Crimen organizado fragmentado, pero fortalecido en más departamentos: el desafío del próximo presidente de Colombia, según Insight Crime Infobae
Colombia avanza hacia una nueva elección presidencial en medio de un contexto marcado por el recrudecimiento de la violencia en distintas regiones del país y por la transformación de las estructuras del crimen organizado. Durante los últimos años, las dinámicas de seguridad han estado influenciadas por cambios en las estrategias estatales frente a los grupos armados ilegales y las economías criminales, mientras persisten disputas territoriales que afectan a múltiples comunidades.
En este escenario, el análisis de Insight Crime titulado “Los desafíos criminales que heredará el próximo presidente de Colombia” advierte que el próximo gobierno recibirá un panorama complejo caracterizado por organizaciones criminales más fragmentadas, pero también más fortalecidas en términos de presencia territorial, capacidad militar y participación en actividades ilícitas.
El informe señala que, además de las transformaciones en los grupos armados, existen retos relacionados con la seguridad ciudadana, las economías ilegales, la cooperación internacional y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de combatir estas amenazas.
Más grupos, más confrontaciones y mayor presencia territorial
De acuerdo con el análisis, durante el gobierno de Gustavo Petro se mantuvo el proceso de fragmentación de organizaciones armadas ilegales que venía desarrollándose desde años anteriores, especialmente entre las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Aunque varias facciones intentaron presentarse de manera unificada al inicio de la actual administración para fortalecer su posición frente a eventuales negociaciones, las diferencias internas terminaron provocando nuevas rupturas.
Según Insight Crime, estas divisiones no significaron necesariamente una disminución de la amenaza criminal. “Son grupos más pequeños que se adaptan mejor a operaciones militares sostenidas”, dijo Glaeldys González, analista para los Andes del Sur del International Crisis Group. “Son más flexibles, más difíciles de combatir”.
El informe señala que, paralelamente a estos procesos, los grupos armados incrementaron sus capacidades militares y de control territorial. Datos de la Fundación Conflict Responses indican que entre 2018 y 2025 las principales estructuras ilegales aumentaron más de 110% su número de combatientes, pasando de cerca de 13.000 integrantes a más de 27.000.
En consecuencia, el próximo gobierno deberá atender más de diez escenarios de confrontación armada entre organizaciones ilegales en departamentos como Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, Meta, Chocó, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Magdalena, Arauca y Guaviare. “Tiene que haber un análisis estratégico de priorización, dependiendo de las capacidades o de la amenaza que representen los grupos, y focalizar esfuerzos en estos espacios de confrontación donde las comunidades quedan en el medio”, afirmó González.
Comunidades bajo presión y expansión de las economías ilegales
Insight Crime identifica como una de las principales consecuencias de la fragmentación criminal el incremento de la violencia asociada a las disputas territoriales y a los intentos de imponer mecanismos de control sobre la población civil.
El caso más representativo es el de la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela. Desde enero de 2025, esta zona enfrenta una crisis humanitaria que ha dejado más de 100.000 personas desplazadas debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
El análisis también advierte que la relación entre las comunidades y los grupos armados ha cambiado. Mientras en algunos territorios existían formas de interacción que permitían cierto margen de negociación, actualmente predominan esquemas de control social más restrictivos, una situación que ha sido documentada por organismos internacionales en distintos informes de monitoreo.
A ello se suma la utilización de nuevas tecnologías por parte de las organizaciones ilegales. Los drones son empleados para vigilancia de comunidades y también como plataformas para ataques con explosivos. Esta práctica ha sido documentada en departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Nariño, donde los grupos armados han utilizado drones modificados para atacar a la fuerza pública, con impactos que en ocasiones alcanzan a la población civil.
El fortalecimiento de las economías ilícitas constituye otro de los desafíos señalados por Insight Crime. Colombia continúa siendo el principal productor de cocaína del mundo y, aunque durante el actual gobierno se fortalecieron las acciones de interdicción y destrucción de infraestructura para la producción de drogas, los cultivos de coca siguieron aumentando.
El informe también destaca el crecimiento de la minería ilegal de oro. Los altos precios internacionales del metal han incentivado la participación de organizaciones como los Gaitanistas, el ELN y las disidencias de las Farc en actividades relacionadas con esta economía ilícita en zonas como Chocó, el Bajo Cauca antioqueño y amplias áreas de la Amazonía.
A esto se suma el aumento de delitos como la extorsión y el secuestro, que desde 2023 se han convertido en fuentes relevantes de financiación para las estructuras criminales.
Fuerza pública con menos capacidades y retos en la cooperación internacional
El análisis de Insight Crime señala que otro de los desafíos para el próximo gobierno será fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad.
Desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022 se produjo una renovación en los altos mandos de las instituciones de seguridad. “Independientemente de quién asuma la presidencia, va a tener que enfrentar este desbalance entre grupos criminales y armados y fuerzas de seguridad”, dijo González. “Estamos hablando de una fuerza sobrecargada, trabajando al límite de su capacidad. Quien venga va a tener que pensar en cómo recomponer ese equilibrio que se ha perdido”.
El informe también identifica como un elemento determinante la relación de Colombia con Estados Unidos. Durante décadas, ambos países han mantenido una estrecha cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, durante el último año surgieron tensiones derivadas de diferencias entre los gobiernos de Donald Trump y Gustavo Petro respecto a las estrategias de seguridad y combate a las economías ilegales.
Aunque la relación registró una reducción de tensiones tras la reunión sostenida entre ambos mandatarios en febrero de 2026, la cooperación bilateral continúa siendo un tema central para el próximo gobierno.
“Estamos hablando de un gobierno que va a recibir casi 30.000 integrantes de grupos armados”, dijo Gerson Arias, investigador asociado a la Fundación Ideas para la Paz. “Ya sea desde la izquierda o la derecha, tiene que haber un peso significativo en recomponer la estrategia de seguridad y eso significa hablar con Estados Unidos”.
