El cuco de los corruptos: blockchain Infobae
¿Por qué puedo trackear desde el celular un paquete de tres mil pesos, pero no puedo trackear una licitación pública de tres mil millones?
Parece ridículo enunciarlo así, y seguramente la máquina de impedir que habita la administración pública va a enumerar un montón de motivos por los que no se puede. La realidad es que no se quiere.
Estamos viviendo el mayor cambio tecnológico de la historia y el Estado argentino se sigue pensando como en 1950. Mercado Libre, Globant y Ualá compiten en mercados globales con tecnología de punta. Cualquier vecino puede trackear un paquete de tres mil pesos desde el celular, segundo a segundo. El Estado, mientras tanto, sigue en modo Windows 95.
¿Por qué puedo trackear un paquete pero no puedo trackear una licitación pública? No hay una buena respuesta. Hay decisiones que no se tomaron.
En Corea del Sur, distintos distritos implementaron blockchain para registrar las evaluaciones de propuestas en licitaciones públicas. Los puntajes quedan grabados de forma inmutable: no los toca nadie, ni el funcionario más poderoso. En Estonia, casi todo el Estado funciona sobre arquitecturas digitales verificables, desde la salud hasta los impuestos. En los Emiratos Árabes Unidos el gobierno está ejecutando un plan para usar agentes de inteligencia artificial y reducir un 50% del personal estatal, brindando los mismos servicios o mejores.
Nosotros, mientras tanto, seguimos hablando de “digitalizar procesos” como si fuera una conquista épica.
¿Blockchain para licitaciones públicas?
Antes de avanzar, vale la pena decir en una línea de qué hablamos cuando hablamos de blockchain. Es, básicamente, una base de datos con dos propiedades que la hacen distinta a cualquier otra. La primera es que está descentralizada: no vive en un único servidor que controle un funcionario, una empresa o un gobierno, sino que está replicada en muchas computadoras al mismo tiempo. La segunda es que es inmutable: lo que se escribe ahí queda escrito para siempre. Si alguien intenta modificar un registro, la propia red lo detecta y lo rechaza. Es la tecnología detrás de Bitcoin, sí, pero sus usos son muchísimo más amplios y mucho más interesantes: contratos, historias clínicas, certificaciones académicas, registros de propiedad y —lo que nos interesa acá— procesos de compras y contrataciones públicas.
El proyecto de ley que presenté en la Legislatura porteña propone implementar esta tecnología en todos los procesos de compras y contrataciones del sector público de la Ciudad: administración central, organismos descentralizados, empresas del Estado, la propia Legislatura. ¿Qué significa esto en castellano? Que cada paso de cada licitación quede registrado en una base de datos descentralizada e inalterable. El pliego original, las ofertas que se presentaron, los puntajes con que se evaluó cada una, la adjudicación final. Nadie puede borrar nada. Nadie puede modificar nada. Y cualquier vecino lo puede auditar, cuando quiera, desde el celular.
El proyecto también contempla que blockchain pueda complementarse con otras tecnologías, como inteligencia artificial, siempre que sumen a los mismos objetivos de eficiencia y transparencia.
Acá no estamos hablando solo de transparencia. Estamos hablando de la plata de los porteños. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, Mejor gasto para mejores vidas, midió el costo de la ineficiencia técnica del sector público en América Latina: en Argentina equivale al 7,2% del PBI, contra un promedio regional de 4,4%. Somos campeones de la región en tirar plata pública por la ventana. Y entre los tres rubros donde el BID identifica que se concentra esa ineficiencia, uno es justamente el de las compras públicas.
La única vía sustentable para bajar impuestos es tener un Estado más eficiente. La única vía para tener un Estado más eficiente es incorporar tecnología. Y la tecnología que mejor combate la principal fuga de recursos del Estado argentino —la opacidad en las compras y contrataciones— es blockchain.
Llevamos 40 años prometiendo transparencia. Es hora de programarla.
Cada peso que se desvía en una contratación turbia es un peso que sale del bolsillo de un contribuyente. Cada licitación dirigida es un servicio público peor, o un impuesto más alto. No es una discusión moral. Es una discusión de arquitectura: hay que diseñar sistemas donde robar sea técnicamente mucho más difícil, y donde la auditoría no dependa del humor del funcionario de turno.
Este es el primero de una serie de proyectos que voy a impulsar con un objetivo claro: empezar a construir un Estado del siglo XXI. Un Estado al que no haya que pedirle confianza ciega, porque lo podamos verificar.
Alan Turing y el equipo de Bletchley Park usaron la criptografía para descifrar el código Enigma y ayudaron a ganar la Segunda Guerra Mundial: rompieron un cifrado para revelar lo que el enemigo escondía. Hoy podemos usar la misma disciplina para ganar la guerra contra la corrupción.
