Ignoran advertencia y estalla crisis en Va y Ven Sol Yucatán
Redacción/Sol Yucatán
Lo que hace apenas unos días era una advertencia de los concesionarios del transporte público, hoy se ha convertido en una realidad que afecta a miles de usuarios en Mérida.
La crisis financiera del sistema Va y Ven alcanzó un punto crítico luego de que empresarios transportistas denunciaran adeudos superiores a los 180 millones de pesos por parte de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY). En aquel momento, representantes de al menos 14 empresas acudieron al Palacio de Gobierno para solicitar una intervención urgente y advirtieron que, de no obtener una respuesta, se verían obligados a reducir o incluso suspender operaciones.
Durante esa reunión, los concesionarios fueron recibidos por el subsecretario general de Gobierno, Pablo Castro Alcocer, quien se comprometió a plantear la problemática al gobernador Joaquín Díaz Mena y aseguró que habría una respuesta a sus demandas.
Sin embargo, los empresarios afirman que esa respuesta nunca llegó.
Ante la falta de acuerdos y recursos, este martes los concesionarios decidieron reducir al 50% la operación de las unidades del sistema Va y Ven en Mérida, provocando largas filas, retrasos y complicaciones para miles de usuarios que dependen diariamente del transporte público.
David Quintal Medina, presidente de Circuito Metropolitano, ya había advertido que la falta de pagos estaba llevando a las empresas al límite. Según explicó, los adeudos se arrastran desde la primera quincena de abril y han generado problemas para cubrir combustible, mantenimiento y otros gastos operativos indispensables para mantener el servicio.
Los transportistas habían solicitado al menos 45 millones de pesos de manera inmediata para evitar afectaciones a la operación mientras se resolvía el problema de fondo. No obstante, al no concretarse una solución, la amenaza terminó materializándose.
La situación también ha reavivado los cuestionamientos sobre la viabilidad financiera del modelo Va y Ven. Lo que fue presentado como uno de los proyectos insignia para modernizar el transporte público en Yucatán enfrenta ahora una de sus pruebas más difíciles, con empresarios denunciando insolvencia y usuarios pagando las consecuencias de un conflicto que sigue sin resolverse.
Mientras las autoridades no anuncian una estrategia clara para atender el problema, crece la incertidumbre sobre el futuro inmediato del sistema y sobre la posibilidad de que las afectaciones aumenten si continúan los adeudos reclamados por los concesionarios.
Por ahora, miles de pasajeros enfrentan una realidad que los empresarios habían advertido con anticipación: un servicio reducido y una crisis que, aseguran, pudo evitarse si se hubiera atendido a tiempo.
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