De derecha a izquierda: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, dos visiones opuestas de la justicia, la política y el poder que buscan llegar a la Casa de Nariño Infobae
Abelardo de la Espriella disputará la Presidencia de Colombia con Iván Cepeda el 21 de junio de 2026, después de imponerse en la primera vuelta con una ventaja que confirmó la consolidación de la derecha en la contienda y dejó expuesta la polarización política del país. El candidato de Defensores de la Patria avanzó al balotaje tras una campaña construida sobre su perfil de abogado mediático, su alianza con Salvación Nacional y una red de apoyos políticos y religiosos.
Antes de su aspiración a la Casa de Nariño, De la Espriella ganó notoriedad a nivel público por sus posiciones políticas y defensa a personajes controvertidos. Durante el escándalo de la parapolítica representó a Rocío Arias, Eleonora Pineda, Dieb Maloof y Jorge Caballero, todos condenados por la Corte Suprema de Justicia. Su única victoria en ese grupo de procesos fue la del representante José de los Santos Negrete.
Su nombre alcanzó mayor visibilidad cuando defendió durante unos meses a David Murcia Guzmán, creador de la empresa DMG que estafó a cerca de 214.000 ahorradores. Esa representación terminó tras la captura de Murcia en Panamá el 19 de noviembre de 2008.
Según De la Espriella, abandonó esa defensa por diferencias con su cliente, porque no aceptó un acuerdo de sometimiento y porque conoció la doble contabilidad que manejaban en la compañía. El 11 de febrero de 2026, Murcia lo denunció disciplinariamente ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial por supuesta violación de deberes profesionales y por la no devolución de $5.000.000.000; el abogado sostiene que ese caso es un “montaje” contra su campaña.
En su ejercicio como abogado penalista, también defendió a Alex Saab, empresario barranquillero, desde 2015 en casos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito ligados a sus empresas en Colombia. Conforme a lo expuesto por De la Espriella, dejó de representarlo en julio de 2019 cuando conoció su relación con Nicolás Maduro y cuando Estados Unidos lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac).
En 2004, el hoy candidato de derecha creó la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), que defendía el acuerdo de Ralito entre el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vèlez y los grupos paramilitares para su desmovilización. En ese proceso, el togado integró la sociedad civil acompañante.
Fipaz promovió foros universitarios con desmovilizados como Iván Roberto Duque, exjefe político del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). También impulsó un referendo para prohibir la extradición en Colombia.
En otro escenario, se forjó la carrera del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que por el asesinato de su padre Manuel Cepeda Vargas, militante de la Unión Patriótica asesinado el 9 de agosto de 1994, basó su carrera política en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz en Colombia durante más de 25 años.
Cepeda se convirtió en uno de los principales defensores de las víctimas en Colombia, una actividad que le costó amenazas, persecución política y exilio entre 1998 y 2004. También indica que cuenta con medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El filósofo de profesión formó parte de Colombianos por la Paz, iniciativa que logró la liberación de secuestrados entre 2009 y 2010. Cepeda fue uno de los fundadores de Defendamos la Paz, alianza en favor de la implementación del Acuerdo de Paz 2016 firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc-EP.
Su regreso del exilio lo devolvió al centro de la política nacional en julio de 2004. Entonces ingresó al Congreso de la República con una fotografía de su padre para protestar por la presencia de Salvatore Mancuso, Ramón Isaza y Ernesto Báez en el Salón Elíptico.
Tras ello, llegó al Congreso en 2010 por el Polo Democrático Alternativo, tras obtener una curul en la Cámara de Representantes con 35.000 apoyos ciudadanos para luego convertirse en copresidente de las comisiones de paz de la Cámara y el Senado.
Entre sus actuaciones más citadas figura el debate de control político de septiembre de 2014 sobre los nexos del expresidente Álvaro Uribe Vélez con narcotraficantes y paramilitares. Ese debate derivó en una investigación formal de la Corte Suprema de Justicia contra Uribe Vélez que, tras un largo proceso judicial, fue desestimada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.
Las propuestas de los candidatos están ligadas a su pasado
Iván Cepeda, aspirante progresista, tiene como premisa transformar el modelo estatal bajo tres pilares: el primero de ellos, acabar con la intermediación para frenar la corrupción; seguido de la reestructuración de las fuerzas armadas mediante el enfoque de “seguridad humana” y democratizar el control institucional, con el acceso directo de los ciudadanos al aparato público.
Mientras Abelardo de la Espriella se centra en una política de mano dura que busca eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) para sustituirla por tribunales especiales y el apoyo de reservistas en seguridad, junto con la implementación de la extinción de dominio exprés para golpear las finanzas criminales. Entre sus propuestas más destacadas, propone la construcción de diez megacárceles para desmantelar las estructuras delictivas, al estilo Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
En materia de salud, los planes de gobierno de ambos aspirantes a la Presidencia se centra en las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
Para el congresista del Pacto Histórico es fundamental fortalecer las propuestas de la administración de Gustavo Petro que basó su politica sanitaria en acabar con toda intermediación financiera y girar los recursos de manera directa a hospitales y centros de atención primaria.
En contraposición, el abogado ha sido enfático en expresar que el problema central está en la corrupción, por eso, además de las auditorías a todas las entidades institucionales, está decidido a sacar adelante el modelo de “salud con gerencia”: con contratación de los mejores operadores privados para la prestación del servicio, con cárcel inmediata para los que desvíen los recursos que son destinados, entre otros, a compra de medicamentos.
