Celulares y redes sociales: el debate ya no es prohibir o permitir, sino cómo construir la gobernanza digital Infobae

El informe ejecutivo de MAPEA y el encuentro convocado por Tramared plantean una advertencia urgente: más de la mitad de los estudiantes argentinos se distrae con dispositivos digitales en clase, pero la prohibición absoluta no alcanza para resolver un problema que es pedagógico, cultural, familiar y político.

El celular entró a la escuela mucho antes de que la escuela pudiera decidir qué hacer con él.

Está en los bolsillos, en las mochilas, en los recreos, en las clases, en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, en las tareas y también en los conflictos. Su presencia ya no es una excepción: es parte de la experiencia cotidiana de niños, adolescentes, docentes y familias. La pregunta, entonces, dejó de ser si los celulares deben estar o no en la escuela. La pregunta de fondo es quién gobierna esa presencia, con qué reglas, con qué finalidad pedagógica y con qué capacidad institucional.

El informe ejecutivo de MAPEA sobre redes sociales y uso de celulares fue presentado y debatido en el encuentro organizado por Tramared el pasado 23 de junio. La jornada contó con la participación de referentes especializados en la agenda digital y educativa: Alejandro Artopoulos, profesor de la Universidad de San Andrés, sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y doctor por la Universitat Oberta de Catalunya, especializado en estudios sociales de las tecnologías digitales; Emiliano Pereiro, jefe del área de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial de Ceibal, Uruguay; Juan Benavacqua, responsable de proyectos socioeducativos de políticas sociales en Movistar; y Federico del Carpio, coordinador de Políticas Educativas en Argentinos por la Educación.

Durante el encuentro se analizaron datos que ponen en evidencia una preocupación creciente en las comunidades educativas: en Argentina, según PISA 2022, el 54% de los estudiantes de 15 años declaró distraerse con dispositivos digitales durante la clase, mientras que el 46% afirmó distraerse por el uso que hacen sus compañeros. Estos números muestran que el problema no afecta únicamente a quien utiliza el celular, sino que incide sobre el clima general del aula, la atención colectiva y las condiciones necesarias para enseñar y aprender.

A nivel internacional, la preocupación también crece. Entre 2017-2018 y 2021-2022, el uso problemático de redes sociales aumentó un 49% en promedio en 44 países y regiones relevados por el estudio HBSC de la OMS utilizado por la OCDE. En el mismo período, la victimización por ciberacoso creció un 26% y la perpetración de ciberacoso aumentó un 25%. El dato tiene especial impacto en las niñas: en casi el 80% de los países analizados, la proporción de niñas con uso problemático de redes sociales fue mayor que la de los varones. La brecha de género pasó de 1,5 puntos porcentuales a 5 puntos porcentuales en apenas cuatro años.

Estos datos explican por qué la regulación del celular y de las redes sociales se transformó en un tema central de política pública. A fines de 2023, solo un país miembro o candidato a la OCDE analizaba restricciones de edad para redes sociales. Hacia abril de 2026 ya eran 25 los países con leyes aprobadas o en discusión. La mayoría propone edades mínimas de acceso entre los 15 y los 16 años. Australia, por ejemplo, fijó los 16 años como umbral regulatorio para el acceso a redes sociales.

En América Latina, el debate también avanzó con fuerza. A marzo de 2026, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay contaban con leyes nacionales sobre uso de celulares en escuelas. Argentina, en cambio, no tiene una ley nacional, pero sí regulaciones subnacionales en más de diez provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La región se mueve, aunque con enfoques diferentes: prohibición, restricción, regulación con excepciones, autonomía institucional, usos pedagógicos autorizados y políticas de ciudadanía digital.

Sin embargo, el principal consenso del encuentro Tramared fue claro: prohibir no es lo mismo que educar. La prohibición selectiva puede ordenar ciertos momentos escolares, reducir interrupciones o funcionar como primer paso frente a situaciones críticas. Pero no constituye, por sí sola, una política educativa integral. El problema no es únicamente el dispositivo. El problema es el ecosistema digital en el que viven los estudiantes: redes sociales, algoritmos de persuasión, ciberacoso, sobreexposición, desinformación, publicidad dirigida, inteligencia artificial generativa y nuevas formas de delegación cognitiva.

En el encuentro, los especialistas coincidieron en la necesidad de distinguir entre celulares y redes sociales. Prohibir el celular en la escuela no equivale a regular el acceso de menores a plataformas digitales. Las leyes internacionales más recientes apuntan, en muchos casos, a las redes sociales, a sus mecanismos de captación de atención y a las responsabilidades de las plataformas. Esta distinción es clave: si el diagnóstico se concentra solo en el aparato, la respuesta puede terminar siendo superficial.

El informe MAPEA también recupera evidencia que obliga a evitar soluciones simplistas. Estudios recientes sobre restricciones físicas, como guardar celulares en fundas o casilleros durante la jornada escolar, muestran que estas medidas pueden reducir de manera importante el uso del teléfono, pero no garantizan automáticamente mejoras académicas, mayor atención, mejor asistencia ni reducción del ciberacoso. Incluso pueden generar, en el corto plazo, mayor ansiedad, malestar o conflictos disciplinarios, especialmente si la medida se implementa sin acuerdos ni acompañamiento.

Se conversó sobre la evidencia local también, donde de introducen otros matices a tener en cuenta. El informe técnico de UCA y Asociación Conciencia sobre la escuela secundaria argentina muestra que el uso no permitido de dispositivos móviles en el aula es considerado un problema por el 58,4% de los educadores. Pero no aparece como la principal preocupación. Antes se ubican la falta de motivación estudiantil, señalada por el 82,3%; las inasistencias estudiantiles, por el 73,8%; la falta de personal de apoyo especializado, por el 66%; y la falta de exigencia académica, por el 61,8%. Cuando se pide priorizar los problemas más graves, el uso no permitido de dispositivos móviles queda cuarto, con el 31,3%. Este dato cambia el eje del debate: el celular preocupa, pero aparece dentro de una crisis más amplia de sentido escolar, autoridad pedagógica, motivación, asistencia, convivencia y capacidad institucional.

No se trata solo de sacar pantallas del aula, sino de reconstruir condiciones para enseñar y aprender.

En esa línea, uno de los datos más importantes del informe UCA es que el 41,6% de los educadores prefiere la integración pedagógica del celular en el aula, por encima de la prohibición total, que alcanza el 18,7%, y de la restricción en el aula, que reúne el 16,9%. La integración pedagógica tiene aún más adhesión en escuelas rurales, técnicas, de nivel socioeconómico bajo y entre directivos. Esto sugiere que, en muchos contextos, el celular también puede ser el único dispositivo disponible para acceder a información, producir contenidos, traducir, buscar datos o participar de actividades escolares. Por eso, el enfoque que emerge del encuentro no es el de la permisividad ingenua ni el del prohibicionismo absoluto. Es el de la gobernanza digital. Esto significa construir reglas claras, comunes y sostenibles; definir cuándo sí y cuándo no se usa tecnología; acompañar a los docentes y las familias; escuchar a los estudiantes; proteger la salud mental; regular a las plataformas; y desarrollar ciudadanía digital como contenido transversal de la vida escolar.

La escuela no puede quedar sola frente a una industria tecnológica diseñada para capturar atención. Tampoco puede delegar en cada docente la negociación diaria de reglas en el aula. Se necesitan acuerdos institucionales, marcos públicos, acuerdo docente, acompañamiento a las familias y sistemas de monitoreo. La autoridad pedagógica no se recupera solo retirando dispositivos, sino construyendo condiciones para que la norma tenga sentido, pueda cumplirse y sea parte de una cultura escolar compartida.

El encuentro dejó, además, una advertencia sobre la inteligencia artificial generativa. Ya no se trata únicamente de notificaciones, redes sociales o distracciones. La IA introduce una nueva capa de riesgo: puede facilitar la copia, reemplazar procesos de elaboración, debilitar el pensamiento crítico y promover una delegación cognitiva temprana si la escuela no enseña a usarla con criterio. Pero también puede ser una herramienta poderosa si se integra con sentido pedagógico, ética y orientación docente.

La conclusión más fuerte del informe MAPEA y del debate Tramared es que la política educativa debe salir de la falsa dicotomía entre prohibición y libertad total. La escuela necesita reglas, pero también necesita enseñar. Necesita cuidar, pero también formar autonomía. Necesita limitar ciertos usos, pero no renunciar a preparar a los estudiantes para vivir en un mundo digital.

El celular en la escuela es apenas la parte visible de una transformación más profunda. Lo que está en juego no es solo la atención en clase. Es la capacidad del sistema educativo para formar ciudadanos críticos en un entorno atravesado por pantallas, plataformas e inteligencia artificial. La respuesta no puede ser espasmódica ni meramente normativa. Tiene que ser pedagógica, institucional y democrática.

Porque el verdadero desafío no es sacar el celular de la escuela. Es lograr que la escuela vuelva a gobernar el tiempo, la atención, la convivencia y el aprendizaje en una sociedad digital.