Campo Marte 26 entre alcohol, drogas y corrpcion La Querella Digital
Estrellla Gómez
La Secretaría de la Defensa Nacional autorizó el uso del Campo Marte para el evento privado de cobro Campo Marte 26 Santander, pese a que el convenio no fija una contraprestación económica para la Nación y a que el inmueble federal es explotado con boletaje, conciertos, zonas VIP, venta de alimentos y bebidas alcohólicas y hasta drogas en los baños.
El evento tiene, de acuerdo a documentos, autorización del general de brigada diplomado de Estado Mayor José Manuel Ramírez Martínez, director general de Ingenieros y Responsable Inmobiliario de la Defensa.
También aparece el coronel intendente Raymundo Barrera García, jefe del Centro de Promoción Social de Defensa, como parte de los mandos que avalaron el uso del espacio militar.
Por la empresa privada firmó Víctor Francisco Vázquez Andrade, administrador único de The Mates Contents, compañía beneficiada con el convenio, aunque la participación total es de Eco en Vivo y Ocesa, tanto en la operación y promoción del evento, que ocupará Campo Marte durante el periodo del Mundial de Futbol.
El caso exhibe un negocio privado montado sobre un bien de la Nación. Campo Marte, administrado por la Sedena desde 1937, y que es usado para un festival con pantallas gigantes, conciertos, lucha libre, zonas comerciales, restaurantes, bares, espacios VIP y activaciones de marca. La entrada más barata cuesta 400 pesos, mientras que los paquetes VIP alcanzan hasta 24 mil pesos.
De acuerdo con estimaciones publicadas por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, los ingresos por venta de boletos, conciertos y ahorro por el uso gratuito del recinto pueden superar los 500 millones de pesos, sin contar patrocinios, consumo de bebidas, restaurantes, renta de espacios comerciales ni activaciones privadas
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La cláusula central del convenio establece que “no mediará contraprestación a cargo de las partes”, por lo que el uso del Campo Marte quedó autorizado sin un pago directo definido para el Gobierno Federal. En los hechos, la empresa obtiene el espacio, vende accesos y comercializa experiencias, mientras la Nación no tiene garantizado un ingreso por la explotación del inmueble.
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Indabin, pidió a la Defensa definir el monto de la contraprestación que debe cubrirse por el aprovechamiento comercial del Campo Marte. La solicitud confirma que el uso del recinto no puede quedar al criterio de una empresa ni de un convenio redactado sin pago claro para el Estado
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La Ley General de Bienes Nacionales establece que los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación sólo pueden ser usados, aprovechados o explotados por particulares mediante concesión, permiso, autorización o contrato con autoridad competente. También prevé sanciones cuando un particular explota un bien nacional sin cumplir las condiciones legales.
El problema no se limita al uso del espacio. El evento contempla venta de alcohol dentro de una instalación militar, con asistencia masiva y operación nocturna.
Esto convierte al Campo Marte, espacio de valor cívico y militar, en un centro privado de consumo, mientras elementos de seguridad pública y personal militar resguardan el inmueble y el entorno del festival.
Además, el evento enfrenta señalamientos por falta de permisos de protección civil. Documentos oficiales citados por vecinos y activistas indican que no se localizó el Programa Especial de Protección Civil correspondiente ante la autoridad competente, pese al aforo masivo, las estructuras temporales, los escenarios, la venta de boletos y la operación comercial.
Con la firma del general José Manuel Ramírez Martínez, el aval del coronel Raymundo Barrera García y la participación del administrador único Víctor Francisco Vázquez Andrade, Campo Marte 26 Santander quedó como un negocio privado instalado sobre un bien federal. La empresa cobra; los asistentes pagan; el Ejército resguarda; y la Nación sigue sin una contraprestación clara por el uso comercial del recinto.
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