A un mes de la acusación, qué fue de los 10 funcionarios de Sinaloa señalados por EEUU de proteger a Los Chapitos Infobae
Un mes después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara una acusación formal radicada en Nueva York contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, los imputados han tomado caminos distintos. Algunos comparecieron ante la Fiscalía General de la República (FGR), otros solicitaron licencias, uno ya está detenido en Brooklyn y tres permanecen sin paradero conocido.
El expediente, hecho público el 29 de abril, señala al gobernador Rubén Rocha Moya y a nueve colaboradores por presuntamente haber protegido al Cártel de Sinaloa —específicamente a la facción conocida como Los Chapitos— a cambio de sobornos millonarios, información sobre operativos policiales y favores electorales.
Rocha Moya: licencia y comparecencia ante la FGR
El gobernador solicitó una licencia temporal de su cargo para, según sus propias palabras, facilitar las investigaciones que la FGR abrió a raíz del caso. Su paradero fue una incógnita durante semanas.
El 26 de mayo, Rocha Moya afirmó haber comparecido ante la fiscalía en Culiacán. “Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, escribió en su cuenta de X.
La acusación lo señala de haber prometido a los líderes del cártel, antes de su elección, que nombraría funcionarios afines al tráfico de drogas y garantizaría impunidad a sus operaciones.
El senador Inzunza: 23 días de ausencia legislativa
Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena y exsecretario general de gobierno de Sinaloa, se ausentó de sus labores legislativas durante 23 días tras la revelación del expediente. El 22 de mayo circuló en redes sociales una fotografía que lo mostraba reunido con el también senador de Morena Javier Corral Jurado en el Country Club de Culiacán.
El 28 de mayo solicitó una licencia temporal al Senado. El coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, explicó que la medida buscaba evitar que su presencia distrajera los debates legislativos.
La acusación estadounidense lo ubica como vínculo entre la administración estatal y Los Chapitos, con quienes habría pactado protección institucional a cambio de favores políticos.
Dámaso Castro Zaavedra: el vicefiscal que declaró su inocencia
El vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, pidió licencia de su cargo casi una semana después de que se publicara el expediente. El documento lo acusa de haber recibido pagos mensuales de aproximadamente 11 mil dólares para alertar al cártel sobre operativos contra sus laboratorios y permitir la destrucción o traslado de pruebas antes de los allanamientos.
El 26 de mayo acudió a la sede de la FGR en Culiacán. Antes de ingresar al inmueble, declaró ante los medios de comunicación que era inocente.
Marco Antonio Almanza: sin testigo protegido
El exjefe de la Policía de Investigación (PDI), Marco Antonio Almanza Avilés, también compareció ante la FGR en Culiacán el 26 de mayo. A las afueras del edificio, afirmó que “no serviría ni de testigo protegido ni testigo colaborador, porque yo nunca he pertenecido a un grupo delictivo”.
La acusación lo señala, junto a su sucesor en el cargo, de haber recibido sobornos de 16 mil dólares mensuales para permitir la libre operación del cártel y la liberación de sus integrantes detenidos.
Juan de Dios Gámez Mendívil: el alcalde que no habló con la prensa
El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó licencia de sus funciones poco después de que el Departamento de Justicia publicara el expediente. Según la acusación, recibía más de 10 mil dólares mensuales en efectivo para garantizar que el grupo criminal operara sin interferencia gubernamental.
El 26 de mayo acudió a la FGR en Culiacán, según información del periodista Amílcar Salazar de Milenio, pero se negó a dar declaraciones a la prensa.
Gerardo Mérida: el primero en entregarse a Estados Unidos
Gerardo Mérida Sánchez, quien dirigió la Secretaría de Seguridad Pública estatal entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, se convirtió en el primero de los acusados en quedar bajo custodia estadounidense. El 11 de mayo cruzó por su propio pie la garita de Nogales, Sonora, y se entregó a las autoridades del país vecino.
Tras su entrega, las autoridades lo trasladaron al Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, Nueva York, la misma prisión donde se encuentran Ismael El Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero. La acusación lo señala de haber filtrado información anticipada sobre redadas para que los narcotraficantes movieran droga y equipo antes de los operativos.
Enrique Díaz Vega: localizado en Europa, sin registro de detención
El exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega fue ubicado en Europa según fuentes de seguridad citadas por el periodista Ángel Hernández de Milenio el 15 de mayo. Las mismas fuentes indicaron que se encontraba bajo resguardo de autoridades, aunque en los días posteriores no hubo ninguna actualización oficial sobre su situación.
Los registros de los tribunales del Distrito Sur de Nueva York no muestran constancia de que se haya ejecutado una orden de arresto en su contra. Las autoridades de esa corte precisaron que la ausencia del registro significa que el exfuncionario no se encuentra detenido en territorio estadounidense, al menos no por este caso.
La acusación lo describe como enlace entre los líderes del cártel y el gobernador, y lo señala de haber entregado información sobre rivales políticos para que fueran presionados o retirados de contiendas electorales.
Tres exmandos policiacos sin paradero conocido
Alberto Jorge Contreras Núñez, conocido como El Cholo y sucesor de Almanza en la dirección de la PDI hasta febrero de 2026, no ha dado señales públicas de su ubicación desde que se publicó el expediente. La acusación lo señala de haber ordenado la liberación de integrantes del Cártel de Sinaloa y de recibir los mismos 16 mil dólares mensuales que su antecesor.
José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, fue subdirector de la Policía Estatal y, según la acusación, recibía hasta USD 6.000 mensuales para permitir la operación de Los Chapitos, ubicar agentes leales en posiciones estratégicas y vender munición a la organización. Su paradero tampoco se ha confirmado.
El tercer exmando sin localizar es Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán. Su caso es el más grave del grupo: además de los cargos por narcotráfico y posesión de armas de fuego, la acusación lo señala de haber participado en el secuestro y asesinato de un informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
