El Cabildo de Gran Canaria cree que está en plazo de ampliar el estadio de cara al mundial
Las Palmas de Gran Canaria, 8 jul (EFE).- El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha afirmado este miércoles que el hecho de que haya quedado desierta la adjudicación de la ampliación del estadio de Gran Canaria forma parte del proceso administrativo y que hay plazo para terminar la obra a tiempo para acoger el Mundial de fútbol de 2030.
En declaraciones a los periodistas, Morales ha recordado que sucede con frecuencia en los concursos de las obras públicas que una licitación quede desierta y ha explicado que el siguiente paso, como prevé la ley, es abrir una negociación con las empresas que han concurrido para una adjudicación directa y, si no fuera posible, habría que reordenar el proyecto.
Asimismo, ha indicado que el próximo lunes se reunirá con el Instituto Insular de Deportes -promotor formal de la obra- para analizar la situación, después de que ninguna empresa se haya interesado por hacerse cargo de la reforma por 174 millones de euros, su presupuesto de licitación.
Ha manifestado también que no está sorprendido por lo ocurrido con la ampliación del estadio, porque ha reiterado que forma parte del proceso administrativo y que aún se dispone de casi cuatro años para llevar a cabo la obra.
En cuanto a las objeciones expresadas por las empresas de que el tiempo señalado para ejecutar la obra es insuficiente y que los precios están por debajo del mercado, ha alegado que ya se indicó lo mismo con la adjudicación de la obra del antiguo psiquiátrico de Tafira para transformarlo en centro sociosanitario y las obras han comenzado "normalmente".
Por ello, ha dicho que no va a entrar en ese tipo de valoraciones, que "son opiniones de parte interesada, que hacen llegar de parte interesada, y no es lo que debe animar a una administración pública a resolver los procedimientos administrativos en la gestión de una obra de estas características".
Morales ha afirmado que se actuará como establece la ley, al tiempo que ha puntualizado que los precios que se establecen son los que figuran en el marco legal, "no los que nos puedan parecer a nosotros", sino los fijados para las administraciones públicas. EFE
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