Impunidad y violencia contra las mujeres siguen siendo la deuda pendiente de Honduras Infobae
En Honduras, 135 mujeres murieron de forma violenta han perdido la vida en lo que va del año, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La coordinadora del observatorio, Migdonia Ayestas, advirtió que el 95% de los casos de femicidio permanece en la impunidad.
Ayestas señaló que muchos de estos crímenes ocurren dentro de entornos cercanos a las víctimas. Según explicó, una parte de los femicidios tiene como principales agresores a las parejas, exparejas o personas vinculadas al círculo familiar de las víctimas.
Las estadísticas del observatorio muestran además una concentración geográfica de los casos en Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, Catacamas, Juticalpa y Trujillo.
La concentración de casos
Uno de los casos que más preocupa a los especialistas es el de Trujillo, en el departamento de Colón. Aunque se trata de un municipio con menor población en comparación con los principales centros urbanos del país, ya registra diez femicidios en lo que va del año, una cifra que ha llamado la atención de los investigadores por su impacto proporcional dentro de la comunidad.
Para Ayestas, el comportamiento de estos indicadores confirma que la violencia de género no está concentrada únicamente en las grandes ciudades, sino que afecta a distintas regiones del territorio nacional y requiere respuestas diferenciadas según el contexto local.
Impunidad y fallas en la investigación
Ayestas sostuvo que aproximadamente el 95% de los casos de femicidio permanecen en la impunidad, un dato que refleja las debilidades estructurales del sistema de investigación criminal y de persecución penal.
La académica considera que el incremento de las penas aprobado en años recientes constituye un paso, pero resulta insuficiente si no se fortalece la capacidad de investigación de las instituciones encargadas de esclarecer los hechos.
En ese sentido, insistió en la necesidad de impulsar procesos de investigación científica criminal más robustos, con recursos técnicos, personal especializado y mecanismos de recolección de pruebas que permitan construir casos sólidos y aumentar las probabilidades de judicialización.
“El reto ahora no es únicamente tener leyes más severas, sino garantizar que los responsables sean identificados, capturados y condenados”, han sostenido expertos que siguen de cerca el comportamiento de la violencia contra las mujeres en Honduras.
La propuesta de Alerta Morada
Ayestas manifestó su respaldo a la propuesta de la denominada Ley de Alerta Morada, una iniciativa que busca agilizar la respuesta institucional cuando se informa la desaparición de una mujer o una situación que pueda poner en riesgo su integridad.
La propuesta surge ante un patrón que, según las investigaciones, se ha repetido en numerosos casos: mujeres que son privadas de su libertad o desaparecen temporalmente y cuyos cuerpos son encontrados posteriormente en espacios públicos o zonas apartadas.
La iniciativa plantea activar de manera inmediata protocolos de búsqueda y coordinación entre instituciones de seguridad desde el momento en que se presenta la denuncia, con el objetivo de eliminar prácticas que retrasan las investigaciones durante horas cruciales para localizar a las víctimas.
De acuerdo con sus promotores, la Alerta Morada permitiría movilizar con mayor rapidez a cuerpos policiales, fiscales y organismos de investigación, además de facilitar la difusión de información que contribuya a la ubicación de personas desaparecidas.
La respuesta del Estado
Diversos sectores consideran que la aprobación de esta herramienta podría representar un avance en la protección de las mujeres, especialmente en aquellos casos en los que las primeras horas resultan determinantes para prevenir desenlaces fatales.
Las cifras del OV-UNAH vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, protección e investigación. Para especialistas en la materia, el combate a la violencia contra las mujeres requiere una estrategia integral que combine educación, prevención, acceso a la justicia y una respuesta estatal más efectiva.
