Casi 16.000 aspirantes para 1.325 plazas de funcionario en Cataluña este fin de semana: así se reparte la oferta de empleo público Infobae
Casi 16.000 personas se examinan este fin de semana en Cataluña para optar a 1.325 plazas de funcionario de carrera de la Administración de la Generalitat, en unas jornadas marcadas por las colas desde primera hora de la mañana a las puertas de las facultades donde se celebran las pruebas. En total, 15.795 personas se han inscrito en los 31 procesos de selección que integran la convocatoria número 870, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el pasado 2 de febrero. Del total de inscritos, el 71,36% son mujeres, el 28,33% son hombres y el 0,31% no seleccionó ninguna de las dos opciones, según los datos facilitados por el Departament de la Presidència y recogidos por EFE.
Las pruebas se desarrollan simultáneamente a en las cuatro provincias catalanas. De ellas, Barcelona concentra el mayor número de aspirantes, con 10.924. Le siguen Tarragona, con 1.770; Girona, con 1.567; y Lleida, con 1.534. Un total de 1.267 empleados de la Generalitat han asumido las tareas de vigilancia en todos los recintos.
La administración general concentra la mayoría de plazas
La convocatoria agrupa cuerpos de administración general y escalas especializadas de perfil técnico, según detalla la resolución del DOGC. El cuerpo superior de la administración (grupo A, subgrupo A1), el de mayor nivel, convoca 376 plazas para funciones de dirección administrativa, gestión, elaboración de informes y preparación de normativa. El cuerpo administrativo (grupo C, subgrupo C1), orientado a tareas de colaboración y tramitación administrativa, ofrece 366 plazas.
La agrupación profesional del cuerpo subalterno (el cuerpo de acceso sin titulación académica requerida, con funciones de vigilancia de locales, control de accesos y custodia de instalaciones) convoca 228 plazas. El cuerpo auxiliar de administración (C2), para tareas de mecanografía, archivo y registro, suma 114 plazas, y el cuerpo de gestión de administración (A2), de colaboración con las funciones superiores, completa el bloque con 28 plazas.
A estas se añaden las escalas especializadas de los cuerpos de titulación superior (grupo A1) y de diplomatura (grupo A2), que abarcan un amplio abanico de perfiles técnicos y profesionales. Entre las que ofrecen más plazas figuran la escala de ambientólogos, con 36; la de ingeniería técnica agrícola, con 30; la de trabajo social, con 21; la de veterinaria, con 19; y la de ingeniería técnica industrial, con 16. La convocatoria pública también incluye escalas con menor número de plazas pero de perfil muy específico, como arqueología del patrimonio artístico, planificación lingüística, cartografía o ingeniería química.
El Govern busca rebajar la temporalidad por debajo del 8%
EFE señala que entre los participantes hay un número significativo de interinos de la Generalitat que aspiran a consolidar su empleo como funcionarios de carrera. Para estos trabajadores, superar el proceso selectivo supone pasar de una situación de temporalidad a la estabilidad laboral plena. Muchos de ellos llevan años prestando servicios en la administración catalana y se presentan a la convocatoria con experiencia acumulada que, además, puede computar como mérito en la fase de concurso.
Quienes obtengan plaza deberán completar, en el primer trimestre de 2027, una formación obligatoria pero no eliminatoria a cargo de la EAPC. Según informó EFE a partir de datos del Govern, esta medida busca garantizar que los nuevos funcionarios dispongan de las habilidades y competencias necesarias para el ejercicio de sus funciones, con especial énfasis en la organización institucional y los valores de servicio público. La toma de posesión del cargo se producirá antes de que comience dicha formación.
El Govern enmarca esta convocatoria en su compromiso de aprobar oferta de empleo público y celebrar procesos selectivos con carácter anual, con el objetivo declarado de mantener la tasa de temporalidad en la administración por debajo del 8%, umbral que fija la Ley estatal 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
