Alertan sobre riesgo de acaparamiento de agua en más de mil municipios de México por anomalías en concesiones Infobae
Un equipo de especialistas de la Universidad Iberoamericana (IBERO) presentó una investigación sobre el estado de las concesiones de agua en México, el cual integra millones de registros oficiales, identifica anomalías y detecta riesgos de concentración del recurso.
El estudio señala que para junio de 2025 se contabilizaron 531 mil 434 concesiones y ubica mil 524 municipios con condiciones de acaparamiento.
El trabajo se titula Monitoreo y Transparencia en el Uso del Agua en México: Un estudio de concesiones y riesgos por acaparamiento (2019-2024). De acuerdo con la IBERO, el objetivo es generar herramientas que fortalezcan la transparencia y la justicia hídrica a partir del análisis de concesiones y de posibles riesgos de concentración del agua.
El proyecto es encabezado por el Dr. Wilfrido A. Gómez-Arias, con la participación del Dr. Francisco Betancourt y la Dra. Natalia D’Angelo, especialistas de la IBERO, así como Guadalupe Azuara García, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y Andrea Moctezuma, investigadora independiente.
La investigación retoma y amplía los hallazgos de los estudios Los Millonarios del Agua y del Índice de Riesgo por Acaparamiento del Agua.
Según el equipo, integra por primera vez una plataforma de análisis que permite monitorear el comportamiento de las concesiones otorgadas en México, detectar inconsistencias administrativas y priorizar regiones con mayores riesgos de concentración del recurso.
Para el análisis, las y los especialistas construyen una base de datos integrada por cerca de 10 millones de registros históricos provenientes del Registro Público de Derechos de Agua, correspondientes al periodo comprendido entre 2019 y agosto de 2024.
La información se complementa con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Con ese cruce, explican, desarrollan un análisis multidimensional de las concesiones y su relación con variables sociales, ambientales y territoriales.
Como parte de la metodología, el equipo analiza anomalías relacionadas con nombres de concesionarios, volúmenes autorizados, transferencias de títulos, así como altas y bajas de concesiones.
El procesamiento de la información se realiza con herramientas avanzadas de análisis de datos y visualización geoespacial, con el propósito de identificar patrones que podrían pasar inadvertidos en revisiones convencionales.
Los hallazgos: más de 531 mil concesiones y mil 524 municipios con acaparamiento
Entre los principales hallazgos, la investigación reporta que para junio de 2025 existían 531 mil 434 concesiones de agua registradas en el país.
Además, identifica mil 524 municipios con condiciones de acaparamiento.
De ese universo, 120 presentan un nivel muy alto, al registrar al menos una variable crítica asociada con la concentración del recurso.
El estudio también reporta que 383 municipios presentan tres variables críticas; 514, dos; y 507, una variable de riesgo.
A partir de estos resultados, el equipo desarrolla un Índice de Riesgo por Acaparamiento del Agua, una herramienta que evalúa tanto el nivel de concentración de las concesiones como la presión ejercida sobre los recursos hídricos.
Para qué sirve el monitoreo permanente de concesiones, según el equipo investigador
De acuerdo con los especialistas de la IBERO, el objetivo del estudio es ofrecer evidencia científica para orientar políticas públicas, fortalecer la rendición de cuentas y apoyar la toma de decisiones para una distribución más equitativa del agua.
También subrayan que el monitoreo permanente de las concesiones constituye un paso fundamental para enfrentar los desafíos derivados del estrés hídrico y la creciente demanda del recurso.
En ese marco, señalan que contar con información abierta, sistematizada y respaldada por metodologías científicas puede contribuir a prevenir conflictos por el acceso al agua y promover una gestión basada en criterios de sostenibilidad, transparencia y justicia social.
El contexto legal: el Senado aprueba una nueva Ley General de Aguas en diciembre de 2025
En diciembre de 2025, el Senado de México aprueba la nueva Ley General de Aguas y una reforma a la Ley de Aguas Nacionales con 85 votos a favor y 36 en contra, tras un debate que concluye con el envío del decreto al Ejecutivo Federal para su publicación.
La norma recibe respaldo mayoritario. Las reservas de modificación propuestas por legisladores de Morena, PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano son rechazadas, por lo que el texto final queda como fue planteado originalmente.
La ley establece que las concesiones para el uso del agua ya no podrán ser intercambiadas entre particulares y serán reasignadas únicamente por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Reconoce el derecho humano al acceso al agua y su gestión equitativa y sustentable, alineada con la Constitución y los tratados internacionales.
Entre los puntos clave, la nueva legislación elimina la transferencia de derechos de agua entre particulares y obliga a que las concesiones no utilizadas se recuperen para reasignación.
Incorpora un catálogo de delitos hídricos, establece políticas públicas con perspectiva de género, discapacidad e interculturalidad y transforma el Registro Público de Derechos de Agua en el Registro Nacional del Agua.
El marco legal refuerza la detección y sanción de usos irregulares, modifica la estructura de pago de cuotas para evitar acaparamiento y define reglas específicas para concesiones de uso agrario.
Ordena la creación de un órgano de control interno y obliga a los estados a armonizar su legislación en un plazo de 180 días tras la publicación.
La decisión ocurre en un contexto de presión sobre los recursos hídricos, derivada de sequías, disputas sobre concesiones y aumento de la demanda agrícola y urbana.
