La Comisión de Igualdad del Congreso envía al pleno penalizar las "terapias de conversión" Infobae
Madrid, 17 jun (EFE).- La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado el informe de la ponencia de la reforma del Código Penal para penalizar las llamadas 'terapias de conversión', al que se han incluido varias enmiendas transacionales pero se han rechazado seis parciales del PP, que quedan vivas para su debate en el Pleno.
El Grupo Socialista presentó esta iniciativa hace un año, con el objetivo de castigar estas prácticas que ya estaban prohibidas como infracción administrativa muy grave en la ley trans, con multas de 10.001 a 150.000 euros, pero no figuraban como delito en el Código Penal.
Según el texto aprobado en la Comisión, se castigará "con pena de prisión de seis meses a dos años, y multa de ocho a veinticuatro meses, el que aplique o practique sobre una persona, aun con su consentimiento o el de su representante legal, actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión".
Además, el informe de la ponencia ha incluido otra enmienda transacional que incluye un nuevo apartado que establece la prohibición de ayudas a "personas físicas, entidades jurídicas y/o asociaciones que hayan sido condenadas por sentencia firme por cometer, incitar o promover actos discriminatorios o de violencia".
Durante el debate, el diputado socialista Víctor Gutiérrez ha explicado que las sanciones administraciones "no llegan" y por ese motivo el PSOE propuso esta reforma del Código Penal, porque es "la única forma de frenar" esta "forma de violencia", que "hacen creer a las víctimas de que el problema son ellas", y que "son empujadas por sus propias familias".
El diputado socialista, que ha reprochado al PP que con sus enmiendas abran la puerta a estas prácticas, ha concluido: "Ser quienes somos nunca es el problema, el problema es que alguien pretenda convencernos de lo contrario".
La iniciativa se ha quedado corta y es una victoria parcial para los portavoces de EH Bildu, Sumar, el Grupo Republicano y el Mixto, que han subrayado la importancia de reparar y proteger a las víctimas con otras medidas, no solo las punitivas, como por ejemplo alternativas habitacionales para las personas que quedan en situación vulnerable por manifestar su orientación sexual.
La portavoz del PP, Sofía Acebo, ha defendido sus seis enmiendas parciales, que responden a su preocupación por la seguridad jurídica de la reforma del Código Penal.
A su juicio, las "conductas sancionables deben ser definidas con claridad y con rigor". "No sería la primera vez que por intentar imponer su ideología hayamos tenido consecuencias nefastas", como en "su ley del solo sí es sí", ha reprochado la diputada popular, que ha sentenciado: "No podrán decir que no se lo advertimos".
Sus enmiendas, sostiene-, permiten diferenciar entre "conductas reprochables y conductas legítimas". Es decir que quedarían fuera de la consideración de 'terapias de conversión', según sus palabras, el "acompañamiento psicosocial, el apoyo espiritual, la atención médica o psicológica prestada con criterios profesionales".
Asimismo, recuperan el concepto del "consentimiento", pues "los adultos tienen capacidad para tomar decisiones libres e informadas" siempre que no medie violencia o coacción, ha precisado.
La diputada de Vox María Ruiz Solás, ha lamentado que "esta barbaridad va a salir adelante", a la que se oponen porque va en contra del colectivo LGTBI y sobre todo, de "lo más precioso que tenemos, que son los niños de este país", a quienes, sostiene, no se puede "arrancar de los brazos" de sus padres y del criterio de sus educadores.
El texto deberá conseguir mayoría absoluta en el pleno porque se trata de la reforma de una ley orgánica, antes de seguir su tramitación en el Senado. EFE
