Amplía Congreso catálogo de perfiles profesionales para titularidad del Orfis Nius de Veracruz

• Además de la licenciatura en Derecho, podrán participar personas con estudios en contaduría pública, economía o administración pública.

Xalapa, Ver., 07 de julio de 2026.- El Pleno de la LXVII Legislatura del estado de Veracruz aprobó por mayoría de votos el dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Vigilancia, que reforma el Artículo 67 de la Constitución Política del Estado para establecer que, además de la licenciatura en Derecho, para la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), podrán participar personas con perfiles profesionales en áreas de contaduría pública, economía o administración pública.

En el dictamen, (que registró 39 votos a favor y siete en contra, sin abstenciones) resultado de la iniciativa presentada el pasado 30 de junio por el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén, las legisladoras y legisladores estimaron conveniente ajustar que la persona aspirante al cargo de titular del organismo autónomo no debe haber ocupado, durante el año previo al de su nombramiento, la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, de alguna secretaría de despacho, de la Fiscalía General del Estado (FGE), Senaduría, diputación local o federal, ni presidencia municipal.

De igual forma, las instancias dictaminadoras exponen que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado prevé, para la titularidad del Orfis, los perfiles de contador público, licenciaturas en derecho, economía o administración pública, así como la experiencia mínima que la propia ley determina en materia de control y auditoría, “la reforma ajusta el perfil constitucional exigido a la persona titular, para hacerlo compatible con la naturaleza de la función fiscalizadora y con lo dispuesto en la ley de la materia”, destaca.

Previamente, indican que el título de licenciado en Derecho acota el acceso al cargo de perfiles profesionales igualmente idóneos para la revisión de las cuentas públicas, como los propios de la contaduría pública, la economía y la administración; por lo que consideraron viable la reforma al último párrafo de la fracción III del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz.

Al tratarse de una reforma a la Carta Magna del estado su aprobación se sujeta al procedimiento del Artículo 84 del propio ordenamiento, conforme al cual las reformas deberán ser aprobadas por el voto de las dos terceras partes de las diputaciones que integran el Congreso y, para formar parte de la Constitución, requerirán la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos; correspondiendo a esta Soberanía o a la Diputación Permanente el cómputo de los votos de los ayuntamientos y, en su caso, la declaratoria respectiva.

Posicionamientos

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén explicó que la reforma sustituye una remisión genérica por un catálogo directo de profesiones para quienes aspiren a ocupar la titularidad del Orfis. Agregó que la función fiscalizadora demanda perfiles profesionales que deben estar acompañados de experiencia acreditada en control, auditoría y rendición de cuentas, tal como lo establece la ley.

Añadió que con esta reforma se garantiza que el Orfis sea encabezado por mujeres y hombres que posean una preparación técnica adecuada al ejercicio de las atribuciones, “limitar artificialmente el universo de aspirantes a un solo tipo de formación profesional no fortalecía la fiscalización. Hoy eliminamos esa restricción y abrimos la puerta a que los mejores talentos, con independencia de su disciplina de origen, puedan poner su conocimiento al servicio de la vigilancia del patrimonio colectivo”.

La legisladora Citlali Medellín Careaga, de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), manifestó que el dictamen abre el acceso a las profesiones vinculadas con la revisión del gasto público, con título expedido cuando menos cinco años antes del nombramiento; conserva las garantías de imparcialidad, porque quien ocupe la titularidad deberá mantenerse al margen de todo partido político, dedicarse por completo a la función y llegar sin haber ocupado cargos políticos de primer nivel en el año previo.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román indicó que debe dejarse por escrito en la ley que la persona que ocupe la titularidad del Orfis debe ser alguien imparcial. De igual forma se pronunció por legislar para designar a personas objetivas y con experiencia en diversas áreas.

La legisladora del Partido del Trabajo (PT), Elizabeth Morales García, precisó que la fiscalización ocupa un lugar importante en la vida democrática del estado debido a que contribuye a fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Destacó que esta reforma actualiza la Constitución para que la persona titular del organismo autónomo cuente con el perfil profesional acorde con la naturaleza técnica de la responsabilidad que asumirá.

Por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), la diputada María Elena Córdova Molina expresó que la fiscalización es una alta responsabilidad, toda vez que debe servir a las y los veracruzanos y no al gobierno en turno. Informó que no acompañan esta reforma ya que se cambian las “reglas del juego” previo al nombramiento de quien ocupe la titularidad del Orfis.

Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la legisladora Ana Rosa Valdés Salazar criticó la reforma y consideró que es “a modo” para que venga una persona de fuera para la función fiscalizadora, “es un gran retroceso para Veracruz”.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz lamentó que se quite el requisito de ser veracruzano para ocupar la titularidad del organismo autónomo y aseveró que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el principio de igualdad no impide establecer requisitos de acceso a cargos públicos.

El legislador Héctor Yunes Landa dijo que con esta reforma se menosprecia el talento de miles de veracruzanos al seguir trayendo funcionarios de otras entidades. Agregó que es una estrategia para un blindaje alejado de los principios de certeza y seguridad, “además quitan el requisito del promedio mínimo de calificaciones durante su trayectoria profesional”.

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