Reforma Electoral fue incumplida por al menos 15 a Congresos y ahora esperan ola de impugnaciones El Imparcial
La reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 29 de mayo ya enfrenta sus primeros desafíos de aplicación.
A menos de un año del inicio formal de los procesos electorales de 2027, 15 de las 17 entidades que elegirán gobernador no lograron actualizar a tiempo su legislación local para incorporar los cambios constitucionales recientemente aprobados, lo que podría abrir la puerta a una serie de impugnaciones y controversias jurídicas.
De acuerdo con información del Senado de la República, los congresos estatales tenían como fecha límite el 5 de junio para armonizar sus leyes electorales con la reforma constitucional avalada a nivel federal. Sin embargo, únicamente Colima y Quintana Roo realizaron las modificaciones necesarias dentro del plazo establecido.
La situación ha generado preocupación entre especialistas en materia electoral, quienes advierten que las nuevas disposiciones podrían llegar a aplicarse sin reglas claras en gran parte del país.
¿Qué establece la reforma electoral aprobada en 2026?
La reforma constitucional impulsada desde el Congreso federal introdujo varios cambios relevantes para los próximos procesos electorales.
Entre los principales destacan:
- La posibilidad de declarar la nulidad de una elección cuando exista intervención o injerencia extranjera.
- El aplazamiento de la elección de personas juzgadoras hasta 2028.
- La creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE).
Aunque la reforma quedó incorporada a la Constitución, muchas entidades no alcanzaron a modificar sus leyes secundarias para establecer los procedimientos específicos que permitan aplicar estas nuevas disposiciones.
Los 15 estados que no armonizaron sus leyes antes del plazo constitucional
Las entidades que renovarán gubernatura en 2027 y que no realizaron la armonización legislativa dentro del plazo previsto son:
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chihuahua
- Guerrero
- Michoacán
- Nayarit
- Nuevo León
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tlaxcala
- Zacatecas
La Constitución establece que las reglas electorales no deben modificarse dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral. Debido a ello, la falta de adecuaciones legislativas podría generar incertidumbre sobre la aplicación práctica de algunas disposiciones recién aprobadas.
¿Por qué preocupa la falta de armonización?
Para Alejandro Díaz Domínguez, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, el principal riesgo es que las nuevas causales de nulidad electoral carezcan de mecanismos claros de operación.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el especialista explicó:
Vamos a ir a la elección de 2027 sin reglas federales y estatales para este causal, porque el Congreso federal tampoco armonizó las leyes federales. No hay armonización para la nulidad por injerencia o intervención extranjera”.
Según el académico, cualquier controversia relacionada con este tema podría terminar dependiendo de la interpretación de los tribunales electorales, particularmente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Una posible ola de impugnaciones en 2027
La ausencia de normas secundarias podría derivar en una gran cantidad de recursos legales durante las campañas y después de las votaciones.
Díaz Domínguez advirtió que las autoridades electorales locales podrían enfrentar dificultades para resolver controversias relacionadas con las nuevas disposiciones constitucionales, debido a la falta de lineamientos específicos.
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En ese escenario, los tribunales tendrían que construir criterios caso por caso, una situación que podría aumentar la judicialización de los procesos electorales.
No es la primera vez que ocurre un vacío legal
El especialista señaló que este tipo de situaciones ya se han presentado anteriormente en México.
Explicó que diversas reformas constitucionales han quedado durante años sin desarrollo completo en leyes secundarias, obligando a las autoridades electorales y a los tribunales a establecer criterios de interpretación para llenar esos espacios normativos.
Uno de los ejemplos citados es el de la propaganda personalizada de servidores públicos.
Esa reforma constitucional jamás tuvo una definición en la ley, ni en los códigos electorales ni en la ley electoral”.
Actualmente, señaló, la aplicación de esa disposición depende principalmente de criterios construidos por el Tribunal Electoral a través de resoluciones previas.
El problema alcanza a 27 estados del país
La falta de armonización no se limita únicamente a las entidades que renovarán gubernatura.
Según los datos disponibles, 27 estados del país no actualizaron sus leyes electorales locales para incorporar los cambios derivados de la reforma constitucional.
Entre las entidades que sí realizaron la armonización, aunque no tendrán elección de gobernador en 2027, se encuentran:
- Ciudad de México
- Oaxaca
- Veracruz
¿Qué podría ocurrir antes del inicio de las campañas?
El investigador del Tecnológico de Monterrey considera que la situación forma parte de un proceso más amplio de transformaciones institucionales y electorales que también incluye:
- La reforma de 2025 sobre no reelección y nepotismo.
- Cambios relacionados con organismos electorales locales.
- Resoluciones judiciales sobre presupuestos y estructuras administrativas de autoridades electorales.
En este contexto, el académico plantea una interrogante que, afirma, seguirá presente durante los próximos meses:
La pregunta que plantea sigue abierta: si la reducción de capacidades institucionales de los organismos electorales subnacionales fortalece o debilita la legitimidad democrática del sistema”.
Septiembre de 2026, la fecha clave para resolver el problema
De acuerdo con el especialista, el siguiente momento decisivo llegará en septiembre de 2026, cuando comiencen las restricciones asociadas al proceso electoral de 2027.
Si para entonces no existen definiciones claras sobre la aplicación de las nuevas disposiciones constitucionales, los comicios podrían desarrollarse con vacíos normativos que terminarían resolviéndose en tribunales.
La advertencia es clara: lo que no quede definido antes del inicio formal del proceso electoral podría llegar a las urnas sin reglas plenamente desarrolladas, convirtiendo a la reforma electoral de 2026 en una de las primeras grandes pruebas para las instituciones encargadas de organizar y calificar las elecciones en México.
