Ábalos pedirá al Constitucional la nulidad de su “juicio político” y señala al Supremo por “premiar” a Aldama, “un delator sin comprobaciones” Infobae
José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE, ha hablado desde la cárcel de Soto del Real para rechazar la condena a 24 años y tres meses de prisión que le ha impuesto el Tribunal Supremo en el caso mascarillas. Se trata de un audio de 12 minutos al que ha tenido acceso en exclusiva la Cadena SER.
En ese mensaje, remitido por su entorno, el exministro califica el proceso de juicio “político” con una sentencia “predeterminada”, y afirma que la pena -por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación- es tan desproporcionada que “incluso ha llamado la atención a quien le tuviera inquina”.
La sentencia, adoptada por unanimidad y con el magistrado Andrés Martínez Arrieta como ponente, declarA probado que Ábalos solicitó y aceptó el ofrecimiento de dos millones de euros del empresario Víctor de Aldama a cambio de encauzar desde el Ministerio de Transportes la adjudicación de 13 millones de mascarillas -a través de Puertos del Estado y Adif- a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al comisionista. El alto tribunal también acredita que Aldama abonó 10.000 euros mensuales a Ábalos y a su exasesor Koldo García desde octubre de 2019 hasta junio de 2022.
Ábalos denuncia ante la SER que su causa partió desde la instrucción de una “hipótesis de culpabilidad” con un “propósito de confesión”: al no producirse esa confesión, sostiene, el resultado fue la pena máxima. “Tengo la sensación de que el juicio no sirvió de nada”, afirma, y añade que todos se podrían haber “ahorrado” el mes y medio de sesiones porque el desenlace estaba decidido de antemano.
El pacto con Aldama
El núcleo de la crítica de Ábalos apunta al trato recibido por Aldama, a quien el Supremo ha condenado a cuatro años y medio de prisión, pero cuya pena queda suspendida por su colaboración con la justicia. El empresario no ingresará en prisión, no devolverá los 3,7 millones de euros en comisiones que cobró y solo deberá cumplir un año de trabajos en beneficio de la comunidad, presentar informes semestrales de actividades y no reincidir.
Ábalos denuncia el “pacto” que Aldama alcanzó con la Fiscalía Anticorrupción y lo tacha de “delator no arrepentido”, dado que el empresario continúa vinculado a los mismos negocios de hidrocarburos que le llevaron a prisión preventiva por un presunto fraude del IVA superior a los 231,7 millones de euros, investigado en la Audiencia Nacional. “Corrupción también es la arbitrariedad de la desproporción y el premio al delator que no al arrepentido”, sostiene el exministro en el audio.
Ábalos acusa además a Aldama de haber “confesado en interés propio, para alcanzar la impunidad en esta y el resto de causas, señalando solo a los políticos y protegiendo entre otros al personal de la Guardia Civil que daba soporte a su organización”. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, negó durante el juicio la existencia de un pacto formal, aunque el Ministerio Fiscal pasó en menos de un mes a apoyar la puesta en libertad de Aldama cuando este se encontraba en prisión preventiva por la causa de los hidrocarburos.
La vía del Constitucional
Otro de los argumentos del exministro se refiere a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyo testimonio durante el juicio situó a Aldama en la cúspide de la organización criminal -bajo el principio de que “quien paga manda”- y señaló que la confesión del empresario no había aportado información relevante para la investigación, ya que los investigadores habían descubierto los hechos por su cuenta. Ábalos reprocha que el Supremo ignorara esos testimonios y los informes exculpatorios al fundamentar la condena casi exclusivamente en las manifestaciones del comisionista.
Según informa la Cadena SER, Ábalos recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Entre las irregularidades que alega figuran: la falta de acceso a sus propios dispositivos electrónicos durante la instrucción, la ausencia de remisión de su causa a la Audiencia Nacional tras perder el aforamiento, la privación a Koldo García del derecho a la doble instancia y haber sido obligado a declarar con un abogado al que ya había repudiado.
Koldo García, condenado a 19 años y ocho meses, ya presentó un incidente de nulidad ante el Supremo como paso previo a acudir al Constitucional, en el que también reclama la suspensión de la sentencia.
El Supremo fija en 430.298 euros las ganancias derivadas del delito de cohecho que los tres condenados deberán restituir de forma solidaria: 340.000 euros por los pagos mensuales de Aldama a los otros dos acusados, 82.295 euros por el alquiler de la vivienda de la expareja de Ábalos sufragado por la trama, y 8.000 euros por el alquiler de un chalé en Marbella en el que el exministro pasó una semana de vacaciones en agosto de 2020.
Ábalos, de 66 años, pasará al menos 12 años en prisión antes de recuperar la libertad total.
