La fórmula para matar la inflación y reactivar la economía Infobae
Los datos fiscales de enero del 2024 tomaron por sorpresa al propio ministro, que entonces llamó al Presidente y transmitió la novedad: el equilibrio fiscal se había alcanzado antes de lo esperado. El fogonazo hiperinflacionario del cambio de gobierno había producido la paradoja del electrodoméstico; el candidato que había llegado prometiendo la motosierra, saneaba las cuentas con una licuadora, que él mismo había ayudado a encender levantando la mano en el congreso para borrar de un plumazo la recaudación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, lo que hizo subir el rojo de las cuentas públicas sobre finales del 2023 y le causó el primer enfrentamiento con los gobernadores que le reclamaron reinstalarlo, para no perder coparticipación.
Lo cierto es que Javier Milei se abrazó tan fuerte al equilibrio presupuestario que incluso aceptó pagar un enorme costo político congelando los salarios de los residentes del hospital de niños más prestigioso de América Latina, por menos de una décima parte de un punto del PBI. El mensaje se leyó fuerte y claro; “no hubo en los últimos 40 años, ni habrá en las próximas cuatro décadas, ningún presidente tan comprometido con el ancla fiscal”.
Con el fin de la emisión para financiar el déficit y ayudada por la tablita cambiaria, la inflación se derrumbó hasta abril del 2025 y siguió cayendo una vez liberado el tipo de cambio y eliminado el cepo para las personas físicas. Pero en junio, el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas con el FMI, forzó al Gobierno a cambiar la política monetaria; el BCRA empezó a controlar agregados y la tasa de interés se puso tan volátil como lo indican los manuales de la facultad. Después vino el riesgo electoral y el programa monetario y cambiario quedó en una trampa, porque por un lado se había comprometido a la acumulación de reservas, pero por el otro tenía un mecanismo de bandas que obligaba al Central a funcionar como un cajero automático de dólares, cuando la paridad pasaba el límite superior de intervención. El revés electoral del oficialismo en septiembre derrumbó la demanda de dinero y aceleró el proceso de dolarización, pero la desmonetización de la economía no se detuvo siquiera en octubre, a pesar de que las urnas dieron entonces un espaldarazo a los libertarios.
La aceleración de la inflación hundió los salarios reales en la segunda mitad del 2025 y mató la demanda de crédito, quitándole al consumo sus dos principales motores. La volatilidad de tasas hacía daño por el lado de la oferta penalizando los stocks y enfriando la actividad. Para abril, el Banco Central ensayó otro cambio en su política monetaria y, aunque decía que seguía controlando la cantidad de dinero, en la práctica armó un corredor de pases activos que planchó la tasa. Por fortuna, más por el timming de los precios regulados y por los shocks estacionales, que por la errática política monetaria, la inflación cedió en el cuarto y el quinto mes del año.
Si los precios continúan en relativa calma durante junio, como lo muestran las mediciones de alta frecuencia de las consultoras privadas, para cuando termine el mundial la economía habrá hilado tres meses consecutivos de baja de la inflación y es plausible pensar que entonces se recuperen los salarios y reviva la demanda de crédito, empujando la reactivación de la economía en el segundo semestre, pero tan pronto empiece el ruido político del 2027, el fantasma del “riesgo kuka” golpeará otra vez la puerta.
El fin de la inflación
El acta de defunción del principal problema económico argentino de los últimos 20 años depende de la irrelevancia de la próxima elección. En Brasil, en Chile, o en Uruguay, también pasaba en los 80 lo mismo que acá, pero hoy la izquierda y la derecha alternan sin que se hunda la demanda de dinero cuando ganan los que quieren más gasto público o amenazan con más regulaciones sobre los mercados. La clave es que ellos tienen un banco central independiente, de suerte que la política monetaria no depende del gobierno de turno.
Nosotros somos los únicos latinoamericanos, además de Venezuela, que tenemos problemas con la inflación y seguimos insistiendo en nuestra capacidad de hacer cosas distintas a las que hacen todos los países que terminaron con el flagelo. Al borde de una hiper, con el Banco Central estallado de pasivos remunerados y el balance enfermo, el ejecutivo tenía un argumento para concentrar el poder de la política monetaria en cabeza del ministro de economía, pero resuelto ese problema y luego de dos temporadas repartiendo “utilidades” al tesoro, la felicitación del presidente al ministro por el dato de la inflación de mayo es un desatino innecesario. Pensemos que la moneda es una institución basada en la confianza y si el presidente se atribuye la política monetaria, entonces la moneda refleja la confianza en su gobierno, que naturalmente será volátil.
El acta de defunción del principal problema económico argentino de los últimos 20 años depende de la irrelevancia de la próxima elección
Para que la próxima elección resulte monetariamente irrelevante y se termine para siempre la inflación en Argentina necesitamos una regla muy simple; que nunca más un presidente de la nación pueda nombrar, ni mucho menos despedir, a un director o al presidente del Banco Central.
Hay varias fórmulas posibles para esa arquitectura, pero la que más me gusta es una regla simple: que los diez principales bancos del país según volumen de depósitos nombren cada uno a un director y que entre ellos elijan al presidente. En paralelo, en el ámbito del ministerio de economía, una superintendencia de entidades financieras, sin poder sobre la política monetaria, regularía el normal funcionamiento del sistema.
Idealmente, esa tecnología debería estar protegida por la constitución, pero hasta que tengamos una nueva carta magna puede hacerse por ley. Es cierto que un nuevo gobierno con mayoría parlamentaria podría afectar la independencia del central, pero, como ocurrió con la norma que derogó el régimen de convertibilidad, los responsables de ese cambio se convertirían en muertos políticos, porque la sociedad los condenaría por atacar la estabilidad.
