Ensayo rebelde El Financiero
Todo apunta a que, finalmente, el gobierno federal encontró la punta de la madeja para resolver la tensión que la coordinadora magisterial, la CNTE, creó en la Ciudad de México en vísperas de la inauguración del Mundial de Futbol. Dos hechos lo explican: la detección de 59 petardos que transportaba una célula radical dentro del Comité Estudiantil de la Escuela Normal en Ayotzinapa, y el matiz en el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la violencia en las movilizaciones de los maestros, al dejar de hablar únicamente de la “ultraderecha” como única responsable, sumando a la “ultraizquierda”, y afirmando sin pruebas, pero también sin dudas, que “los extremos se juntan”.
Desde que regresó la CNTE a la capital federal a finales de mayo, su estrategia fue elevar los costos al gobierno mediante amagos de un sabotaje al Mundial, por lo cual alteraron su viejo calendario de movilización, presión y negociación, para ajustarlo a los tiempos de la fiesta futbolera. La violencia en la Ciudad de México fue acompañada por las disidencias magisteriales en Oaxaca y Guerrero, que lograron que los medios internacionales proyectaran lo que la presidenta dio acuse de recibo ayer: caos e ingobernabilidad.
Pero detrás de la disidencia magisterial, expuesta sutilmente por el gobierno federal, operó el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que aprovechó las condiciones de un mal manejo político para resolver la crisis con la CNTE, e intentar un foco insurreccional durante la jornada de lucha anunciada en el marco del contexto del Mundial, que tuviera como objetivo “que se visibilice la situación de los trabajadores de México a nivel internacional”, como expusieron en la edición de junio de su periódico El Insurgente (https://shorturl.at/eo3Sv).
La CNTE, que es un grupo de presión, también es parte de un amplio frente de masas ligado al EPR, un grupo armado que fue reducido en los primeros 15 años del siglo, pero que no ha claudicado ni dejado de pugnar por las condiciones de un cambio de régimen. Representan el ala dura radical de una izquierda que considera que los gobiernos de la ‘4T’, con Sheinbaum o Andrés Manuel López Obrador, son “juntas administrativas”, con un carácter capitalista y burgués, como reiteraron en El Insurgente.
En la misma edición publicaron un largo ensayo de apoyo a la CNTE en su reclamo de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, a la que se opone el gobierno, mostrando “cómo la administración actual se aferra a la defensa del interés de los monopolios, en este caso de la firma Black Rock, quien controla gran parte de los fondos de pensión de los trabajadores de la educación. Un fondo financiero de inversión que concentra el capital monopolista transnacional que está ligado a la junta administrativa actual y particularmente a la formación académica y la carrera política de la mandataria federal”.
La CNTE nació en Chiapas, pero Oaxaca, donde se encuentra la Sección 22, es donde late su corazón insurreccional. Históricamente, los liderazgos de la 22 han estado orgánicamente ligados al EPR, que la maneja como su frente de masas, cuya estrategia táctica es ampliar sus bases de apoyo y forjar alianzas en el mundo de las instituciones. El EPR tiene también un pie en la normal en Ayotzinapa, particularmente en los comités vinculados con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, que se sumaron desde el lunes a las movilizaciones en la capital federal.
El EPR no es el único que tiene un pie plantado en la normal “Isidro Burgos”. En el apartado 9 de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la desaparición de los estudiantes –junto al caso Colosio, quizás la mejor y más profunda investigación sobre un crimen en México–, se documentó la infiltración de la normal, además del EPR, del más militarista Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una escisión del primero con vasos comunicantes con el crimen organizado en Guerrero; grupos delincuenciales como Los Ardillos, la fuerza oscura dominante en ese estado; el Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia.
De acuerdo con el comunicado oficial sobre el aseguramiento de los 59 petardos, fue resultado de una denuncia “anónima”, que ocultó que se debió a un trabajo coordinado de las áreas de inteligencia del Estado mexicano este lunes. El cruce de información de inteligencia permitió saber que esos petardos eran parte de un millar que pensaban utilizar en estos días.
La parte civil había fracasado en entender el problema con la CNTE, pero al entrar las áreas de inteligencia coordinadamente, se fue cuadrando la información, como el hecho de que los grupos armados y su frente de masas tiene bodegas en la Ciudad de México donde almacenan los pertrechos que utilizan el los tramos radicales de sus movilizaciones. De ahí surgieron las detenciones de Jesús García Estrada, El Colmillo, señalado en los informes de inteligencia como presidente del Comité de Lucha en Ayotzinapa, y responsable de coordinar la logística y distribución de los explosivos, y de Juan Miguel Hernández Carbajal, El Mamado, que armó “los otros desaparecidos de Ayotzinapa”, tras separarse de los dos grupos en los que se encuentran divididos los padres de los 43 normalistas.
El EPR tiene su centro de pensamiento estratégico en la Universidad de la Costa, una universidad pública en Pinotepa Nacional, y aunque no está orgánicamente vinculada con la guerrilla, actúan en esa región donde los movimientos sociales luchan contra las desapariciones forzadas realizadas por los gobiernos de Morena, que es otra de las denuncias recurrentes de la organización armada. También, junto con el ERPI, tiene lazos históricos con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero –siempre la ha negado–, que está afiliada a la CNTE.
No hay evidencias de que el EPR pretendiera brotes de violencia armada en la Ciudad de México, sino utilizar la vitrina de la movilización para denunciar algo que está sucediendo ante nuestros ojos donde el país no está reparando: el fortalecimiento de leyes que pretenden mayor control social, como la cédula de identidad con datos biométricos, y el registro obligatorio de celulares, junto con la criminalización de la lucha popular, “que facilite una respuesta represiva”. Esta, pese a las presiones de un sector duro en la ‘4T’, no se dio pese a las provocaciones, como observó la presidenta, que pudo haber ya encontrado los resortes para acabar con esta crisis.
