Movimiento Ciudadano denuncia presunto outsourcing ilegal en el Gobierno de la CDMX Infobae
La diputada local de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza Arellano, denunció presuntas irregularidades en la contratación de personal que realiza labores de limpieza para el Gobierno de la Ciudad de México y presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina, así como una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General.
La legisladora sostiene que la administración capitalina continúa recurriendo a esquemas de subcontratación para cubrir actividades de limpieza y mantenimiento urbano, pese a que la reforma laboral de 2021 prohibió la subcontratación de personal para actividades permanentes, permitiéndola únicamente en servicios especializados y obras especializadas bajo condiciones específicas.
Denuncian presunto outsourcing en servicios de limpia de la CDMX
Durante una conferencia de prensa, Urriza señaló que diversas empresas privadas son contratadas para realizar labores que, afirmó, corresponden a funciones permanentes del Gobierno de la Ciudad de México.
Según la legisladora, este esquema permitiría evitar una relación laboral directa entre la administración pública y los trabajadores.
De acuerdo con la denuncia, esta situación impediría que quienes realizan estas labores accedan a prestaciones y derechos establecidos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al no ser reconocidos como empleados gubernamentales.
Trabajadores reportan jornadas extensas y falta de equipo
La denuncia fue acompañada por testimonios de extrabajadores que afirmaron haber enfrentado condiciones laborales adversas.
Entre ellas mencionaron jornadas que rebasan las ocho horas de trabajo, realización de horas extras sin remuneración, falta de equipo de protección y deficiencias en los vehículos utilizados para trasladar al personal.
José Antonio González, ex trabajador de limpia, aseguró que durante su desempeño no contó con materiales básicos para realizar sus actividades y que, tras cuestionar la falta de insumos, fue separado de sus funciones.
Asimismo, señaló que algunos trabajadores eran asignados a tareas distintas a las contempladas originalmente en sus contratos y que existían deficiencias en materia de seguridad laboral.
Programas sociales y contratación externa, en el centro de la polémica
La legisladora de Movimiento Ciudadano también cuestionó el uso de programas sociales para incorporar personas a labores de limpieza y mantenimiento de espacios públicos.
Como contexto, la diputada expuso que:
- Desde 2021 la legislación federal limita la subcontratación a servicios especializados.
- Las empresas que ofrecen estos servicios deben estar registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
- La contratación irregular puede derivar en sanciones económicas previstas por la ley.
- El Gobierno capitalino cuenta con personal sindicalizado para realizar labores de limpia.
- Trabajadores denunciaron carencias de materiales y equipo de protección para desempeñar sus funciones.
Empresa contratista recibió más de 200 millones de pesos, afirma MC
Durante la presentación de la denuncia, Urriza señaló que la empresa Inge-Arquitectura del Paisaje, S.A. de C.V. habría recibido más de 200 millones de pesos durante el primer trimestre de 2026 mediante siete contratos otorgados por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
La legisladora cuestionó que, mientras se asignan recursos millonarios a empresas contratistas, los trabajadores reporten salarios bajos y condiciones laborales que consideran precarias.
La información sobre los contratos, indicó, puede consultarse a través de los mecanismos de transparencia del Gobierno capitalino.
Solicitan investigación de autoridades capitalinas
Movimiento Ciudadano pidió que tanto la Contraloría General como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México investiguen los hechos denunciados y determinen si existieron violaciones a la legislación laboral y a los derechos de los trabajadores involucrados.
La diputada sostuvo que las autoridades deberán revisar la legalidad de los mecanismos de contratación utilizados por las dependencias señaladas y verificar si las empresas contratadas cumplen con los requisitos establecidos por la normatividad vigente.
Hasta el momento, las dependencias mencionadas en la denuncia no habían emitido una postura pública sobre los señalamientos realizados por la legisladora.
El caso abre un nuevo debate sobre los esquemas de contratación utilizados en la administración pública capitalina y las condiciones laborales de quienes participan en labores de limpieza y mantenimiento urbano en la Ciudad de México.
