Procuraduría abrió investigación contra personero de Curumaní, Cesar, por presunta participación indebida en política Infobae
En medio de la segunda vuelta presidencial que se adelanta el domingo 21 de junio de 2026, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación por presunta participación indebida en política contra Rober Fabián Rosado, personero de Curumaní, departamento de Cesar.
La decisión se debió a una presunta conducta detectada en una publicación regional en la que aparece con la senadora María José Pizarro, quien hace parte de la campaña de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, y con frases alusivas a una supuesta cercanía y admiración hacia ella.
“Investiga la publicación de una noticia en un portal regional en la que presuntamente se visualiza al funcionario en una fotografía con la senadora María José Pizarro; al parecer, con frases alusivas a su cercana amistad y la admiración por su trabajo en la nación”, señaló la Procuraduría en un comunicado.
El caso quedó a cargo de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar, lo que eso significa que la entidad no suspendió provisionalmente a Rosado, al no tener la información suficiente para adoptar esa medida.
Lo que sí ordenó fue la práctica y recolección de pruebas para definir si el personero incurrió en una falta disciplinaria. Es importante recordar que la normatividad colombiana prohíbe a los servidores públicos usar su cargo para dar orientación política y exige neutralidad, igualdad y equidad en los procesos democráticos.
Por el momento, ni el funcionario ni la entidad municipal se han pronunciado frente a la medida interpuesta por el organismo de control.
Investigación contra embajadores colombianos
La apertura de este expediente se conoce días después de otra investigación disciplinaria contra siete embajadores por la posible comisión de la misma falta.
Según lo establecido por la Procuraduría General de la Nación, la queja disciplinaria que originó el caso sostiene que varios de estos funcionarios habrían intervenido en política a través de publicaciones en redes sociales durante el periodo electoral, lo que podría configurar una infracción al régimen de inhabilidades y prohibiciones de los servidores públicos.
Entre los investigados en ese caso figuran Luis Ernesto Vargas Silva (Organización de los Estados Americanos - OEA), Milton Rengifo Hernández (embajador en Venezuela), José Roberto Acosta Ramos (embajador en Argentina), Luis Fernando Medina Madrid (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - Ocde) y Jhenifer Mojica Flórez (Naciones Unidas en Roma).
De acuerdo con el documento, el proceso se encuentra en etapa de indagación preliminar, lo que implica que no existen aún formulaciones de cargos ni decisiones sancionatorias, sino la recolección de elementos para establecer si hubo o no falta disciplinaria.
De acuerdo con los registros de la Procuraduría, citados por El Colombiano, van 192 procesos disciplinarios en curso por presunta participación indebida en política. De ese acumulado, 67 corresponden a investigaciones disciplinarias, 126 a indagaciones previas y 13 a sanciones, respectivamente.
Plan de vigilancia para la segunda vuelta
En paralelo a estos procesos, la Procuraduría General de la Nación reiteró que se tendrá un dispositivo de vigilancia para la jornada electoral del 21 de junio de 2026 dentro de la estrategia Paz Electoral establecida por el Ministerio Público.
El despliegue contempla 10.228 funcionarios del Ministerio Público con tareas de vigilancia preventiva e intervención. De ese total, 3.479 pertenecen a la Procuraduría, 4.400 a las personerías municipales y 2.349 a la Defensoría del Pueblo. La vigilancia incluirá 3.000 comisiones escrutadoras en el país y 280 en Bogotá, en Corferias.
El plan también contempla 35 sitios con centros de recepción telefónica (CRT) para recopilar información del preconteo electoral, en especial sobre la transmisión y recepción de los datos de los formularios E-14. La entidad además tendrá presencia en puestos de mando unificado de alcance nacional, departamental y distrital, donde estarán en permanente vigilancia ante cualquier hecho que se registre durante la jornada.
De igual forma, la Procuraduría pondrá en operación un centro de comunicaciones y analítica avanzada para canalizar denuncias ciudadanas sobre posibles irregularidades en la votación y respaldar a los equipos desplegados en el país.
