Qué cambios deberá enfrentar Brasil en salud y seguridad social ante el fuerte aumento de la población mayor hacia 2060 Infobae
Brasil atraviesa un envejecimiento demográfico acelerado que ya redefine el perfil de su población de 60 años y presiona el gasto público en salud y seguridad social: según el artículo “Las personas adultas mayores en Brasil: Transición demográfica, perfil y condición socioeconómica”.
De acuerdo con IBGE, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, la tasa de dependencia total cayó de 90% en 1960 a 44,3% en 2020, pero la tendencia se revirtió por el aumento de la población mayor y llegaría a 67 personas inactivas por cada 100 en edad de trabajar en 2060. Si se observa solo a la población mayor, la relación pasaría de 14 por cada 100 en 2020 a 43 en 2060, según IBGE.
Ese giro demográfico se explica por: menos nacimientos y más años de vida. Según IBGE, Brasil pasó de un promedio de 6,3 hijos por mujer en 1960 a 1,8 en 2020, y la proyección para 2060 es de 1,7. La esperanza de vida al nacer subió de 50 años en 1960 a 76,7 en 2020, con una proyección de 81 años en 2060.
La población mayor crecería hasta 73,4 millones en 2060
Según IBGE, Brasil tenía 2,6 millones de personas mayores en 1950, equivalentes al 4,9% de la población. En 2020 ese grupo llegó a 30,1 millones, el 14,3% del total, y las estimaciones para 2060 lo ubican en 73,4 millones, el 32,2% de la población.
El estudio sostiene que el perfil predominante de la vejez en Brasil está compuesto por mujeres blancas que viven en áreas urbanas, en hogares de pareja sin hijos o con otras configuraciones familiares, con escolaridad media de 6,1 años e ingresos inferiores a un salario mínimo. Ese retrato resume tendencias nacionales, aunque con fuertes diferencias regionales.
La distribución territorial no es homogénea. Según IBGE, el 46,4% de la población de 60 años o más se concentra en el Sudeste y el 25,5% en el Nordeste; luego aparecen el Sur con 15,5%, el Centro-Oeste con 6,6% y el Norte con 5,8%. En conjunto, el Sudeste y el Nordeste reúnen el 70% de la población mayor del país.
También hay un marcado predominio femenino. De acuerdo con IBGE, las mujeres representaban el 52,7% de la población mayor en 1980 y pasaron al 55,8% en 2018. El estudio atribuye esa diferencia a una esperanza de vida superior entre las mujeres, que en Brasil viven en promedio ocho años más que los hombres, según IBGE.
La urbanización del grupo es otro rasgo. Según IBGE, la proporción de personas mayores que viven en zonas rurales cayó de 23,3% en 1990 a 16,5% en 2010, mientras la urbanización de esa población acompañó la del conjunto del país y alcanzó 85,6% en 2018.
La mayoría recibe transferencias públicas y eso reduce la pobreza
La condición económica de la vejez brasileña está fuertemente atravesada por los ingresos estatales. Según el estudio, 51,1% de las personas mayores tenía ingresos totales inferiores a un salario mínimo en 2018, una proporción muy similar al 52,1% registrado en 1991. En el Nordeste y el Norte, esa participación era aún mayor: 53,2% y 51,1%, respectivamente, según IBGE.
La educación también limita las condiciones materiales de esa población. De acuerdo con IBGE, la alfabetización entre las personas mayores subió de 55,8% en 1991 a 77,7% en 2018, pero en 2015 todavía 43,9% no había alcanzado cuatro años de estudio, umbral que el trabajo utiliza para definir analfabetismo funcional. En el Nordeste esa proporción llegaba a 56,1% y en el Norte a 51,5%.
El artículo responde cuál es la principal fuente de sustento de la población mayor en Brasil: el ingreso previsional. Según IBGE, en 2015 el 68,6% del ingreso de una persona mayor provenía de jubilaciones y pensiones, el 27,7% del trabajo y el 3,7% de otras fuentes. En ese mismo año, 31,4% no recibía jubilación ni pensión, mientras 9,9% acumulaba ambos beneficios.
La relevancia de esas transferencias se vuelve más nítida cuando se mide su efecto sobre la pobreza. Según Turra y Rocha, citados en el estudio, la incidencia de pobreza entre las personas mayores en Brasil subiría de 3,9% a 63,5% si no recibieran beneficios públicos. Otro cálculo de Coetlar y Tornarolli, también citado por el artículo, mostró que la tasa simulada de pobreza entre las personas mayores en 2008 caería de 49,3% a 4,2% después de considerar las transferencias de ingresos.
Los autores sostienen que esa reducción se consolidó tras la Constitución de 1988, que expandió beneficios contributivos y no contributivos. También atribuyen parte de la caída de la pobreza entre 2001 y 2015 a los programas de transferencia de ingresos y a la política de salario mínimo.
El ajuste fiscal futuro se concentrará en salud y previsión
La presión futura sobre las cuentas públicas aparece en dos frentes. Según Banco Mundial, organismo multilateral de financiamiento y desarrollo, citado en el estudio, en 2015 había seis potenciales contribuyentes por cada persona mayor en Brasil, pero en 2050 esa relación se reduciría a solo dos. El mismo análisis proyecta que el gasto en seguridad social podría duplicarse hasta 22,4% del PIB en 2050.
Otra estimación incluida en el artículo, de Tafner y otros autores, calcula que el gasto en jubilaciones, pensiones y cuidados de vejez aumentaría de R$ 338.000 millones en 2015 a R$ 725.000 millones en 2025 y alcanzaría al menos R$ 1 billón en 2050, a valores actuales y sin contar la jubilación de los empleados públicos.
En salud, el trabajo advierte que el envejecimiento ya coincide con una transición epidemiológica marcada por una menor mortalidad por enfermedades infecciosas y una mayor incidencia de enfermedades crónicas degenerativas y trastornos mentales. A partir de esa tendencia, los autores plantean que Brasil deberá ampliar servicios ambulatorios, clínicas médicas, cirugía, rehabilitación y estrategias de prevención para retrasar enfermedad y discapacidad.
El estudio también subraya que las respuestas no pueden ser uniformes. Las diferencias regionales en el envejecimiento exigen políticas distintas entre el Sur y el Sudeste, donde la población mayor tiene mayor peso relativo, y el Norte y el Nordeste, donde persisten mayores dificultades de acceso a servicios básicos y de salud.
