Nueva medida del Gobierno Petro permitiría al Estado “cobrar indemnizaciones a las empresas sin juicio, sin prueba y sin ley” Infobae

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) lanzó una alerta pública después de la expedición del Decreto 0552 el 1 de junio de 2026 al argumentar que la nueva regulación amenaza la seguridad jurídica, el debido proceso y el régimen de responsabilidad civil de las empresas en Colombia. Según el gremio, tres artículos del decreto generan preocupación porque otorgan nuevas facultades al Gobierno para sancionar a las empresas sin intervención judicial, lo que se intenta imponer por decreto luego de no lograr consenso en el Congreso de la República.

Fenalco sostiene que el Decreto 0552 representa un riesgo, ya que traslada al ámbito ejecutivo regulaciones que no cuentan con respaldo legislativo y que podrían alterar el equilibrio normativo. El gremio alertó sobre posibles sanciones y obligaciones de reparación impuestas a empresas sin proceso legal suficiente ni garantías constitucionales,algo que incrementa la incertidumbre para el sector privado.

Fundamentos de la preocupación

La reacción del gremio que preside Jaime Cabal muestra preocupación por el alcance legal y político del Decreto 0552. Cabal afirmó que la norma constituye “una nueva herramienta de presión contra el sector privado”, al tiempo que critica que el Gobierno “no pudo lograr en el Congreso lo que ahora quiere imponer por decreto”.

Recordó que en julio de 2025 se presentó el Proyecto de Ley 153, originado en la bancada oficialista y liderado por el senador Iván Cepeda, cuyo propósito coincidía con el marco regulatorio que ahora se incluye mediante decreto. La propuesta no fue aprobada después de casi un año de debate en el Congreso de la República. “El debate legislativo, con participación de Fenalco, evidenció que sus disposiciones vulneraban la seguridad jurídica, la libertad de empresa y el debido proceso. El Gobierno recurrió entonces al decreto reglamentario”, expresó el líder de los comerciantes.

De acuerdo con el gremio, la expedición del decreto provoca un antecedente preocupante al trasladar un tema sin resolución legislativa al ámbito reglamentario, medida que puede afectar el balance de poderes. Fenalco también cuestionó el uso de atribuciones excepcionales del Ejecutivo. Advirtió que el decreto podría exceder lo permitido por el artículo 189, numeral 11, de la Constitución nacional.

Cabal remarcó que “este nuevo decreto le daría al Gobierno el poder para cobrar indemnizaciones a las empresas sin juicio, sin prueba y sin ley”.

Artículos clave del Decreto 0552 y controversia jurídica

Según la Federación, los tres artículos señalados como más controvertidos permiten al Gobierno asumir capacidades inéditas para sancionar y exigir reparaciones a empresas. Alertó que el decreto habilita procedimientos administrativos, sin el proceso judicial previo requerido por el marco legal vigente.

Sostiene que dicha facultad del Ejecutivo podría imponer responsabilidades a las empresas de manera unilateral y sin la suficiente sustentación probatoria, lo que afecta la base del sistema de responsabilidad civil. De acuerdo con el gremio, esto menoscaba la seguridad jurídica y elimina controles esenciales previstos en el sistema colombiano, debido a que reproduce aspectos del texto legislativo que el Congreso no aprobó.

Considera que trasladar mecanismos de sanción y reparación al Ejecutivo, omitidas la etapa judicial y la presentación de pruebas, vulnera garantías constitucionales fundamentales.

Puntos centrales y alcances del Decreto 0552

El Decreto 0552, en vigor desde el 1 de junio de 2026, define lineamientos para que todas las entidades de la Rama Ejecutiva implementen estándares en empresas y derechos humanos. La norma se apoya en obligaciones constitucionales e internacionales que Colombia suscribió, como las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Acuerdo de Escazú.

Dentro de las medidas principales está la creación del Comité Técnico Especializado de Derechos Humanos y Empresas: funcionará como espacio de coordinación interinstitucional e involucra a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 11 ministerios y más de 30 organismos públicos, sociales y gremiales como miembros o consultores.

Asimismo, el decreto exige que las estrategias estatales incluyan:

• Fortalecimiento de capacidades técnicas en derechos humanos y empresas.
• Establecimiento de parámetros normativos comunes para la Rama Ejecutiva.
• Desarrollo de una línea base para decisiones preventivas y reparadoras ante impactos negativos sobre los derechos humanos derivados de actividades empresariales.

La norma requiere un enfoque diferencial al considerar:

• Perspectiva de género.
• Protección de comunidades étnicas y campesinas.
• Necesidades territoriales y atención prioritaria a poblaciones en riesgo —por ejemplo, víctimas o menores de edad.

Todas estas medidas deben empezar a implementarse en un máximo de seis meses ante la adopción del plan de acción correspondiente. El ciclo de revisión y ajuste institucional será cada cinco años.

Impacto en el sector empresarial y retos de implementación

Las disposiciones del Decreto 0552 obligan a las entidades públicas involucradas a incorporar los nuevos estándares en su gestión y supervisión empresarial. Cada entidad debe conformar, dentro de un plazo máximo de tres meses tras la entrada en vigor del decreto, un grupo interno de trabajo encargado de la implementación y seguimiento.

Dichas entidades están comprometidas a presentar informes anuales sobre avances y a ajustar sus planes presupuestales según las directrices del comité especializado. Al respecto, el Gobierno argumenta que estas acciones fortalecerán la prevención, identificación y reparación de posibles violaciones de derechos humanos asociadas a actividades empresariales, al promover la transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y participación de la sociedad civil.

Por su parte, desde la óptica gremial resaltada por Jaime Cabal, el decreto genera incertidumbre y constituye “un mecanismo de presión construido sin respaldo legal ni legislativo”. Fenalco advierte que la falta de una ley que habilite estas competencias al Ejecutivo agrava la inseguridad jurídica y puede debilitar la garantía del debido proceso en Colombia.