El nuevo Fondo de Asistencia Laboral: ¿qué cambia y qué sigue igual en los despidos? Infobae

Durante décadas, el pasivo laboral fue una de las principales preocupaciones de las empresas argentinas.

Es sabido que la Argentina viene manteniendo un prolongado ciclo de inestabilidad económica. En este escenario endeble, uno de los interrogantes que enfrentaban los empresarios era cómo crecer. Muchas veces, la única respuesta posible era contratar más trabajadores. Pero esa decisión encerraba otro interrogante ¿es posible contratar sin asumir un alto riesgo?

Es que, cuando las empresas contrataban trabajadores, se enfrentaban a un escenario complejo. Por una parte, los avatares propios de la economía, por otra, el alto costo laboral –constituido por las sumas de dinero que debían desembolsar por sobre el salario de bolsillo de sus dependientes– y, por último, la asunción de eventuales contingencias futuras de difícil previsión. El problema principal consistía en determinar, en caso de que fuera necesario desvincular trabajadores, cuánto costaría cada eventual salida sin comprometer la continuidad de la empresa ni el mantenimiento de las relaciones con los trabajadores no afectados por la medida.

Esa incertidumbre afectaba por igual a las grandes compañías, y a miles de pequeñas y medianas empresas. Pero en el caso de estas últimas, debido a la imprevisibilidad de dichos costos, la solución “de entrecasa” consistía en no crecer ni incorporar personal, por temor a los costos asociados a un eventual conflicto laboral, lo cual –indudablemente– repercute en la economía del país.

Durante décadas, el pasivo laboral fue una de las principales preocupaciones de las empresas argentinas

Para atender estas situaciones, se sancionaron la Ley Bases y la Ley de Modernización Laboral en 2024 y 2026, respectivamente, normas cuya finalidad es la de fomentar la contratación mediante la reducción de algunos riesgos vinculados, principalmente, a la contratación y a la desvinculación de los trabajadores.

En este último punto, ambas leyes incorporaron instrumentos con la intención de aumentar la previsibilidad del costo de los despidos. Así, la Ley Bases estableció los fondos de cese laboral, mientras que la Ley de Modernización Laboral hizo lo propio con los fondos de asistencia laboral (FAL), recientemente reglamentados por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 408/26 del 1/6/2026. La principal diferencia entre ambos radica en que la incorporación de los empleadores a estos últimos es obligatoria, y se ha previsto como fecha de entrada en vigencia del sistema el 1/11/2026.

La novedad ha generado expectativas, dudas y algunos malentendidos.

Lo primero que debe aclararse es que el FAL no elimina las indemnizaciones por despido ni suprime los derechos de los trabajadores. Tampoco implica el fin de los juicios laborales. Lo que introduce es una herramienta alternativa para cubrir determinadas contingencias derivadas de la extinción de la relación laboral.

El FAL no elimina las indemnizaciones por despido ni suprime los derechos de los trabajadores

La idea no es del todo nueva. Existen antecedentes en distintos sectores económicos y en otros países en los que ciertos riesgos laborales se gestionan mediante fondos específicos, seguros o mecanismos colectivos de cobertura.

La diferencia es que, por primera vez, la legislación argentina habilita un esquema general que permite a empleadores y sindicatos acordar mecanismos para afrontar esos costos de manera anticipada y, sobre todo, previsible.

Desde el punto de vista económico, la reforma persigue el objetivo de reducir la incertidumbre.

Cuando una empresa conoce de antemano el costo de un riesgo, puede planificar mejor sus inversiones, contratar personal con mayor previsibilidad y asignar recursos de manera más eficiente. En otras palabras, el problema no siempre es el costo en sí mismo, sino la imposibilidad de conocerlo con anticipación.

Pero también reduce la incertidumbre de los trabajadores. No es poco frecuente encontrarse con conflictos en los cuales, aun contando con sentencias favorables, los trabajadores se las vean en figurillas para ver satisfechos sus créditos, no siempre por accionares esquivos de los deudores. Las sucesivas crisis económicas, muchas veces han llevado a las empresas a situaciones en las cuales les resulta imposible afrontar los créditos, inclusive, los de sus dependientes. En este sentido, los fondos se erigen como garantía de su percepción.

Desde el punto de vista económico, la reforma persigue el objetivo de reducir la incertidumbre

Pero, la reglamentación dejó abiertos varios interrogantes.

Uno de los principales desafíos será determinar quiénes administrarán estos fondos y bajo qué estándares de control. La experiencia vivida en otras épocas de la Argentina demuestra que cualquier sistema que acumule recursos significativos requiere reglas claras de gobierno corporativo, transparencia, auditoría y supervisión.

También será necesario observar cómo reaccionarán los distintos actores del sistema. El éxito de los fondos dependerá en gran medida de cómo responda el Poder Judicial a los cuestionamientos que, indefectiblemente, recibirá. Por esa razón, el impacto real de la reforma probablemente sea gradual y el éxito del sistema –medido en un incremento de las contrataciones del sector privado– tarde años en materializarse.

Otro aspecto relevante es que la reglamentación parece admitir distintas estructuras jurídicas para instrumentar estos mecanismos, incluyendo fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión que podrían ser administrados por entidades especializadas del mercado de capitales.

Cualquier sistema que acumule recursos significativos requiere reglas claras de gobierno corporativo, transparencia, auditoría y supervisión

Esta apertura genera oportunidades interesantes para el desarrollo de nuevos productos financieros vinculados al mundo laboral, aunque también exige una cuidadosa coordinación entre la normativa laboral y la regulación financiera, que la propia norma delega en la Comisión Nacional de Valores.

Por eso, quizás la pregunta más importante no sea si los fondos de asistencia laboral reemplazarán al sistema tradicional, sino si lograrán generar suficiente confianza entre trabajadores, empleadores, jueces y organismos de control.

Las reformas exitosas no suelen ser aquellas que prometen soluciones mágicas, sino las que consiguen alinear incentivos y generar instituciones capaces de funcionar a lo largo del tiempo. Las reformas laborales no son ajenas a esta lógica.

Los fondos de asistencia laboral representan una de las innovaciones más relevantes incorporadas al régimen laboral argentino en los últimos años. Su éxito o fracaso dependerá menos del texto de la reglamentación y más de la capacidad de los distintos actores para transformarlo en una herramienta útil, transparente y sustentable.

La verdadera discusión recién empieza.

El autor es socio de Legales de BDO en Argentina