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Caso Ixhuatlán pone presión sobre MC
Luis Alberto Romero
La detención de cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, incluido el director de la corporación, Ismael «N», ha colocado a ese municipio en el centro de la atención pública y también ha generado cuestionamientos hacia Movimiento Ciudadano, partido que gobierna ese lugar.
Las investigaciones relacionarían a los elementos detenidos con la privación ilegal de la libertad de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, un caso que ha provocado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y mantiene abierta la expectativa sobre el avance de las indagatorias encabezadas por las autoridades.
El hecho cobra importancia porque Ismael «N» había sido nombrado director de la Policía Municipal apenas el pasado 2 de enero por el alcalde Raúl González Martínez.
Ahora, la investigación busca determinar cuál fue su participación en los hechos y si existieron responsabilidades adicionales dentro de la administración municipal.
Mientras el proceso judicial avanza, la dirigencia estatal y los representantes de Movimiento Ciudadano han evitado emitir una postura sobre el caso, situación que ha despertado críticas de diversos sectores que consideran necesario un pronunciamiento ante un asunto de esta magnitud.
Hasta hoy, el diputado federal Sergio Gil Rullan y el dirigente estatal del partido naranja, Luis Carbonell de la Hoz, han volteado la mirada, como desentendiéndose del asunto; del alcalde postulado al cargo por su partido; y de los policías municipales detenidos.
En otros casos, como el derrame petrolero en el Golfo de México, el diputado emecista adoptó una actitud provocadora; llevó a la Cámara una cubeta con chapopote y denunció la actuación de las autoridades; ¿asumirá hoy la misma posición en el caso de los elementos de la policía municipal que fueron detenidos?; ¿también denunciará impunidad y violencia en el sur de Veracruz?
La atención, por supuesto, se centra en el Ayuntamiento emecista de Ixhuatlán del Sureste, donde surgen interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y control de la corporación policiaca. La duda es si las autoridades municipales conocían el desempeño de los mandos policiales o si existieron omisiones en la vigilancia de su actuación.
El caso ha adquirido una dimensión mayor debido a las versiones que apuntan a posibles vínculos entre grupos delictivos y algunos integrantes de la corporación municipal; es una línea de investigación que corresponde esclarecer a las autoridades competentes y que, de confirmarse, representaría un problema de seguridad pública de gran alcance para la región sur de Veracruz.
La participación de instancias federales en las investigaciones también ha incrementado el interés público, al tratarse de un asunto que involucra delitos graves y un posible atentado contra la libertad de prensa.
Más allá de las responsabilidades individuales que determinen los tribunales, este caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de fortalecer los procesos de selección, evaluación y supervisión de los cuerpos policiacos municipales, así como la necesidad de que las fuerzas políticas asuman una postura clara cuando alguno de sus gobiernos enfrenta señalamientos de esta naturaleza.
Por ahora, la investigación continúa y serán las autoridades judiciales quienes definan las responsabilidades correspondientes. Entretanto, el caso representa uno de los mayores golpes que ha enfrentado Movimiento Ciudadano en Veracruz durante los últimos años en Veracruz.
@luisromero85
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