Fracasa nueva rebelión panista operada por Alejandra Gutiérrez Periódico Correo
1.- Fracasa nueva rebelión panista operada por Alejandra Gutiérrez
El sábado pasado, en un hotel ubicado en el bulevar López Mateos y Pradera, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, citó a varios de sus funcionarios. El mensaje fue claro: dejar el PAN y embarcarse con ella en la construcción de un nuevo proyecto político. Algunos aceptaron. Otros le dijeron que no.
Había de dos sopas: o estaban con la alcaldesa o seguían en el PAN. Fue un pase de lista para medir lealtades.
Desde hace semanas se venía cocinando la operación. Algunas renuncias estaban cantadas y otras seguían en la duda. El objetivo era provocar una desbandada de peso que doliera al PAN. Esa apuesta fracasó.
Ayer se hizo pública una de esas renuncias. El director de Desarrollo Social, Miguel Ángel Bosques Vera, aplicó la clásica: que tras una "profunda reflexión" decidió abandonar el PAN. Debió ser muy profunda porque apenas el miércoles sostenía que seguía afiliado y que no estaba metido en asuntos políticos.
También se van Salvador Toledo Muñoz, director del IMJU; Ma. Marisol Arellano Romo, de Atención Ciudadana, cercana al exsecretario de Vinculación Allan León Aguirre; Itzel Aranxa Carrillo Torres, secretaria técnica del comité municipal anticorrupción; además de otros nombres que, en conjunto, suman once. La realidad es menos espectacular de lo que pueda venderse: ninguno levanta escándalo. Varios figuran por relaciones políticas, familiares o de amistad. La caballada está tan flaca que las renuncias incluyen a jóvenes que apenas se habían afiliado al PAN en 2025.
Ahora vendrán los discursos sobre la pérdida de los valores panistas, las reflexiones personales y los llamados a construir una nueva alternativa. Pero detrás hay algo mucho más simple.
El PAN ya había iniciado procedimientos de expulsión contra varios de los que se van. Bosques Vera, Salvador Toledo Muñoz, Ma. Marisol Arellano Romo y Luis Alberto Camacho Ríos —también cercano a León Aguirre— difícilmente podían vender su salida como un acto de reflexión cuando su permanencia en el partido ya tenía fecha de caducidad. Lo que hicieron fue adelantarse para intentar controlar el relato, principalmente el director de Desarrollo Social.
La primera tanda de "renuncias" deja una mala conclusión para la alcaldesa. Seguramente vendrán más bajas, pero el golpe que pretendía cimbrar al PAN terminó pareciéndose más a un petardo que a la explosión política que se venía calentando en su círculo cercano. La demostración de fuerza acabó exhibiendo, por ahora, los límites de su capacidad de arrastre.
Por cierto, la lista de quienes enfrentan ese procedimiento de expulsión incluye a Allan León Aguirre, Héctor Eduardo Ramírez Valdez, Roberto Palomares Torres, Alejandro Herrera Zúñiga, José de Jesús Gutiérrez Ávalos y Guillermina Ponce Velázquez.
2.- La presión terminó moviendo al PAN
La presión ciudadana y política terminó alcanzando al gobierno estatal. Cada vez era más difícil sostener el retraso en la implementación de la pensión para personas con discapacidad sin pagar un costo político.
El punto de quiebre llegó el 18 de junio. Ese día, el diputado panista Jesús Hernández Hernández rompió con la disciplina de su bancada y votó junto con Morena para exhortar a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo a acelerar la puesta en marcha del apoyo. Fue uno de los gestos de mayor independencia dentro del PAN en la actual Legislatura y, paradójicamente, terminó fortaleciendo más la presión sobre el gobierno que el propio exhorto promovido por la oposición.
La inconformidad no pasó inadvertida al interior del grupo parlamentario. En ese momento se respondió que ya se preparaba una iniciativa para construir una pensión "integral", distinta al modelo federal basado únicamente en la transferencia de recursos.
El reclamo, sin embargo, parece haber acelerado los tiempos. En la última sesión del periodo ordinario, Hernández Hernández presentó la iniciativa que faculta a la Secretaría de Derechos Humanos para establecer las reglas de operación del programa. La propuesta plantea que el apoyo no se limite a una entrega de dinero, sino que también pueda traducirse en servicios, educación, rehabilitación u otros mecanismos de atención.
Todo indica que el PAN tendrá en esta reforma una de sus prioridades. No pueden darse el lujo de romper con uno más de los suyos.
Pero al debate aún le falta. Morena insiste en replicar el esquema federal, cuyo costo se estima en alrededor de 1,800 millones de pesos anuales. El gobierno estatal busca un modelo distinto que le permita atender a las personas con discapacidad sin comprometer recursos que hoy financian otros programas prioritarios, entre ellos la Tarjeta Rosa.
3.- Intereses criminales toman la cancha: de la negación al reconocimiento
El reportaje publicado por The New York Times sobre las presiones del crimen organizado a ligas de fútbol llanero volvió a poner bajo los reflectores un fenómeno que en Guanajuato se escuchaba como un simple rumor.
Las primeras alertas surgieron en Salamanca, cuando jugadores veteranos denunciaron que eran víctimas de extorsión, según consignó Periódico Correo en su momento. Las autoridades aseguraban no tener reportes sobre amenazas criminales. Días después ocurrió una de las peores masacres registradas en un campo de fútbol del estado: once personas fueron asesinadas en la comunidad de Loma de Flores. Después vendrían más denuncias similares.
La postura de autoridades comenzó a cambiar ante lo inocultable. El alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, planteó desde mayo la necesidad de investigar los flujos económicos de algunas ligas, donde cada semana pueden circular más de 200 mil pesos en un solo equipo, en buena medida por la contratación de los llamados talacheros.
Ayer, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo reconoció esta problemática, pero llamó a que se evite la criminalización del fútbol llanero.
El reportaje justamente destaca que muchas ligas representan espacios comunitarios que alejan a jóvenes del consumo de drogas y del reclutamiento criminal. Los mismos veteranos que denunciaron las extorsiones también son prueba de ello: encontraron en el fútbol una forma de seguir activos y construir comunidad, no de destruirla.
Lo que finalmente comienza a asumirse es que el crimen organizado no solo disputa territorios o mercados ilegales. También busca controlar espacios cotidianos donde circula dinero e influencia social. Las canchas de fútbol llanero son una muestra más de hasta dónde ha logrado extenderse esa presencia.
Contra Retrato
Juan Francisco Vera Ayala
El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato se convirtió en la primera voz de peso en cuestionar la iniciativa impulsada por el fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, y respaldada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que las fiscalías locales puedan investigar y judicializar delitos de delincuencia organizada.
No sorprende. Era previsible que encontrara resistencias y que estas aumenten conforme la propuesta sea analizada por el Congreso del Estado antes de su eventual envío al Congreso de la Unión.
Vera Ayala parte de un argumento simple: la persecución del crimen organizado es una atribución constitucional del gobierno federal y modificar ese diseño implicaría desafíos jurídicos y operativos importantes. Pero introduce un elemento que merece mayor atención: la distribución de competencias también funciona como un contrapeso institucional, al evitar que un solo órgano ministerial concentre un poder que podría derivar en abusos.
Hasta ahora, el debate se había concentrado en la capacidad operativa. Bajo lo que dice Vera Ayala podemos preguntarnos: ¿existe la confianza suficiente para ampliar las facultades de una fiscalía local?
Es cierto también que la iniciativa plantea un esquema de concurrencia y coordinación con las autoridades federales, no una sustitución de competencias. Sin embargo, justamente ahí estará uno de los principales puntos de discusión al definir hasta dónde llega esa concurrencia y cuáles serán sus límites.
La discusión apenas comienza y en este punto no se ve éxito más allá del congreso local. Y bajo esto no se debe olvidar la dimensión política. La iniciativa permite al gobierno estatal proyectar una postura de mayor firmeza frente al crimen organizado, independientemente de que la reforma prospere o quede archivada. Ese mensaje político forma parte de la estrategia y no puede ignorarse.
