los acusados recibieran dinero por votar o actuaran dentro de una organización electoral.
¿Qué encontró Reuters al revisar los casos?
Reuters consultó registros de tribunales federales y una base de datos del Centro Judicial Federal. La agencia se concentró en procesos federales porque los estados utilizan normas diferentes.
De las 129 acusaciones, 86 fueron presentadas durante los cinco años y medio acumulados de los mandatos de Trump. Al menos 39 se iniciaron en los últimos 18 meses, más que durante un periodo comparable de cualquier otro presidente en al menos 25 años.
Entre las 73 personas condenadas o declaradas culpables, 40 dijeron que pensaban que podían votar legalmente. Treinta y dos señalaron que fueron registradas por error, recibieron indicaciones equivocadas o fueron informadas de que cumplían los requisitos.
Otras ocho creyeron que la residencia permanente les permitía votar o interpretaron la aceptación de su registro como una autorización.
Reuters pudo conocer la afiliación de 34 acusados: 11 eran demócratas, nueve republicanos y 14 no estaban afiliados. La distribución no mostró un patrón coordinado para favorecer a un partido.
¿Quiénes fueron procesados?
De los 62 acusados cuyo estatus migratorio pudo comprobarse, 49 eran residentes permanentes legales y 13 vivían sin autorización migratoria. En los otros 11 casos no fue posible determinarlo.
Uno de los expedientes corresponde a Dora Damatta-Rodríguez, una mujer de origen panameño que vivió legalmente en Estados Unidos durante más de cuatro décadas.
Se registró y votó en Carolina del Norte en 2016 porque asumió que la aceptación de su solicitud demostraba que podía hacerlo.
“No estaba entrando a escondidas. Creo que estaba actuando dentro del marco legal”, declaró ante un juez.
Damatta fue condenada en 2019, pasó 13 días en prisión y fue deportada a Panamá en junio de 2026, después de que la administración reabriera su situación migratoria. Ella dijo que votó por Trump y que todavía lo apoya.
¿Votar sin ciudadanía es un delito federal?
La sección 611 del Título 18 del Código de Estados Unidos prohíbe a una persona extranjera votar en elecciones federales, salvo excepciones limitadas para determinadas votaciones estatales o locales realizadas por separado.
La infracción puede castigarse con una multa y hasta un año de prisión.
Los fiscales deben probar que la persona no era ciudadana y emitió un voto, pero no que buscó engañar a las autoridades o que conocía la prohibición.
¿Qué respondió la Casa Blanca?
La Casa Blanca declaró a Reuters que los casos son “numerosos” y defendió la revisión de los padrones electorales para mantenerlos limitados a ciudadanos elegibles.
“El voto de no ciudadanos es un delito. Quien infrinja la ley rendirá cuentas ante la justicia”, afirmó la portavoz Abigail Jackson.
Trump también pidió aprobar la Ley SAVE America, que exigiría una prueba de ciudadanía para registrarse y una identificación con fotografía para votar.
Sus críticos advierten que podría afectar a ciudadanos naturalizados y a personas sin acceso inmediato a documentos como certificados de nacimiento.
¿Por qué existen dudas sobre las revisiones de los padrones?
El gobierno utiliza el sistema SAVE, creado originalmente para verificar el estatus migratorio de solicitantes de beneficios públicos. La administración amplió su uso para revisar registros electorales.
Abogados del Departamento de Justicia reconocieron que la herramienta puede identificar por error a ciudadanos naturalizados.
En junio, una jueza federal bloqueó su versión modificada al considerar que podía afectar a votantes elegibles. Otro tribunal ordenó después restablecerla para cuatro estados, por lo que el conflicto continúa.
En Texas, el sistema señaló a 2 mil 724 personas que debían demostrar su ciudadanía. Más de 900 registros fueron suspendidos por falta de respuesta, pero Reuters no pudo determinar si pertenecían a personas no ciudadanas.
En Indiana, mil 611 votantes fueron señalados y varios parecían ser ciudadanos naturalizados.
Funcionarios electorales de ambos partidos reconocen que existen votos ilegales de personas no ciudadanas, pero sostienen que ocurren con poca frecuencia y sin un impacto relevante en los resultados.
La revisión de Reuters tampoco encontró pruebas de la conspiración nacional descrita por Trump.
