FinCEN detecta más de 7 mil millones de dólares sospechosos de huachicol fiscal en un año Entrelineas
Ciudad de México. A un año de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por su siglas en inglés) emitió una primer alerta para que en su sistema financiero se diera seguimiento a actividades vinculadas con el contrabando de combustibles –también conocido como huachicol fiscal– por parte de cárteles de la droga, se han reportado más de 7 mil millones de dólares en actividad sospechosa relacionada con estos esquemas, de acuerdo con esta agencia del Departamento del Tesoro estadunidense.
A la par, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, también del Tesoro, ha aplicado sanciones a más de 13 personas y 29 empresas por esquemas de contrabando de combustible y petróleo de cárteles, destacó la FinCEN en una alerta en la que actualiza a los bancos y otros participantes de su sistema financiero sobre los indicios de lavado de dinero de huachicol fiscal desde Estados Unidos hacia México.
En mayo del año pasado, FinCEN ya había apuntado que el contrabando y el robo tradicional de combustible y petróleo se han convertido, en conjunto, en la fuente de ingresos ilícitos no relacionados con el narcotráfico más importante para los cárteles de la droga; y según informes citados por esta agencia estadunidense, entre una cuarta parte y un tercio de todo el combustible vendido en México podría ser ilícito.
Como parte de la actualización, FinCEN aseguró que, con base en la información que se le ha proporcionado, los cárteles utilizan cada vez más estas ganancias ilícitas para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, “con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a defender a los cárteles y sus intereses en México, incluyendo su control del comercio ilícito de energía entre Estados Unidos y México”.
La agencia estadunidense asegura que los cárteles utilizan a los políticos corruptos para controlar puestos administrativos clave en el gobierno, a manera de facilitar el contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de estos esquemas y otras actividades delictivas.
El mercado binacional de energéticos se cuenta en millones. De acuerdo con lo consignado por la agencia, México exporta más de 400 mil barriles diarios de crudo a refinerías en Estados Unidos e importa casi 2 millones de barriles diarios de combustible refinado, lo que equivale a más del 70 por ciento del consumo de gasolinas y otros refinados de México.
¿Dónde inicia la ruta del huachicol fiscal?
La FinCEN reconoce que el camino del huachicol fiscal arranca en refinerías de Texas, ubicadas en Houston, San Antonio y el Valle del Río Grande; no obstante, según la agencia, son comerciantes estadounidenses cómplices de los cárteles, los que adquieren combustible “legal” y lo desvían a redes de empresas fachada de transporte y logística bajo control del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el de Sinaloa.
Luego el combustible se embarca en puertos como el de Houston, Beaumont/Port Arthur y Corpus Christi; o se manda a México mediante camiones o trenes que entran por Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila con documentos falsos que hacen pasar la carga por “aceites usados”, “lubricantes” o “residuos”, que no deben pagar impuesto especial sobre producción y servicios.
Ya en México, intermediarios con permisos de comercialización, por parte de la Comisión Nacional de Energía, también usan facturas falsas para blanquear el producto y venderlo a gasolineras.
Al final el dinero regresa a Estados Unidos mediante transferencias internacionales, activos virtuales o depósitos de efectivo estructurados y se termina de lavar con la compra de bienes raíces, vehículos de lujo, joyas y activos de inversión; y en México también se introduce a campañas políticas, según FinCEN.
En su alerta, la agencia estadunidense asegura que justo las medidas tomadas durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, para evitar el robo de combustible, como el cierre de oleoductos o la disminución de permisos para importar, que había explotado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto con la liberación del mercado energético, limitaron “ severamente el suministro de combustible”.
“Esto resultó en una concentración de actores dentro de la industria mexicana de petróleo y gas natural. Sumado a la significativa diferencia de precios entre el combustible estadounidense y el mexicano debido al IEPS, la situación creó un lucrativo mercado negro para el contrabando de combustible no gravado proveniente de Estados Unidos para satisfacer la demanda en México”, apuntó.
