A pocas horas del debate presidencial peruano, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, suscribió un documento denominado “Compromiso por el Perú” junto a representantes de organizaciones sociales y políticas en una conferencia durante el sábado 30 de mayo, un día antes del debate presidencial.
Cabe destacar que, el líder de Juntos Por el Perú, había dicho a toda su militancia y a todos los que dieron su voto por él en la primera vuelta que: “No firmaré ninguna hoja de ruta como sí lo hizo Ollanta Humala porque creo firmemente en que el plan de gobierno no amerita ello y mucho menos las ilusiones de todos nuestros hermanos peruanos que creen en el cambio”.
El acuerdo, que consta de diez puntos, fue presentado como un intento de restituir el equilibrio de poderes, derogar leyes catalogadas como procrimen y marcar una hoja de ruta para una coalición democrática. Sánchez vinculó la viabilidad del compromiso a la aritmética parlamentaria, señalando que “con 14 senadores y 32 diputados no vamos ni a la esquina”. El postulante sostuvo que la única alternativa real es una coalición amplia en el Congreso.

Durante el acto, Roberto Sánchez remarcó que el texto recoge principios coincidentes con su programa, como la defensa de la democracia y los derechos humanos. “Ni soy terrorista, ni voy a estatizar ni expropiar nada”, afirmó el candidato, desmarcándose de acusaciones lanzadas por sus adversarios. El político caracterizó el acuerdo como “la ruta popular, la ruta de acuerdos, la ruta de trabajo”, diferenciándolo de la denominada hoja de ruta de 2011, y recalcó: “Yo voy a cumplir, lo he suscrito” haciendo alusión que Ollanta Humala en su gestión de 2011 – 2016 no lo habría concretado.
El evento contó con la presencia de figuras como Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación, y Ricardo Belmont, quienes, según Sánchez, forman parte del esfuerzo de convergencia partidaria. El documento compromete a sus firmantes a impulsar la derogación del “pacto de leyes criminales” y a fortalecer la lucha por la seguridad ciudadana, la vida y la integridad institucional. El propio Sánchez respondió a cuestionamientos sobre la coherencia entre el acuerdo y las recientes propuestas de su equipo técnico, asegurando que los principios firmados constituyen “grandes prioridades”.

En los días previos, representantes técnicos de Juntos por el Perú habían anunciado iniciativas como “Mi primera Chamba” y “Casa Futuro”, en un intento por ampliar la oferta programática. Sánchez explicó que este ensanchamiento responde a la necesidad de sumar apoyos y construir un nuevo consenso en el Legislativo. Según su interpretación, la ruta de alianzas busca consolidar una mayoría parlamentaria capaz de sostener la gobernabilidad.
La firma del compromiso fue presentada como “un nuevo comienzo” y una “inmensa oportunidad” para el país. Sánchez enfatizó el carácter colectivo de la propuesta y destacó la inclusión de temas como la recuperación de la estabilidad democrática y la lucha contra la corrupción.

Simultáneamente, la candidatura de Roberto Sánchez quedó bajo presión por presuntos vínculos con la minería informal. La polémica se reactivó tras la difusión de una imagen en la que el aspirante aparece junto a Magno Ismael Palomino Garamendi, coordinador nacional de la Confemín (Confederación Nacional de Mineros), un gremio relacionado con actividades mineras informales. El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, afirmó que esos sectores ya habían logrado influir en el Congreso y el Ejecutivo durante el gobierno de Pedro Castillo, y advirtió que ahora buscarían repetir esa estrategia apoyando a Sánchez.
Herrera Descalzi sostuvo que, durante la gestión de Castillo, los grupos vinculados a la minería informal “ganaron las elecciones” y lograron una presencia incluso “a nivel de presidente de la República”. El exfuncionario alertó sobre la posibilidad de que ese escenario vuelva a producirse, con efectos sobre la legalidad y la institucionalidad.
El debate sobre la minería informal cobró fuerza al revelarse que Roberto Sánchez, como congresista, votó a favor de prolongar el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) hasta el 31 de diciembre de 2025. El registro de la votación, fechado el jueves 4 de diciembre de 2025, fue citado en medio de protestas de miembros de la Confemín frente al Congreso para exigir la extensión del régimen. Sánchez respaldó públicamente esa posición, lo que generó cuestionamientos de sectores críticos.

El exviceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio, advirtió sobre los riesgos asociados al mantenimiento del REINFO. Según su análisis, “el REINFO se utiliza como un salvoconducto para cubrir actividades ilegales” y debería ser eliminado. Gamio enumeró consecuencias como trata de personas, evasión tributaria, daño ambiental y pérdida de ingresos para las regiones por la ausencia de canon. “Es una cadena de problemas porque están fuera de la ley. El problema es la minería ilegal”, declaró el exviceministro en declaraciones a 24 Horas Central.

La firma del “Compromiso por el Perú” y la polémica en torno a la minería informal sitúan a Roberto Sánchez en el centro de las miradas a pocas horas del debate presidencial. La jornada refleja la complejidad política que atraviesa el país y anticipa un escenario de alta tensión en la recta final de la campaña.
El debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez fue anunciado para el domingo a las 20:00. Las expectativas son altas, ya que se trata de una instancia considerada decisiva para persuadir a los votantes indecisos. El evento podría definir el destino de la contienda electoral.
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