Cristina Kirchner, un año bajo arresto domiciliario: del balcón a las visitas, las decisiones que marcaron la condena Infobae
El 17 de junio de 2025, entre las 15.05 y las 15.12, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso pusieron su firma a la resolución que dispuso la detención de Cristina Kirchner. Se concretó a partir de ese día “y bajo la modalidad de prisión domiciliaria, a los fines de cumplir la condena impuesta” en la causa Vialidad. El próximo miércoles se cumple un año desde que la ex presidenta comenzó de manera efectiva a cumplir la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta.
Entretelones de una decisión
La firma de la prisión domiciliaria y su comunicación a la distancia puso fin a una semana de zozobra judicial y mediática iniciada siete días antes, el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema dejó firme la condena y casi de inmediato el tribunal ordenó que Cristina Kirchner y el resto de los condenados se presentaran en Comodoro Py 2002 para notificarse en persona y quedar detenidos. Cada uno de ellos pasó por el sexto piso de Comodoro Py, de allí a la alcaidía de la planta baja y luego al penal de Ezeiza, salvo Lázaro Báez que ya estaba detenido en otra causa penal, la “ruta del dinero K”.
La ex mandataria había anunciado que concurriría el último día del plazo, en medio de una convocatoria de militantes para acompañarla. Por esos días en los pasillos judiciales sólo se hablaba de eso, se planificaba un fuerte operativo de seguridad y muchos barajaban la idea de optar por teletrabajo el día en que se concretara la visita de la ex presidenta para salir detenida desde Comodoro Py.
Sin embargo, en la víspera del vencimiento del plazo, los jueces resolvieron hacer lugar al pedido de su defensa y concederle el beneficio de la prisión domiciliaria. Le impusieron el uso de tobillera electrónica y un estricto régimen de visitas. Esa decisión se notificó a la distancia y dejó sin efecto la citación presencial. En muchos despachos respiraron aliviados.
Desde entonces CFK permanece detenida en el departamento del segundo piso “D” de San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde cumple la condena bajo reglas de conducta que sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy no se cansan de cuestionar en tribunales. El 19 de junio de 2025 a las 17.08 se le colocó a la ex presidenta la tobillera electrónica que desde entonces lleva puesta.
En la víspera del primer aniversario, se rechazó un nuevo planteo para liberarla de ese sistema de monitoreo y relajar su régimen de visitas. Este nuevo incidente va camino ahora a la Cámara Federal de Casación.
Balcón, visitas y terraza
A lo largo de este año, la ex presidenta salió para visitas médicas. Hubo una situación extrema a fines de 2025 cuando sufrió peritonitis y fue internada y operada de urgencia. También volvió a tribunales para su declaración indagatoria en el caso Cuadernos el 17 de marzo. Siempre tuvo autorización judicial.
La primera de las polémicas que siguió a su detención, el conflicto por las salidas al balcón de San José 1111, se zanjó dos días más tarde con una “aclaratoria” para la cuestión. La regla de conducta fijada indicaba que la condenada debía “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitante”. ¿El balcón estaba dentro o fuera de este límite al comportamiento? Fue una cuestión de debate público, como remarcó su defensa ante el Tribunal.
“A fin de despejar cualquier duda sobre el alcance de la referida norma de conducta impuesta, debemos recordar (aunque resulte ocioso) que el tribunal no ha vedado a la Sra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en principio, el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”. Y se le pidió criterio, prudencia y sentido común para “discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua” y en cuál podría perturbar la tranquilidad del barrio. Quedó resuelta la cuestión del balcón y la ex presidenta pudo desde entonces salir a saludar a sus seguidores.
El segundo foco de conflicto inmediato fueron las visitas: salvo una lista acotada y limitada a su entorno cercano, todos los demás debían pedir permiso judicial. Hacia fines de junio de 2025, había un millar de correos electrónicos con requerimientos para ver a la ex presidenta en la casilla del Tribunal Oral Federal 2. Se pusieron a disposición de la defensa para que los busque y los diligencie. También hubo en esa semana un planteo de Diputados y Senadores para visitarla sin necesidad de permiso previo, en base a sus fueros. El juez de ejecución de la condena durante 2025, Jorge Gorini, autorizó por ejemplo la vista para el 3 de julio de ese año del presidente de Brasil Lula Da Silva a San José 1111.
Los economistas
Apelaciones sin éxito mediante, los meses que siguieron fueron de relativa calma y hubo un primer informe trimestral favorable que mantuvo las reglas de conducta fijadas de manera inicial.
Hasta que, el 17 de noviembre, la ex presidenta publicó en su cuenta de la red social X la foto de una reunión con nueve economistas. Para todas las visitas se había otorgado permiso pero sin que la defensa mencionara que iban a ir a la vez.
“Esto último, sin más, convierte la reunión efectivamente realizada en un acto efectuado sin la debida autorización”, concluyó el juez Gorini: mantuvo el permiso general para ingreso sin permiso previo de allegados pero ordenó que para el resto debía pedirse desde entonces autorización individual, con motivos concretos y fecha y hora de la visita. Además se impuso una duración máxima de dos horas, hasta dos veces por semana y no más de tres personas en cada ocasión. La defensa apeló pero los recursos no prosperaron. A este cuadro se agregó el 17 de diciembre pasado el permiso para subir a la terraza del edificio dos horas por día. Bajo estas reglas sigue detenida en la actualidad la ex presidenta.
