Se cierra la pinza, Corte corrige reforma judicial a Guanajuato Periódico Correo

1.- Se cierra la pinza, Corte corrige reforma judicial a Guanajuato

El Congreso de Guanajuato se dio por enterado de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tumbó varios de los ajustes en la armonización de la reforma judicial local.

Las modificaciones fueron impulsadas desde la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por Juan Carlos Romero Hicks. Algunas parecían intentos por reforzar filtros para la selección y evaluación de personas juzgadoras. Pero la Corte concluyó que el Congreso estatal había ido más allá del margen que tenía para la armonización.

La decisión viene de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por diputados locales de Morena. La presentada por la CNDH fue desechada. El proyecto aprobado el pasado 1 de junio fue elaborado por la ministra María Estela Ríos González.

Entre los cambios invalidados está el retiro obligatorio de jueces al cumplir 75 años, una medida considerada contraria a los principios de igualdad y no discriminación. También quedó fuera el requisito de haber residido en Guanajuato durante los cinco años previos a la convocatoria; la Constitución solo exige residencia en el país durante el año anterior.

La Corte también eliminó la posibilidad de que el Supremo Tribunal de Justicia revisara en segunda instancia las resoluciones del Tribunal de Disciplina Judicial. Aunque el esquema parecía ofrecer una vía adicional de defensa para los juzgadores, prevaleció el diseño federal: resoluciones definitivas e inapelables. Una especie de Santa Inquisición Judicial con facultades intactas.

Tampoco sobrevivieron otros ajustes, como ampliar a tres años la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial y se queda en dos. No se permitirán licencias de hasta seis meses para personas juzgadoras y el plazo máximo es de un mes y la idea de someterlas a evaluaciones adicionales o constantes de conocimientos, también quedó fuera.

Al final, la reforma judicial de Guanajuato queda prácticamente alineada con la federal. El Congreso intentó estirar la liga para imprimirle algunos matices propios. No había mucho margen para jalarla, como ya dejó clara la resolución de la Corte.

2.- Mundial en Guanajuato: la convocatoria, el ausentismo y los diputados sonrientes

Las tres transmisiones organizadas por la Secretaría de Turismo e Identidad, encabezada por Guadalupe Robles León, resultaron exitosas. En León la asistencia superó las 2 mil 500 personas; en Dolores Hidalgo se registró la mayor afluencia, con más de 3 mil asistentes; y en Yuriria, donde el espacio era más reducido, Protección Civil reportó alrededor de 500 personas.

Eso sí, las restricciones impuestas por la FIFA no dejaron de llamar la atención. Durante las proyecciones no podía emitirse ningún mensaje político o publicitario y, para evitar cualquier infracción, hasta las etiquetas de las botellas de agua fueron retiradas; además de otros filtros que ya se advertían por el control quirúrgico bajo las disposiciones de la organización internacional.

El ambiente mundialista también se reflejó en las escuelas. De acuerdo con reportes preliminares de las Delegaciones Regionales de la Secretaría de Educación de Guanajuato, la asistencia fluctuó entre el 40 y el 90 por ciento durante el turno matutino. En León el promedio fue de apenas 60 por ciento.

Al final, el gobierno estatal mantuvo las clases pese a los reclamos de un sector del magisterio, que durante varios días presionó para que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo decretara la suspensión. Incluso se impulsó una campaña digital para aumentar la presión. Sin embargo, un cambio de postura habría resultado contradictorio después de que la administración estatal rechazó adelantar el cierre del ciclo escolar. La decisión terminó recayendo en los padres de familia: enviar o no a sus hijos a las aulas.

La alegría del fútbol también llegó al Congreso del Estado. Diputados que hace apenas unas semanas intercambiaban acusaciones de “vendepatrias” y “narcopartido” posaron ahora sonrientes con la playera de la Selección Mexicana. La sesión ordinaria duró menos de una hora y, concluido el trámite, el Poder Legislativo prácticamente bajó la cortina y se tomaron el día. No hubo más actividades. Una chamba de esas.

3.- Escala batalla por transporte público en la capital

El conflicto entre el gobierno de Samantha Smith Gutiérrez y los concesionarios del transporte público sigue escalando. La alcaldesa ha dejado claro que no piensa retroceder en, ahora sí, aplicar el reglamento y retirar las unidades que incumplen con las condiciones para prestar el servicio. En el fondo, tiene razón: durante años los concesionarios han operado con unidades que distan mucho de ofrecer un servicio digno y poca importancia le han dado a mejorarlo.

Sin embargo, el problema está dejando de ser únicamente un asunto de reglamentos y concesiones. Comienza a tomar forma de conflicto social, uno que la presidenta tendrá que calcular cada vez mejor.

Durante la última sesión de Ayuntamiento se manifestaron choferes que aseguran haber perdido su fuente de ingresos tras la salida de circulación de varias unidades. La respuesta de la alcaldesa fue afirmar que la protesta fue orquestada. Sería ingenuo pensar que los concesionarios no están defendiendo sus intereses, como ya lo hacen con los recursos legales para frenar la renovación de concesiones, aunque no muestren el mismo empeño para mejorar el servicio que prestan.

Pero también sería un error asumir que todos los inconformes son simples instrumentos. La decisión del gobierno municipal de confrontar a los concesionarios necesariamente tendría repercusiones en los trabajadores. No es una responsabilidad directa de la administración, pero sí una consecuencia previsible de la disputa.

El conflicto se veía venir. También lo era que la oposición lo convirtiera en bandera política y ahora cuestiona que no se les informó sobre la entrega de permisos temporales para cubrir las rutas afectadas. Un reclamo que luce más encaminado al rédito político que a mejorar el servicio. En todo caso, la transparencia siempre será lo ideal.

El gobierno capitalino tiene una oportunidad real para transformar el transporte público. Samantha Smith ha decidido avanzar, aun a costa de abrir nuevos frentes de conflicto. El riesgo es que, entre la resistencia de los concesionarios, una posición de confrontación, las protestas de los afectados y las disputas políticas en el cabildo, la discusión termine concentrada en quién gana la batalla política y no en la mejora real del servicio para los capitalinos.

Contra Retrato

Juan Miguel Ramírez Sánchez

En el municipio de Celaya finalmente sí se transmitió el partido inaugural de la Selección Mexicana en el Mundial de Futbol, aunque sin licencia. Desde días antes, el presidente municipal aseguró que avanzaban las negociaciones para obtener los derechos de transmisión. Sin embargo, al final se optó por proyectar la señal de TV Azteca, supuestamente por la preferencia expresada en una encuesta ciudadana. Aunque, en realidad, la televisora es lo de menos.

El asunto de fondo es que el Ayuntamiento ya había avalado la compra de pantallas por más de 700 mil pesos sin tener certeza sobre la licencia para realizar las transmisiones. Y la licencia solo la otorgan los distribuidores autorizados por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), que ha convertido el Mundial en un negocio tan rentable como restrictivo. Los altos costos, las limitaciones impuestas y los temores de sanciones han sido motivo de discusión pública desde hace semanas.

En el caso de Celaya, el punto de conflicto es que el propio alcalde reconoce que se diseñó una especie de estrategia para evitar el pago de derechos. Pero la interrogante es: el hecho de que la televisora haya pagado los derechos de transmisión y esta señal sea pública, ¿habilita automáticamente a cualquier tercero a reproducir esa señal ante cientos de personas sin una licencia?

Con la transmisión ya realizada y con las explicaciones ofrecidas por el alcalde, la impresión que queda es que Juan Miguel Ramírez Sánchez decidió irse por la libre. Si su interpretación es correcta, no habrá consecuencias. Si no lo es, el “ahorro” de una licencia podría terminar convirtiéndose en un problema mucho más costoso para las finanzas municipales. Otra posible consecuencia de la improvisación del edil.