Con fuertes críticas a Spagnuolo, el fiscal Franco Picardi rechazó suspender el peritaje de los audios de la causa ANDIS Infobae
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, no quiere que graben su voz para cotejarla con los audios que revelaron un entramado de corrupción en el organismo que dirigió cuando llegó al poder de la mano del gobierno libertario. Ahora, el fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación, encontró una alternativa para avanzar con el peritaje: propuso tomar muestras de entrevistas periodísticas que haya dado en los últimos años.
La disputa por los audios en los que la voz atribuida a Spagnuolo habla de coimas viene arrastrándose desde el inicio del caso. El 30 de abril, a poco de asumir la conducción del expediente, el juez Ariel Lijo ordenó peritar las grabaciones para esclarecer su origen y veracidad, tal como reclamaban las defensas del exfuncionario, la droguería Suizo Argentina y el lobista Miguel Ángel Calvete.
En esta línea, el fiscal Picardi propuso que los audios pasen por un “análisis comparativo con material indubitado”. El juez lo aceptó y ordenó que el exdirector de la ANDIS se presente ante la Gendarmería Nacional -que estará a cargo del estudio- para aportar una muestra de su voz.
Pero Spagnuolo se niega a que lo graben. Su abogado defensor, Pablo Parera, planteó que esto vulneraría su derecho a no autoincriminarse. Por esa razón pidió la nulidad de este punto de pericia y, a la vez, que se suspenda el peritaje hasta tanto se resuelva la discusión.
La maniobra generó primero sorpresa y, después, algo de bronca en Comodoro Py. “Spagnuolo puede presentar un escrito y oponerse a dar su voz, ni siquiera es necesario que se presente ante Gendarmería”, explicó a Infobae una fuente con acceso al expediente.
En un dictamen de 27 páginas al que tuvo acceso Infobae, el fiscal de la causa le solicitó este viernes al juez Lijo que desestime el planteo, con fuertes críticas hacia la defensa.
Picardi calificó la maniobra de Spagnuolo como un intento de demorar y entorpecer el proceso, y señaló “contradicciones insalvables”, dado que el propio perito de la defensa, Marcelo Torok, había solicitado puntos de pericia para identificar si la voz correspondía al exdirector de la ANDIS.
En esa línea, en su dictamen el fiscal se refirió al planteo de la defensa como “la vieja escuela de la nulidad por la nulidad misma”. Sucede que, dentro de sus fundamentos, los representantes del exdirector de la ANDIS también reflotaron otro planteo de nulidad de toda la causa, que en su momento fue rechazado in límine por el juez Sebastián Casanello.
Para destrabar la discusión y evitar que la investigación se detenga, la fiscalía propuso prescindir de la colaboración de Spagnuolo y le sugirió al juez obtener el “material indubitado” necesario para el peritaje de cuatro entrevistas que el exfuncionario dio en Neura, La Nación +, Border y El Observador.
En otro pasaje del dictamen, el fiscal Picardi también cruzó a la defensa por sostener que los audios son falsos o manipulados antes de que se realice el peritaje que, precisamente, debe corroborarlo: “Incurre así en una falacia lógica -petición de principio-, ya que anticipa la conclusión que le conviene ahora, respecto de aquello que hoy se desconoce, para impugnar una diligencia técnica que podría confirmarla o descartarla”.
Los abogados de Spagnuolo -al igual que los de otros acusados- también afirman que los audios son la prueba que dio origen a la causa judicial. Así, su eventual origen clandestino podría poner en peligro el caso y hacer que se caiga toda la investigación.
El fiscal Picardi confrontó esa idea y remarcó que no utilizó ni valoró dichos audios como evidencia para fundar la acusación por la que hoy están señaladas más de 40 personas y 20 empresas, en un entramado que habría desviado miles de millones de pesos del Estado.
Ahora el juez Ariel Lijo deberá evaluar las posturas de todas las partes antes de tomar una decisión sobre qué ocurrirá con el peritaje. Los acusados designaron peritos de parte y la fiscalía puso a cinco especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
Spagnuolo y otras 18 personas -entre ellas exfuncionarios de ANDIS, empresarios e intermediarios- están procesadas y embargadas por la corrupción en la Agencia de Discapacidad. Ya pasó por Comodoro Py una segunda tanda de indagados sobre los cuales debe dictarse su sobreseimiento o procesamiento.
Según la acusación, desde que el presidente Javier Milei llegó al poder, en la ANDIS se habría montado una asociación ilícita dedicada a defraudar a la administración pública. Es el primer caso de corrupción que estalló en la gestión libertaria.
El desvío de fondos para personas con discapacidad se habría logrado mediante la manipulación de procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud, según la fiscalía.
Se habría simulado la competencia entre oferentes y se direccionaron adjudicaciones a “empresas amigas” previamente seleccionadas, lo que resultó en beneficios económicos ilegales y la entrega de coimas a funcionarios.
