Vas al súper o a Unifin El Financiero
Sí, es el poder. Sí, es en tiempos de Morena. Sí, le están haciendo un daño patrimonial a las finanzas de Valle de Bravo. Sí, hay desacato a la orden de una magistrada.
Esta es una historia en la que hay múltiples marcas y personajes. Gigantes financieros como el español Santander y el muy mexicano Banorte. Desarrolladores como Sordo Madaleno, Artigas y Terraforma. Acreedores cuatroteros, como Nacional Financiera. Juzgadores como la magistrada Mirna Mónica Ochoa López, de la Primera Sala Regional Toluca del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex. Y un personaje de alta alcurnia empresarial: Alejandro González Zabalegui.
Estamos hablando de que al municipio de Valle de Bravo, que comanda la nepotista, polémica y muy cuatrotera Michelle Núñez, lo despojaron de seis mil 700 metros cuadrados en la zona más alta de la comunidad de Los Álamos, con fraccionamientos de ultralujo y mansiones a todo alrededor. El valor de ese metraje es de nada más y nada menos que 13 millones de pesos. Millones que asumimos que no le sobran a Núñez y que debería recuperar inmediatamente. ¿Por qué? Porque ella está administrando Valle de Bravo; no le pertenece, y sí tiene la obligación de cuidar cada peso de las y los vallesanos. Otro delito más que se le puede atribuir a esta alcaldesa, quien llegó después de que La Nueva Familia Michoacana levantara a su contrincante de la oposición, Sudikey Rodríguez, para así imponerla, y que El Pez y El Fresa fueran, de facto, los dueños y señores de Valle.
Siéntense cómodamente
Hace años, la empresa Terraforma, con razón social Promotora Ecovalle SA de CV, decidió construir su desarrollo llamado El Jacal y agandallarse los casi siete mil metros cuadrados de un camino que comunica a la comunidad de Los Álamos con el camino empedrado que baja hacia la carretera que lleva al centro de Valle de Bravo. ¿Cómo le hizo? Simplemente bardearon el camino y lo eliminaron, afectando la zona a largo plazo, porque vendrán más desarrollos inmobiliarios que no tendrán manera de abastecerse, comunicarse ni conectarse al progreso.
Estamos hablando de la privatización de una vía pública; de un bien público que es de las y los vallesanos, como reconoció la Primera Sala Regional Toluca del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex. ¿Por qué Terraforma-Ecovalle puede quedarse con 13 millones de pesos del municipio sin que nada pase? Habría que preguntarle a la alcaldesa Michelle Núñez, así como a su padrino Horacio Duarte, quien no quiere ejecutar la orden judicial de incorporar el camino al patrimonio municipal y está en flagrante desacato.
Michelle tendría que tomar de vuelta la vía de comunicación y tirar la barda de Ecovalle. ¿Por qué no lo hace? Les doy pistas. Resulta que Coldwell Banker Luxury promueve los predios, de dos hectáreas cada uno, a un precio de 2.2 millones de dólares (unos 38 millones de pesos). Hablamos de que el desarrollo, en su conjunto, tendría un valor de 456 millones de pesos, monto nada despreciable. Pero hay más: la mayoría de los terrenos está a nombre de –redoble de tambores– Alejandro González Zabalegui, en copropiedad con Ecovalle.
Aparecen fantasmas y villanos en esta historia.
Hay uno de esos predios, en particular, que está hipotecado con Nacional Financiera, por un crédito de 800 millones de pesos. ¿De quién es el crédito?
Inhale y exhale
Primero, ocurrió una “supuesta venta” por 35 millones de pesos. La compradora fue una empresa de nombre Villas del Mar 22, SA de CV. La dueña de la empresa es nada menos que Almudena Lebois Ocejo, hija de Rodrigo Lebois, fundador de la quebrada financiera Unifin.
¡Le atinaron! Los 800 millones se los prestó Nafin a Unifin. La garantía es el terreno abandonado (de solo 35 millones) del fraccionamiento El Jacal.
Un crédito a 15 años, con 6% de interés para Unifin, que ahora difícilmente le será pagado al banco del gobierno. Hay una anotación más en el Registro Público de la Propiedad: el destino del crédito es “atender personas físicas con actividad empresarial” (más riesgosas que prestarle a una persona moral con patrimonio). Todo indica que, por cómo terminó Unifin, la colocación de los 800 millones también fue desastrosa.
¿Quién valuó el terreno de El Jacal? Seguramente lo hicieron desde la oficina de Nafin (sin conocer que el desarrollo El Jacal está abandonado y no tiene un solo predio construido) o el avalúo fue realizado por el Indaabin, que se encarga de valuar los bienes nacionales y debiera saber que algo abandonado en la cima de una montaña no vale nada.
Los números no cuadran. Utilizan terrenos sobrevaluados para garantizar créditos de cientos de millones para Unifin. ¿Alejandro González Zabalegui habría ayudado a Almudena Lebois, facilitándole la compra de estos predios abandonados, muy lejos de la vista de Nafin?
¿Sabrá Nafin que, aceptando como garantía ese predio de la hija de Lebois de Unifin, está participando directamente en el despojo de siete mil metros cuadrados de una calle del municipio de Valle de Bravo, que el notario incluyó en las escrituras de todo el fraccionamiento?
¿Cómo es que un empresario como Alejandro González Zabalegui, dueño de una empresa que cotiza en la BMV como La Comer, vende terrenos que tienen implícito ese mismo despojo de 13 millones de pesos?
Esta historia Núñez-González-Lebois huele bastante feo. El olor fétido llega hasta las más altas esferas financieras de México, desde el mismísimo Valle de Bravo.
