Cárteles mexicanos operan en tres continentes: la ONU Sol Yucatán
Redacción / Corresponsalías internacionales
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) reveló que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación producen drogas sintéticas, instalan narco laboratorios en el extranjero y pactan con organizaciones criminales en varios países. La JIFE ubicó a los cárteles mexicanos en operaciones activas en tres continentes.
La interceptación de tres toneladas de un precursor químico capaz de producir hasta 3.3 toneladas de fentanilo —suficientes para generar cientos de millones de dosis letales— resume en una sola cifra la magnitud del fenómeno que Naciones Unidas documentó en su Informe 2025 sobre drogas.
El organismo publicó ese informe en febrero y trazó un mapa sin precedentes del crimen organizado de origen mexicano. Las redes identificadas no se limitan al tráfico fronterizo: producen drogas sintéticas, instalan laboratorios en el extranjero y tejen alianzas con estructuras criminales locales en América Central, América del Sur y Europa.
La JIFE señaló en su informe al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como actores directos en la desestabilización de Honduras. El informe señala que ambas organizaciones mexicanas, colaboraron con pandillas locales como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, además de operar junto al Tren de Aragua venezolano y el Clan del Golfo colombiano.
Mientras tanto, Chile registró en enero de 2025 la mayor incautación de metanfetamina de su historia: 844 kilogramos, junto con varios precursores. La operación desarticuló una organización criminal con base en México que ya había fijado como objetivo la región de O’Higgins para instalar un laboratorio de conversión a gran escala de metanfetamina cristalina.
La Fiscalía Nacional de Chile había advertido el problema meses antes. En noviembre de 2024, su Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas publicó un informe en el que señalaba que la presencia de ketamina, metanfetamina y MDMA había crecido de forma sostenida durante la última década en el país.
En junio de 2024, las autoridades francesas desmantelaron el primer laboratorio de metanfetamina a gran escala descubierto en Europa. Las investigaciones posteriores establecieron vínculos directos entre la red responsable y el Cártel de Sinaloa, además de grupos delictivos en Bélgica, España y los Países Bajos.
En abril de 2025, Bélgica desarticuló otro laboratorio clandestino. Ese sitio llevaba más de un año en funcionamiento y tenía capacidad para producir cientos de kilogramos de anfetamina y metanfetamina al mes.
La DEA informó a la JIFE que todo el fentanilo disponible en Estados Unidos proviene de organizaciones delictivas transnacionales con sede en México. Las cifras de incautación en la frontera entre ambos países lo confirman: 9 mil 354 kilogramos decomisados hasta abril de 2025, frente a apenas 22.7 kilogramos capturados en la frontera con Canadá durante 2024.
En octubre de 2024, se detectó una operación de fabricación de fentanilo a gran escala en Canadá. La JIFE advirtió que esa capacidad productiva podría ampliarse si se interrumpe el flujo proveniente de México, con el fin de cubrir la demanda existente en el mercado estadounidense.
Ante ese panorama, el gobierno mexicano modificó el artículo 19 de su Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La reforma incluyó la extorsión y los delitos relacionados con la producción, distribución, importación, exportación y almacenamiento de precursores químicos, drogas sintéticas, fentanilo y sus derivados.
En enero de 2025, un segundo decreto constitucional reforzó las sanciones contra la fabricación, distribución y venta no autorizada de sustancias tóxicas. Esa reforma también amplió las medidas penales vinculadas al uso del fentanilo y otras drogas sintéticas.
La JIFE registró que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación por la prisión preventiva automática antes de que México aprobara la reforma constitucional. El organismo afirmó que ese mecanismo contradice los principios internacionales de derechos humanos.
La tensión entre seguridad y garantías individuales quedó así documentada en el propio informe de Naciones Unidas. México avanzó con las reformas, pero la observación de la ONU permanece en el expediente.
Al margen de la producción y el tráfico, la JIFE incorporó un dato de consumo interno: el gobierno mexicano notificó que las urgencias médicas asociadas al cannabis pasaron de 935 personas en 2014 a mil 403 en 2024. El incremento equivale a cerca de 50 por ciento en una década.
El propio gobierno atribuyó esa tendencia al aumento en la disponibilidad de productos con mayor concentración de THC en el mercado. La JIFE tomó nota de esa explicación e introdujo así una dimensión de salud pública en un debate que suele centrarse en seguridad.
El Informe 2025 de la JIFE concluyó que los grupos criminales mexicanos ya no operan únicamente como organizaciones de tráfico transfronterizo. Naciones Unidas los describe como parte de una estructura transnacional que conecta laboratorios clandestinos, rutas de distribución y mercados de consumo en distintas regiones del mundo.
Fuente: Infobae
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