El agua concesionada y la sed de las ciudades MPV
Mientras millones de mexicanos enfrentan cortes de suministro, tandeos y una creciente incertidumbre sobre la disponibilidad de agua, el debate sobre la Ley de Aguas Nacionales ha vuelto al centro de la discusión pública. La crisis hídrica que afecta a diversas regiones del país no sólo es consecuencia de la sequía o del cambio climático. También pone bajo escrutinio un modelo regulatorio construido hace más de tres décadas, diseñado para administrar un recurso que hoy es cada vez más escaso y estratégico.
Hablar del agua en México suele conducir rápidamente a una percepción equivocada. Muchas personas imaginan que el problema radica únicamente en la falta de lluvias. Sin embargo, la realidad es considerablemente más compleja.
La disponibilidad del recurso depende de factores ambientales, demográficos, económicos y regulatorios que interactúan entre sí. En ese entramado, la Ley de Aguas Nacionales ocupa un lugar central porque establece las reglas mediante las cuales el Estado administra, asigna y supervisa el uso de las aguas nacionales.
Promulgada en 1992, la legislación surgió en un contexto muy distinto al actual. México tenía una población menor, las ciudades enfrentaban presiones demográficas más moderadas y la discusión sobre el cambio climático apenas comenzaba a adquirir relevancia internacional.
El instrumento principal de la ley es el sistema de concesiones.
En términos sencillos, el agua pertenece a la nación, pero el Estado puede autorizar a particulares, empresas, organismos públicos y productores agrícolas para utilizar determinados volúmenes durante periodos específicos. Esa autorización se materializa mediante títulos de concesión administrados por la Comisión Nacional del Agua.
La lógica parece razonable. Sin un sistema de asignación formal sería prácticamente imposible organizar el aprovechamiento de un recurso indispensable para la vida, la producción agrícola, la industria y el desarrollo urbano.
Sin embargo, la realidad ha demostrado que el esquema enfrenta desafíos cada vez más complejos.
En numerosas regiones del país, especialmente en el norte y centro de México, la presión sobre acuíferos, ríos y presas ha aumentado significativamente. Algunas cuencas presentan niveles de extracción que superan la capacidad natural de recarga, mientras que el crecimiento urbano incrementa constantemente la demanda.
La verdad es que el problema no puede entenderse únicamente observando cuánta agua existe. También es necesario analizar cómo se distribuye.
Con frecuencia se afirma que unas cuantas empresas concentran la mayor parte de las concesiones. Aunque la realidad varía según cada región y tipo de aprovechamiento, los especialistas coinciden en que la transparencia y actualización de los registros constituyen desafíos importantes para una gestión eficiente.
Además, el sector agrícola continúa siendo el principal consumidor de agua en México. Diversos estudios estiman que la mayor parte del recurso concesionado se destina al riego agrícola. Esto no significa necesariamente un uso indebido. La producción de alimentos requiere enormes volúmenes de agua. Sin embargo, también evidencia la necesidad de modernizar sistemas de riego y reducir pérdidas que en algunos casos resultan considerables.
Las ciudades enfrentan un problema diferente.
Incluso cuando existen concesiones suficientes para abastecimiento público, gran parte del agua se pierde antes de llegar a los hogares debido al deterioro de la infraestructura hidráulica. Fugas, redes obsoletas y deficiencias operativas generan pérdidas significativas en numerosos sistemas municipales.
Por ello, atribuir la crisis exclusivamente a las concesiones sería una simplificación excesiva.
La escasez responde a una combinación de sobreexplotación, crecimiento poblacional, infraestructura insuficiente, variabilidad climática y dificultades regulatorias.
En los últimos años, el debate sobre posibles reformas ha cobrado fuerza. Diversos sectores académicos, sociales y gubernamentales han planteado la necesidad de actualizar el marco legal para adaptarlo a las nuevas condiciones de disponibilidad hídrica.
Uno de los puntos más relevantes gira en torno al derecho humano al agua.
Desde la reforma constitucional de 2012, el acceso al agua para consumo personal y doméstico adquirió reconocimiento expreso como un derecho fundamental. Sin embargo, numerosos especialistas consideran que aún existen desafíos para traducir plenamente ese principio constitucional en mecanismos efectivos de gestión y asignación.
La discusión plantea una pregunta de enorme relevancia: cuando el recurso se vuelve insuficiente, ¿qué usos deben recibir prioridad?
La respuesta jurídica parece clara. El consumo humano ocupa un lugar preferente. No obstante, llevar ese principio a la práctica implica decisiones complejas que afectan actividades económicas, proyectos productivos y modelos de desarrollo regional.
Es por ello que las propuestas de reforma suelen ir más allá de una simple redistribución de concesiones. También incluyen mejoras en la medición de extracciones, fortalecimiento de la vigilancia, modernización de infraestructura, reutilización de aguas tratadas, protección de acuíferos y mecanismos más transparentes de información pública.
La experiencia internacional demuestra que las crisis hídricas rara vez se resuelven mediante una única medida. Los países que han logrado avances significativos suelen combinar regulación eficiente, inversión tecnológica, planeación territorial y una gestión basada en información científica actualizada.
En México, el desafío adquiere una dimensión particularmente urgente. El crecimiento de las zonas metropolitanas, la presión sobre las actividades agrícolas y los efectos cada vez más visibles del cambio climático obligan a repensar la forma en que se administra uno de los recursos más estratégicos del siglo XXI.
La Ley de Aguas Nacionales fue concebida para una realidad distinta. Hoy enfrenta un escenario donde la abundancia ya no puede darse por sentada. Y es precisamente ahí donde surge el debate de fondo: cómo garantizar que el agua continúe siendo un derecho para las personas sin dejar de ser un recurso indispensable para la economía. Encontrar ese equilibrio será una de las decisiones más importantes para el futuro del país.
