Militares extranjeros podrán desplegarse en Ecuador tras nuevo decreto de conflicto armado interno Infobae
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió un nuevo decreto ejecutivo que redefine la estrategia estatal frente a la violencia criminal y abre la puerta al despliegue de personal militar de países aliados en territorio ecuatoriano. La medida, anunciada el 18 de junio, se produce en medio de una escalada de asesinatos, atentados y ataques atribuidos a organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país.
A través del Decreto Ejecutivo 424, el Gobierno declaró nuevamente la existencia de un conflicto armado interno y estableció una serie de disposiciones dirigidas a fortalecer la respuesta de las fuerzas de seguridad. Entre los puntos más relevantes figura la posibilidad de que militares de “Estados cooperantes” participen en acciones conjuntas con el denominado Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La decisión representa un nuevo paso en la estrategia de seguridad impulsada por Noboa desde que asumió el poder. En una cadena nacional difundida la noche del jueves, el mandatario sostuvo que la amenaza que enfrenta Ecuador ha evolucionado y requiere mecanismos de cooperación internacional más amplios. Según señaló, la presencia de personal militar extranjero permitirá reforzar las capacidades operativas del Estado en las provincias más afectadas por la violencia vinculada al narcotráfico, el crimen organizado y otras economías ilícitas.
Aunque el decreto no identifica qué países participarán ni cuántos efectivos podrían llegar al país, la disposición se produce pocos días después de la visita oficial de Noboa a Estados Unidos, donde mantuvo reuniones con autoridades de seguridad y defensa. Entre ellas destacó el encuentro realizado en el Pentágono con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante una gira que tuvo como eje principal la cooperación bilateral en materia de seguridad.
El texto del decreto establece que el personal extranjero que participe en operaciones relacionadas con el conflicto armado interno actuará bajo los acuerdos internacionales suscritos por Ecuador y gozará de las garantías e inmunidades contempladas en esos instrumentos. El alcance práctico de esa disposición todavía no ha sido detallado por el Gobierno, que tampoco ha informado si existen convenios específicos ya negociados para el eventual despliegue.
La normativa también incluye medidas destinadas a brindar respaldo jurídico a quienes intervengan en operaciones de seguridad. El Ejecutivo plantea la posibilidad de conceder indultos, rebajas o conmutaciones de penas para militares, policías y civiles que participen en acciones de defensa del Estado dentro del marco del conflicto armado interno. Asimismo, exhorta a la Asamblea Nacional a considerar mecanismos de amnistía para integrantes de las fuerzas de seguridad involucrados en este tipo de actuaciones.
El decreto deroga además tres disposiciones emitidas anteriormente por el propio Gobierno sobre la misma materia. Se trata de los decretos 111, 218 y 55, expedidos entre 2024 y 2025 como parte de la respuesta oficial a la crisis de seguridad. La nueva normativa busca consolidar en un solo instrumento las reglas que regirán la actuación estatal frente a las organizaciones criminales identificadas por el Ejecutivo como grupos armados organizados.
La decisión ha generado debate entre juristas y actores políticos debido a que, a diferencia de los estados de excepción, el decreto no implica restricciones directas a derechos constitucionales ni requiere una revisión automática por parte de la Corte Constitucional. Esto significa que el instrumento permanecerá vigente salvo que sea impugnado mediante acciones legales específicas ante los órganos competentes.
Desde enero de 2024, cuando Noboa declaró por primera vez la existencia de un conflicto armado interno, el Gobierno ha sostenido que Ecuador enfrenta una amenaza de características transnacionales que supera los esquemas tradicionales de seguridad pública. Las autoridades han señalado a grupos como Los Choneros, Los Lobos, Tiguerones y otras estructuras criminales como responsables de una ola de violencia que ha convertido al país en uno de los más golpeados por los homicidios en América Latina.
La emisión del nuevo decreto coincide con una semana marcada por hechos de alto impacto, entre ellos el asesinato de una fiscal en Manta, ataques armados en varias provincias y nuevas operaciones militares contra organizaciones criminales. En ese contexto, el Gobierno sostiene que la cooperación internacional será un componente fundamental de la estrategia de seguridad durante los próximos meses.
