Exhiben gastos de recursos públicos en amparo para ocultar sueldos de familiares de Pérez Cuéllar Entrelineas
El Municipio de Juárez, encabezado por Cruz Pérez Cuéllar —quien gobierna con licencia— ha llevado al extremo su resistencia a la transparencia: en lugar de responder una solicitud de información sobre los salarios de sus familiares en la nómina pública, optó por promover un amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación. Y al perder, interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito.
La pregunta que el municipio se niega a responder es concreta: ¿cuántos familiares de Cruz Pérez Cuéllar que ganen más de 80 mil pesos mensuales se encuentran en la nómina municipal de Juárez? No se trata de información confidencial ni de datos reservados. Es información pública, por mandato de ley.
El contraste es evidente. Diversos ayuntamientos del estado de Chihuahua publican de forma proactiva los sueldos y salarios de sus funcionarios. La ciudadanía puede consultar cuánto gana cada servidor público, desde el presidente municipal hasta el último elemento de la administración. En Juárez, esa información no existe —o existe, pero se oculta.
El documento judicial obtenido acredita que el propio municipio, a través de su Delegada, interpuso el recurso de revisión el ocho de junio de dos mil veintiséis, en contra de la sentencia dictada el veintiuno de mayo del mismo año, que ya había fallado en su contra. El expediente fue remitido al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito con residencia en Ciudad Juárez para que resuelva en definitiva.
Lo que debió resolverse con una respuesta simple a una solicitud ciudadana se ha convertido en un litigio prolongado que consume tiempo, dinero público y recursos del sistema de justicia. La pregunta sigue sin respuesta. Los juarenses siguen sin saber si los parientes del alcalde con licencia cobran de su erario. Y el municipio sigue litigando para que eso no cambie.
Cuando una autoridad elige el camino judicial para no rendir cuentas, el mensaje es inequívoco: tiene algo que esconder. La opacidad no es un accidente administrativo. Es una decisión política. Y esa decisión tiene nombre.
