El Congreso rechaza los vetos de PNV y Junts y tramitará la bajada de ratios en las aulas Infobae

Madrid, 18 jun (EFE).- El pleno del Congreso ha acordado seguir con la tramitación del proyecto de ley que bajará las ratios en primaria y secundaria y que reducirá la jornada docente, tras el rechazo de las dos enmiendas a la totalidad presentadas por PNV y Junts al considerar que invade competencias autonómicas.

Con 329 votos en contra (PP, PSOE, Vox, Sumar, ERC, BNG, Compromis y UPN), 11 a favor y 7 abstenciones (EH Bildu y Coalición Canaria) se ha rechazado el veto de PNV y Junts y por tanto continúa la tramitación de la norma que modifica dos leyes educativas, a la que la mayoría de los grupos han anunciado que van a presentar enmiendas parciales para mejorarla.

En la defensa de la ley, la ministra de Educación, Milagros Tolon, ha invitado a los grupos a "avanzar juntos" en la defensa de la enseñanza pública, la mejora de las condiciones del profesorado y el éxito educativo del alumnado.

"La ley mejora el sistema de forma concreta y equitativa, fija un máximo de 23 horas lectivas semanales para el profesorado de infantil, primaria y especial y de 18 horas lectivas para el resto de enseñanzas, reduce el número máximo de alumnos por aula a 22 en educación primaria y a 25 en Secundaria, y establece que el alumno con necesidades educativas especiales compute como dos plazas", ha enfatizado Tolon.

Además, ha destacado que la norma fue negociada con los sindicatos, consultada con las comunidades y cuenta con los informes de otros ministerios y de órganos consultivos.

"Es una ley justa y la mejoraremos juntos" con las aportaciones de los grupos, ha añadido.

Por su parte, PNV y Junts han coincidido en que el texto del Gobierno debía ser devuelto pese a estar de acuerdo en mejorar las condiciones del profesorado, tanto económicas como laborales.

El diputado de PNV Joseba Andoni Agirretxea ha reprochado al Gobierno que plantee "una reforma hecha en Madrid" y sin haber mantenido "un diálogo entre iguales", consultando desde el principio al Ejecutivo vasco, con un modelo educativo propio "que merece su respeto".

"No basta con una consulta formal" cuando muchas de las medidas responden a competencias de las comunidades autónomas, ha señalado, quien ha reclamado al Gobierno que retire la ley.

Para Josep Maria Cervera, de Junts, la ley educativa "excede claramente las competencias" y altera su modelo de distribución territorial. "Ya basta de esa barra libre en la que el estado impone y las comunidades pagan y callan".

El PP ha justificado su voto en contra de las enmiendas porque "devolver la ley seria una irresponsabilidad", ha dicho la diputada Cristina Teniente Sánchez, quien ha abogado por apoyar en este momento la norma para que "las medidas propuestas no sean papel mojado, puedan aplicarse de forma realista, eficaz y homogénea, y por responsabilidad con nuestros docentes, las familias y los alumnos".

En la misma línea, Joaquín Robles, de Vox, ha asegurado: "No apoyamos esta ley, pero estamos dispuestos a que se tramite y enmendarla".

Pese a que Esquerra Republicana también se ha mostrado muy crítica con la norma del estado que "fija unas obligaciones y deja a las comunidades el esfuerzo de hacerlo efectivas", la diputada Etna Estrems Fayos ha argumentado que "la respuesta adecuada no sería impedir la tramitación porque hay demanda real y hay que hacer todo ese trabajo".

Para Juan Antonio Valero, de Sumar, "el estado garantiza un suelo de derechos y unos estándares de calidad esenciales para asegurar la equidad", por lo que cree que el proyecto de ley debe continuar y mejorarse en la tramitación en favor de la educación pública.

El PSOE ha defendido el diálogo y el consenso con los que llega la norma y ha destacado además que supone el reconocimiento al profesorado y la diversidad de las aulas, ha asegurado María Luz Martínez.

Desde EH Bildu, Marije Fullaondo ha advertido de que velarán para que el Gobierno "no invada competencias y solo se establezcan las bases para que cada comunidad las adapten a sus diferentes realidades".

También el BNG ha apoyado la tramitación de la ley porque se trata de "una propuesta de mejora", ha dicho Néstor Rego, aunque estima insuficiente aspectos como la reducción de los ratios que propone.

Ione Belarra, de Podemos, ha pedido al Gobierno "que no tome el pelo a la gente" y ha opinado que el mejor camino para mejorar la educación pública es la movilización de la comunidad educativa. EFE