Mundial 2026: cuando el verdadero juego se disputa fuera de la cancha. Merca2.0

A una semana de haber iniciado la Copa del Mundo de la FIFA 2026, miles de restaurantes, bares, hoteles y demás establecimientos comerciales siguen enfrentando la misma pregunta que se repite cada cuatro años: ¿realmente necesito pagar un permiso especial para “pasar” los partidos?

La respuesta jurídica, como suele ocurrir en materia de propiedad intelectual, es mucho más compleja que el mensaje que históricamente se ha difundido. Y conviene comenzar por una precisión fundamental: la FIFA sí tiene derechos. Muchos y muy valiosos. La FIFA es titular de diversos activos de propiedad intelectual. Además, es la productora del evento y titular originaria de los derechos sobre la transmisión de los partidos. Hasta aquí no existe discusión. Sin embargo, la controversia surge cuando se pretende extender dichos derechos más allá de los límites que la ley reconoce.

La FIFA no transmite directamente los partidos al público. La FIFA licencia los derechos de transmisión a organismos de radiodifusión y plataformas, quienes adquieren prerrogativas específicas para explotar dichas señales mediante televisión abierta, sistemas de paga, plataformas digitales o servicios satelitales. Y aquí aparece la primera gran confusión.
Algunos partidos se difunden en televisión abierta, accesibles al público sin restricciones adicionales; otros se explotan mediante servicios de televisión restringida, satelital o digital. En estos casos, la restricción jurídicamente relevante suele recaer sobre el tipo de suscripción contratada: residencial o comercial. No es jurídicamente equivalente exhibir un partido como parte ordinaria del servicio de un establecimiento, que cobrar específicamente por el acceso al evento o condicionar su visualización al pago de una contraprestación adicional mediante boletos, cover, consumo mínimo o paquetes especiales. Este último supuesto puede modificar sustancialmente el análisis jurídico.

En otras palabras, el problema jurídico no es si un establecimiento comunica públicamente —término jurídicamente correcto a pesar de no ser considerado una “obra” autoralmente hablando— un partido. El verdadero problema es si capta legítimamente una señal autorizada y si el servicio contratado corresponde al uso comercial que efectivamente realiza.
Conviene no confundir conceptos jurídicos distintos. Una cosa es la retransmisión no autorizada de una señal —conducta que puede constituir una infracción a derechos conexos— y otra muy distinta es la comunicación pública de una señal legítimamente captada mediante una suscripción comercial autorizada. Equiparar ambos supuestos no sólo simplifica indebidamente el debate, sino que puede conducir a exigir permisos o licencias que la ley no necesariamente contempla.
Una vez licenciados esos derechos, la situación jurídica cambia. La señal de radiodifusión genera derechos conexos cuyo titular es el organismo de radiodifusión correspondiente. Y ello tiene consecuencias relevantes.

Conviene recordar claramente que un partido de futbol, como evento deportivo, no constituye por sí mismo ninguna clase de obra autoral. La protección jurídica recae sobre la producción audiovisual, la fijación de la misma y, particularmente, sobre la señal o emisión de radiodifusión y los derechos conexos que de ella derivan de manera independiente y/o en conjunto.
Conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, los organismos de radiodifusión son titulares de derechos conexos sobre sus emisiones. A nivel internacional, esta protección encuentra sustento en la Convención de Roma de 1961, así como en diversos instrumentos administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sin embargo, existe un elemento pocas veces explicado: en México no existe una sociedad de gestión colectiva que represente de manera general a los organismos de radiodifusión para la administración y defensa de estos derechos.
Por ello, cuando se alega una violación a derechos conexos sobre emisiones de radiodifusión, la legitimación para ejercer acciones corresponde al organismo titular del derecho o a sus representantes legalmente facultados. No a la FIFA.

Es cierto que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene competencia, pero esa competencia no lo convierte en representante de la FIFA ni de los organismos de radiodifusión de manera automática. Es una autoridad administrativa, no un gestor privado de derechos. Su intervención requiere que exista una infracción específica, un titular legitimado y una conducta que efectivamente encuadre en los supuestos legales aplicables.
En efecto, el IMPI tiene competencia tanto en materia marcaria como respecto de infracciones en materia de comercio derivadas de violaciones a derechos de autor y derechos conexos. Sin embargo, dicha competencia no sustituye la legitimación activa del titular del derecho presuntamente afectado ni convierte a la autoridad en un ejecutor oficioso de intereses privados.
Y es aquí donde surge uno de los fenómenos más preocupantes: el miedo. Cada Mundial viene acompañado de campañas de advertencia, comunicaciones intimidatorias y lineamientos que frecuentemente generan incertidumbre entre propietarios de establecimientos comerciales. Muchos de ellos terminan pagando licencias o permisos cuya necesidad jurídica resulta, por decir lo menos, discutible. El fenómeno no es nuevo.
Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 dejaron múltiples ejemplos de intentos por ampliar el alcance de los derechos de la FIFA más allá de lo estrictamente reconocido por la ley, particularmente en materia de publicidad, referencias al torneo y exhibición pública de transmisiones. Ahora se estrenaron además con la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial incluyendo el “ambush marketing”.
La protección de la propiedad intelectual es indispensable. Pero la protección de derechos no puede transformarse en una forma de monopolio expansivo ni en una privatización excesiva de actividades que la ley no reserva exclusivamente a un titular. Los derechos de propiedad intelectual son excepcionales por naturaleza.
Y precisamente por ello deben interpretarse de manera estricta. El verdadero riesgo no es únicamente el desconocimiento de los propietarios de establecimientos comerciales.

También lo es la simplificación excesiva del debate por el mismo desconocimiento y falta de información de algunos representantes de Cámaras de comercio o incluso de los medios de comunicación y, en ocasiones, la tendencia de ciertas autoridades administrativas a actuar con un celo que no siempre encuentra sustento en el marco jurídico aplicable pero sí en la complacencia a algunos abogados.
La discusión tampoco se limita a establecimientos físicos. Un sitio web o plataforma digital que redistribuya señales sin autorización se encuentra en un supuesto jurídico completamente distinto al de un establecimiento que comunica públicamente una señal legítimamente captada mediante una suscripción  comercial. Confundir ambos escenarios genera más incertidumbre que certeza jurídica.
El Mundial pertenece a la FIFA. La pasión por el futbol, no. Y si algo debe enseñarnos el derecho de la propiedad intelectual es que proteger los derechos no significa crear monopolios más amplios de los que la ley permite.
Guillermo Pous Fernández.