El deterioro de la cooperación en Extremadura y sus consecuencias El Congresista
La reciente propuesta del presupuesto de Extremadura para 2026 marca un cambio drástico en la política de cooperación. Se destinará apenas el 0.03 % del presupuesto autonomico y solo el 0.01 % a la cooperación efectiva. Este recorte no solo es un problema monetario, sino un reflejo de una renuncia a un legado de cooperación que ha sido parte integral de la identidad democrática de la región.
Desde que el Partido Popular asumió el gobierno, la cooperación en Extremadura ha sido severamente afectada. En 2024, se aplicó un recorte del 26 %, seguido de una reducción del 87 % en programas de Educación para la Ciudadanía Global en 2025. El cierre inminente de esta política pública, que históricamente ha apoyado la proyección de la región, indica una tendencia preocupante en cuanto al compromiso con las políticas sociales.
Este contexto demuestra que la erosión de la cooperación no es simplemente un ajuste más en el presupuesto. Se trata de una decisión política que desestima el valor de las políticas sociales, adoptando una narrativa que etiqueta la cooperación como un gasto ideológico. Este cambio de enfoque sugiere que el Partido Popular se aleja de sus raíces y de un consenso que, durante años, abogó por la cohesión social y la estabilidad democrática.
Además, el debate sobre la cooperación es un síntoma de un problema mayor. Cuando una sociedad empieza a deslegitimar políticas que no generan beneficios inmediatos, se corre el riesgo de menospreciar derechos fundamentales como la igualdad y el acceso a servicios públicos. En lugar de buscar soluciones efectivas a los problemas estructurales, se busca un chivo expiatorio en la cooperación, que se convierte en un blanco fácil y simbólico.
Es crucial entender que mientras Extremadura enfrenta retos significativos, como la precariedad y la despoblación, desmantelar la cooperación no resolverá estas problemáticas. La historia ha demostrado que los ataques a la solidaridad terminan afectando a todos los estratos sociales de la región. La defensa de los derechos humanos y políticas sociales no es negociable y se debe generar un replanteamiento sobre la importancia de la cooperación en el desarrollo local.
Con información de eldiario.es
