Militares vinculados con el ingreso de huachicol en Aduana Tamaulipas
Tres elementos del Ejército estarían vinculados con el ingreso irregular de 144 millones 508 mil 856 litros de diésel, nafta y gasolina por la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, según señala una investigación federal de la Fiscalía General de la República.
El caso ha causado revuelo por el volumen de combustible investigado y porque coloca bajo la lupa a mandos militares responsables de áreas clave del control aduanero.
La información proviene de la carpeta FED/FEMDO/FEIDMHDARVTAMP/0000715/2025, y apunta a integrantes del Ejército que ocuparon puestos de dirección u operación dentro de la Aduana de Matamoros.
Los tres señalados son: Armando Barrera Trujillo, teniente coronel y ex titular de la Aduana de Matamoros; se le atribuye el delito de delincuencia organizada; Blas Pedro Sarabia García, teniente coronel que sucedió a Barrera en la administración de la aduana, es señalado por delincuencia organizada y contrabando calificado y Jorge García García, teniente de Policía Militar y ex subdirector de Operación Aduanera, es acusado de delincuencia organizada y contrabando calificado.
Los tres tienen órdenes de aprehensión y se encuentran prófugos. Fue el juez Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, giró las órdenes dentro de un grupo de 13 funcionarios aduanales, agentes aduanales y empresarios investigados.
La investigación sostiene que el esquema habría operado mediante los documentos utilizados para tramitar el ingreso de las mercancías al país.
De acuerdo con la Fiscalía, entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025 fueron procesados pedimentos correspondientes a 144 millones 508 mil 856 litros de diésel, nafta y gasolina, pero los productos habrían sido declarados ante la aduana como solución de cloruro de calcio.
La diferencia es central para entender el caso: la cifra de 144 millones de litros corresponde al volumen de hidrocarburos que la Fiscalía afirma que fue tramitado bajo una descripción distinta. No significa que las autoridades hayan asegurado físicamente esa cantidad de combustible en un solo operativo.
Según la indagatoria, los trámites fueron realizados por Servicios Aduanales JR S.A.S. de C.V., con sede en Reynosa, Tamaulipas. La FGR identifica como importadoras a:
- Jumandi Group S.A.P.I. de C.V., ubicada en Aguascalientes.
- Ferroservicios S.A. de C.V., localizada en Pedro Escobedo, Querétaro.
El expediente atribuye a esta operación una estructura que habría requerido la participación de empresarios, agentes aduanales y servidores públicos para permitir el paso de los cargamentos.
La FGR sostiene que la supuesta organización contó con apoyo dentro de la estructura encargada de vigilar y autorizar las operaciones aduaneras.
Armando Barrera Trujillo estuvo al frente de la Aduana de Matamoros durante parte del periodo bajo investigación. Según la carpeta, fue nombrado para ese puesto por el general André Georges Foullon Van Lissum, entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, y anteriormente se desempeñó como jefe de Inteligencia y Operaciones del Centro Regional de Fusión de Inteligencia.
El expediente ubica su gestión dentro del periodo comprendido entre el 1 de junio de 2024 y el 15 de julio de 2025. A partir de esa última fecha, señala la investigación, comenzó la gestión de Blas Pedro Sarabia García.
La Fiscalía sostiene que la organización “mantiene una red de corrupción que incluye a personal de las Fuerzas castrenses”, en referencia a la participación que atribuye a los mandos señalados.
En el caso de Jorge García García, la investigación destaca su función como subdirector de Operación Aduanera, un puesto directamente relacionado con el funcionamiento del recinto.
La Fiscalía identifica como presunto dirigente de la organización a Armando III Riestra Fernández, socio único y representante legal de Servicios Aduanales JR, la empresa que habría realizado los trámites aduaneros.
Riestra Fernández se encuentra preso desde enero de 2026 en el Penal Federal del Altiplano, según el expediente. La acusación sostiene que la empresa bajo su representación fue utilizada para tramitar el ingreso de los hidrocarburos con una declaración distinta sobre la mercancía transportada.
En total, las órdenes de aprehensión alcanzan a 13 personas relacionadas con el expediente. De ellas, siete habían sido detenidas y procesadas desde enero; seis permanecían en los penales federales del Altiplano y el Femenil de Morelos, mientras una obtuvo prisión domiciliaria, según la información del caso.
El caso de Matamoros surge después de otra investigación federal que alcanzó a integrantes de la Marina, ex funcionarios aduanales y empresarios por una red distinta de contrabando de combustible.
En septiembre de 2025, el Gobierno federal informó de 14 detenidos dentro de aquella investigación, que incluyó a mandos navales y personal relacionado con aduanas. Ese expediente se centró en operaciones presuntamente realizadas mediante rutas marítimas y otros puntos aduaneros. El caso de Matamoros es una investigación diferente y no debe confundirse con esa red, pero ambos tienen un elemento común: la sospecha de que estructuras criminales aprovecharon controles aduaneros para introducir hidrocarburos de manera irregular.
Fuente: Reforma
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