Los 800 millones para Oaxaca y la rendición de cuentas El Financiero
¿800 millones para destinar a la educación son mucho o poco? No hay una respuesta fácil, porque en realidad depende de quién los gaste, para qué y, sobre todo, de qué tan dispuestos estemos como sociedad a exigir que cada peso de dinero público tenga un destino claro y resultados comprobables.
Lamentablemente, en educación nos hemos acostumbrado a discutir cuánto se dinero se le destina cuando se anuncia el Presupuesto de Egresos de Federación, pero después ya no nos enteramos si esa cantidad se modifica y cómo se termina gastando en realidad, no solo por la SEP sino por otras instituciones que forman parte del Sistema Educativo Nacional.
Una de esas instituciones fue el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), del cual durante años escuchamos que era un organismo costoso, burocrático, demasiado técnico y hasta punitivo. Su presupuesto anual rondaba justo los 800 millones de pesos. En 2019, se dijo que era necesario desaparecerlo aludiendo a la austeridad y la simplificación administrativa, después ocurrió algo similar con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), también extinguida, junto con otros organismos, bajo el argumento de reducir el aparato gubernamental.
Con esto se nos enviaba un mensaje claro: el Estado mexicano no puede darse el lujo de sostener instituciones que cuestan varios cientos de millones de pesos al año. Sin embargo, hace unos días el Gobierno Federal anunció una bolsa extraordinaria de exactamente de 800 millones para atender demandas relacionadas con el conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y dirigidos específicamente a Oaxaca. Y de nuevo me pregunto algo que tal vez no tiene respuesta ¿de dónde saldrán esos recursos si no estaban presupuestados desde el inicio del año?
Y esto no me lo cuestiono porque Oaxaca no los necesite. Todo lo contrario. Sin duda este estado enfrenta algunos de los mayores rezagos educativos del país. Más de 809 mil estudiantes asisten a educación básica pública en poco más de 13 mil escuelas, pero apenas una de cada cinco escuelas de preescolar cuenta con todos los servicios básicos; la conectividad a internet sigue siendo prácticamente inexistente en miles de escuela y la infraestructura para atender a estudiantes con discapacidad continúa siendo la excepción en absolutamente todos los niveles educativos.
Si existe una entidad que requiere una inversión extraordinaria, probablemente sea Oaxaca. Sin duda hay muchos peros: ¿existe una partida presupuestal aprobada para esos 800 millones?, ¿se trata de una ampliación autorizada conforme a la ley?, ¿qué programa dejará de recibir recursos para financiar este compromiso?, ¿qué metas concretas deberán alcanzarse?, ¿quién evaluará que esos recursos realmente mejoran las condiciones de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes?
En un Estado de derecho, en donde todo está debidamente reglamentado, estas preguntas no deberían interpretarse como una traba al gasto público. Son justamente la condición para que el gasto público sea legítimo. Porque el presupuesto no es una caja chica para disponer de él libremente.
Cada peso que se ejerce es dinero público, su dueño no es el Gobierno. Por ello, cada peso debería poder rastrearse desde su origen hasta sus resultados. Por eso, en Mexicanos Primeo nos resulta fundamente que la inversión en educación, esté acompañada de objetivos claros, indicadores verificables y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Porque las niñas, niños y adolescentes de Oaxaca merecen mucho más que el anuncio de que el dinero va a llegar. Merecen saber que esos recursos llegarán a las escuelas que más los necesitan, atenderán los problemas más urgentes y producirán resultados que cualquiera pueda conocer y evaluar.
Porque el derecho a aprender que impulsamos no solo depende de que existan más recursos. Depende también de que esos recursos se ejerzan con legalidad, transparencia y responsabilidad. En una democracia, la rendición de cuentas no es un lujo; es la única garantía de que cada peso público llegue a donde realmente puede cambiar la vida de una niña o un niño.
