Catatumbo, Chocó y Cauca, las regiones más beneficiadas en la inversión de más de dos billones en la Unidad para las Víctimas Infobae
Debido a que Colombia sigue viviendo un conflicto interno protagonizado por grupos armados y estructuras criminales, resulta fundamental el funcionamiento de entidades como la Unidad para las Víctimas, que coordina la atención, asistencia y reparación integral de las personas afectadas por la guerra.
La labor central de la entidad incluye el manejo del Registro Único de Víctimas (RUV), la entrega de ayuda humanitaria y la indemnización económica; además de entregar balances sobre el trabajo que realizan.
Infobae Colombia tuvo acceso al balance entregado por la Unidad para las Víctimas a más de 220.000 afectados por el conflicto interno, que incluyó la rendición de cuentas tras reportar una inversión total de 2,5 billones de pesos para la indemnización individual a nivel nacional.
De acuerdo con lo expuesto, un billón se ejecutó en municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). El objetivo principal de esta estrategia fue fortalecer la presencia institucional en las regiones más afectadas por la violencia y aportar al cumplimiento de los acuerdos de paz.
El Registro Único de Víctimas (RUV) incorporó a 586.899 personas, de las cuales 221.030 pertenecen a municipios priorizados; además, las subregiones de Catatumbo, Chocó, Alto Patía y Norte del Cauca, y Pacífico Medio concentraron una parte importante de las afectaciones, especialmente por hechos como desplazamiento forzado, confinamiento y amenazas.
La entidad financió 49 proyectos de prevención urgente en zonas Pdet, con una inversión cercana a los 7.000 millones, y entregó medidas de ayuda y atención humanitaria inmediata a 45.473 hogares en condición de vulnerabilidad.
En cuanto a reparación económica, 220.533 víctimas fueron indemnizadas, lo que representa más del 31% de las indemnizaciones entregadas durante la actual administración. De ese total, un billón benefició a 105.062 personas residentes en municipios Pdet.
El Fondo para la Reparación a las Víctimas desembolsó 267.708 millones mediante 13.336 pagos parciales, en cumplimiento de sentencias emitidas en el marco de Justicia y Paz. En el componente de acceso a la justicia, la entidad alcanzó un 100% de efectividad en los recursos presentados ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en territorios como Norte de Santander, Huila, Costa Caribe, Ariari, Guayabero y el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba.
Otro aspecto destacado del balance es que se consolidó la Ruta Especial para la inclusión en el Registro Único de Víctimas de personas acreditadas ante la JEP y reconocidas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd). Desde 2023, 1.598 víctimas han sido incorporadas al registro, de las cuales 938 ingresaron durante 2025.
En la implementación del enfoque étnico, la unidad acompañó a 522 sujetos de reparación colectiva, incluyendo 262 comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y 260 comunidades indígenas. Se protocolizaron los decretos ley étnicos 4633, 4634 y 4635 de 2011 y se formalizaron 71 Planes Integrales de Reparación Colectiva (Pirc).
Por otra parte, se indemnizó a 36 sujetos del programa Reparación Colectiva Étnicos en zonas Pdet y se cerró el proceso de reparación colectiva del pueblo Emberá Chamí del resguardo Honduras con la implementación de 482 acciones concertadas.
Otra parte del balance fue sobre la atención psicosocial y una estrategia de recuperación emocional que benefició a 24.794 víctimas en todo el país. De ese total, 10.172 personas recibieron acompañamiento especializado en 147 municipios Pdet, por medio de espacios de escucha, orientación y fortalecimiento comunitario.
Como conclusión, para la Unidad para las Víctimas, las acciones reportadas reflejan el avance en la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado, con especial énfasis en el cierre de brechas históricas en los territorios más vulnerables y en la consolidación de mecanismos de acceso a derechos para las víctimas acreditadas ante la JEP.
